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Su pusilanimidad ha colocado al gobierno de Luis Arce al medio de una tenaza cuyos brazos metálicos aprietan con fuerza esperando que haga lo que buscan cada uno de ellos. En un extremo está el masismo radical y en el otro los sectores de oposición envalentonados. Está acorralado por dos fuerzas que pretenden imponerse a su costa.
Iniciado el paro indefinido, el gobierno se movió bajo el influjo de la radicalidad masista haciendo que la Policía reprima sin piedad, se ataque a puntos de bloqueo con encapuchados en camionetas oficiales y se descargue una andanada de duras acusaciones contra los sectores que emprendieron las jornadas de protesta.
Sin medir las consecuencias, confiado en la experiencia ganada por el masismo radical en batallas contra el supuesto separatismo y otros intentos desestabilizadores, incluido el cuento del supuesto golpe de Estado, arremetió duramente contra los movilizados, pero al final tuvo que retroceder anunciando la abrogación de la Ley 1386.
El otro brazo metálico de la tenaza, que ganó fortaleza en los últimos días a base de persistencia, comenzó a apretar manteniendo el paro multisectorial indefinido, buscando no solamente la abrogación de la “ley madre”, sino del paquete de normas antipopulares y la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa.
De nada había servido anunciar la abrogación de la cuestionada ley persecutoria bajo la excusa de la lucha contra las ganancias ilícitas. La situación de arrinconamiento de la administración de Arce pretende ser sorteada apurando lo que más se pueda la aprobación, sanción y promulgación de la ley abrogatoria.
Al masismo radical no le preocupa entregar la Ley 1386 abrogada porque eso conlleva, desde su perspectiva, un debilitamiento del movimiento opositor y una vez que los sectores movilizados retomen sus actividades normales, tratando de recuperar el tiempo dedicado a la lucha en las calles, el brazo azul presionará buscando un ajuste de cuentas.
Ajuste que puede comenzar en lo interno copando más espacios en el gabinete de Arce, bajo la premisa de que sus actuales colaboradores, al menos algunos de ellos, no están preparados para la batalla final por la perpetuación en el poder. Las acciones venideras dirán si esos cambios se producirán a la brevedad.
Ajuste que también puede incluir una sañuda acción de persecución política contra quienes desafiaron la visión hegemónica y autoritaria del masismo, aprovechando la falta de personalidad del gobierno en las últimas batallas como la fracasada toma de Adepcoca para someter a los cocaleros de los Yungas de La Paz.
Están también el estropeado intento de sentar en el banquillo de los acusados al líder cruceño Luis Fernando Camacho y el retiro del tratamiento legislativo de un proyecto de Ley que paradójicamente tenía el objetivo de precisar las acciones persecutorias a título de lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
El brazo opositor de la tenaza que aprieta con la fuerza que ha ido acumulando en cada una de las derrotas del oficialismo quiere ahora la anulación del paquete de normas antipopulares y de control de la sociedad en su conjunto y el restablecimiento de los dos tercios en la Asamblea Legislativa, un tema estrictamente político que terminaría de arrinconar al débil gobierno de Arce.
Y por si todo eso fuera poco, ha surgido una tercera fuerza que comenzará a presionar en cualquier momento, si es que no lo está haciendo ya, y es el bloque de sectores sociales y sindicales que aparecen junto al Presidente y le dan su completo respaldo ante las cámaras de televisión, pero en el fondo también quieren espacios en el gabinete y en áreas clave de la administración gubernamental.
