OpiniónEconomía

Las empresas públicas, rumbo al desastre

Juan Antonio Morales

Economista, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana

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Las empresas públicas, cuyo número ha aumentado significativamente durante los gobiernos del MAS, están entre las principales causantes de las dificultades fiscales del país.  En lo que sigue, nos inspiraremos en el libro de Linares (2023), que  es un requisitorio oportuno y muy rico en datos, a partir de la información oficial disponible, del desempeño de nuestras empresas públicas.[1]

Los informes oficiales, con cifras globales, muestran utilidades de las empresas públicas donde predomina YPFB, que tiene un tamaño cinco veces más grande que todas las otras empresas reunidas. Linares señala que YPFB si bien no es deficitaria tiene empero una tasa de Rentabilidad Sobre Recursos Propios (ROE en inglés) que fue de apenas 0.5% el año 2017. Se puede conjeturar que la situación ha empeorado desde ese año. Sorprende que una empresa petrolera tenga un ROE tan bajo.

Con datos del Presupuesto General del Estado, Linares identifica 33 empresas públicas nacionales, 4 empresas departamentales,17 empresas municipales, y 2 empresas regionales.  Llama la atención el crecimiento del número de empresas públicas nacionales, que de 3 el 2007 pasan a 33 el año 2022.

El déficit operacional de las empresas públicas, el 2022, alcanzó a 21.064 millones de Bs. Es de hacer notar que aún YPFB tuvo un déficit operacional que llegó a 18.631 millones de Bs.

En impuestos las empresas públicas pagaron entre el 2011 y el 2022, 184.500 millones de Bs, observándose el gran peso de las recaudaciones del IDH. Si se excluye a YPFB, los impuestos pagados en 12 años por las empresas públicas (exceptuando el IDH) son de apenas Bs 7.000 millones, que representan el 1,8% de las recaudaciones totales.

Se ha tenido un fuerte crecimiento del empleo en las empresas públicas. El gasto en servicios personales pasó de 1.229 millones de Bs el 2011 a 22.659 millones el 2022. El crecimiento de esta partida en YPFB fue en promedio de 15% por año entre 2011 y 2022.

El análisis de Linares de las 17 empresas, empresa por empresa, que se crearon o reactivaron desde el 2007, muestra que solamente ocho de las diecisiete empresas no tienen déficit operacionales acumulados desde su año de creación hasta el 2022. Cuando no hay déficit operacionales, los ROEs son bajos, con algunas excepciones.

Los datos de Linares invitan a una reflexión profunda acerca de las empresas públicas. Las empresas públicas se han extendido demasiado, subestimando la escasez de talento administrativo que hay en país. La esfera estatal no se ha limitado a las empresas estratégicas. Se tiene ahora más empresas públicas que las que el estado puede manejar.

Sale de la experiencia internacional que las empresas públicas adolecen, con frecuencia, de problemas de gobierno corporativo, especialmente porque son muy susceptibles a la politización, lo que efectivamente ha estado pasando en el país. Los problemas de YPFB, después de la nacionalización de 2006, de muy alta rotación de sus presidentes y del personal ejecutivo que los acompañaba, proveen un ejemplo muy ilustrativo. Entre el 2006 y el 2022 se ha tenido catorce presidentes, con un mandato promedio de 14 meses.

Las empresas públicas suelen tener múltiples y enmarañados objetivos. Entre ellos, dar empleos y otorgar subsidios a una variedad de “derecho-habientes.” Por otra parte, ellas tienen dificultades para acceder a fuentes de financiamiento y de tecnología. También operan con una restricción presupuestaria “blanda”, porque la eventualidad de que entren en quiebra es baja, hagan lo que hagan sus ejecutivos, porque el estado saldrá a rescatarlas (J. Kornai y colaboradores, 2003).[2].

La ley de empresas públicas (ley 466 de diciembre de 2013) parecía ir en la buena dirección, pero se ha quedado en buenas intenciones. Las empresas públicas siguen siendo tratadas como dependencias de ministerios que no tienen personal técnico para evaluar proyectos de producción o de inversión. Tampoco lo tiene el BCB, convertido en banco de desarrollo.


[1]  Linares, J. H (2023) Solo Ruido, Nada de Nueces. La Paz: Fundación Vicente Pasos Kanki,

[2] Kornai, J., E. Maskin y G. Roland (2003) “Understanding the Soft Budget Constraint”. Journal of Economic Literature, Vol. XLI, diciembre, pp. 1095-1136.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Juan Antonio Morales

Economista, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana

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