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Hace diez años, el domingo 25 de septiembre de 2011, la octava marcha indígena fue reprimida en la localidad beniana de Chaparina por orden del gobierno. El país se puso del lado de las víctimas de la brutal agresión policial y el ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti, salvó su responsabilidad con la frase: “Se rompió la cadena de mando”.
Tiempo después Llorenti renunció ante el cuestionamiento generalizado, pero no fue incluido en el proceso penal que se inició entonces y fue premiado por Evo Morales con el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Los que tuvieron que enfrentar a la justicia fueron generales y coroneles de la Policía que estuvieron a cargo del operativo policial en el terreno.
No era la primera vez que un Ministro del Interior o Ministro de Gobierno salía indemne de decisiones políticas operadas por la Policía. Ocurrió en la etapa de los denominados gobiernos neoliberales y por supuesto sucedió en el largo régimen de Evo Morales. Daban o transmitían órdenes abiertamente represivas, pero siempre terminaban ilesos.
Con la promulgación de la Ley de Ascensos en la Policía, que coloca al Ministro de Gobierno la cabeza del Alto Mando policial, esa autoridad también asume responsabilidad operativa en las decisiones y acciones que lleven a cabo los policías. Se trata en los hechos de una nueva cadena de mando que transforma a la máxima autoridad del Ministerio de Gobierno en el primer eslabón del encadenamiento institucional.
Seguramente Eduardo del Castillo y los asesores que colaboraron en la construcción de la Ley de Ascensos en la Policía estaban conscientes de que prácticamente ya no habrá división de responsabilidades entre el civil y los policías y que estos últimos dejarán de ser quienes enfrenten solos los juicios penales por decisiones tomadas en los altos niveles de la administración del Estado.
Este Ministro de Gobierno y los que vengan tendrán mando pero no grado en la institución policial y eso también los convertirá en responsables directos de los resultados de los denominados planes de operaciones que se elaboran y ejecutan de manera permanente contra el crimen organizado, mafias del narcotráfico y revueltas sociales, entre otras contingencias.
Por estos días, una nueva marcha de pueblos indígenas de tierras bajas se dirige del Beni hacia Santa Cruz en contra de los avasallamientos de tierras en la región oriental del país. Como ocurrió en la octava marcha, en la de 2011 que finalmente llegó a La Paz en medio de la solidaridad de la gente, varones, mujeres (algunas con sus niños) y ancianos caminan enfrentando los rigores del clima exigiendo que se respete sus territorios y su derecho de autogobierno.
En caso de que la administración de Luis Arce tuviese la pésima idea de intervenir la nueva marcha indígena con una descabellada acción de represión policial, cualquier consecuencia indeseada ya no podrá ser eludida por el Ministro de Gobierno con la frase de Llorenti de que “se rompió la cadena de mando”. De aquí en adelante, el civil y los policías compartirán la responsabilidad operativa de las decisiones políticas e institucionales.
