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La presión militar estadounidense frente a las costas de Venezuela ha dejado de ser un asunto meramente bilateral o regional y se ha convertido en un tema de creciente relevancia en los principales foros internacionales. Las reacciones de terceros países ya están comenzando a pesar en los cálculos de Washington.
En América Latina, el rechazo a una posible intervención armada es casi unánime entre los gobiernos de izquierda y centro-izquierda. Colombia, México y Brasil —los tres países con mayor peso demográfico y diplomático de la región— han enviado mensajes claros y coordinados: cualquier operación militar en territorio venezolano sería inaceptable y desestabilizaría gravemente al continente. Los tres insisten en que la única vía legítima es la negociación política entre las partes venezolanas, con acompañamiento internacional si fuera necesario.
Europa, por su parte, se ha convertido en el contrapeso diplomático más firme y coherente frente a Washington. La Unión Europea mantiene desde 2024 la posición oficial de que la crisis venezolana solo admite una “solución pacífica, democrática y liderada por los venezolanos”, y ha renovado hasta enero de 2026 las sanciones selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos y fraude electoral, (al tiempo que canaliza más de 500 millones de euros en ayuda humanitaria). Representantes clave de España, Francia, Alemania e Italia han rechazado explícitamente el uso de la fuerza y han advertido que una acción militar sin aval de la ONU o de la OEA fracturaría la relación transatlántica en un momento de máxima fragilidad por Ucrania y Oriente Medio. Esta postura no es solo retórica: Bruselas ha coordinado con Ottawa y varios países latinoamericanos una hoja de ruta que incluye la liberación de presos políticos, auditoría internacional de las actas de julio de 2024 y elecciones presidenciales supervisadas en 2026 como condición para cualquier alivio de sanciones.
Surge entonces la pregunta que Washington y sectores de la oposición venezolana repiten: ¿es realmente posible negociar con un gobierno que, según la mayoría de observaciones independientes y la propia Unión Europea, se mantiene en el poder gracias a un fraude electoral masivo en julio de 2024? Esa es precisamente la debilidad central del argumento estadounidense.
Oficialmente, la escalada militar se justifica como una operación antinarcóticos de gran escalada, amparada en la designación de Venezuela como narcoestado y en leyes internas que facultan al presidente a actuar sin autorización expresa del Congreso en este tipo de escenarios. Sin embargo, en los hechos, casi nadie en el ámbito internacional —ni siquiera aliados tradicionales como Canadá o los países del Grupo de Lima en su versión actual— compra ya esa narrativa.
La percepción dominante es que se trata de una operación orientada al cambio de régimen, camuflada bajo pretextos legales y humanitarios ya utilizados en el pasado (Irak 2003, Libia 2011). Este limbo jurídico-diplomático le permite a Estados Unidos mantener la presión sin cruzar aún el umbral de una invasión abierta, pero también le resta legitimidad internacional cada día que pasa. Cuanto más se prolonga la crisis sin una salida negociada creíble, más se debilita la posición de quienes sostienen que “no hay con quién negociar” y más se fortalece, paradójicamente, la narrativa oficialista venezolana de resistencia antiimperialista.
Sí, objetivamente hubo fraude electoral masivo y el gobierno de Maduro carece de legitimidad democrática. Pero también es cierto que la vía militar unilateral ha perdido casi todo respaldo regional y gran parte del europeo. Entre ambos extremos, la negociación —por incómoda y asimétrica que sea— sigue siendo la única opción que conserva algún grado de apoyo internacional amplio.
El dilema de Washington es que, cuanto más aprieta el tornillo militar sin atreverse a dar el paso definitivo, más aislamiento diplomático acumula y más difícil se vuelve justificar ante el mundo que no hay alternativa a la fuerza.
