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Los excesos y actos delictivos en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz acompañan a esa entidad regional desde que nació con ese nombre en 2010, fruto de la nueva Constitución Política aprobada un año antes. Por tanto, lo sucedido estos días con Santos Quispe, el actual gobernador, no es nuevo, pero marca que se tocó fondo.
A poco de iniciar la gestión 2015-2020, extendida hasta 2021 por la crisis política derivada del fraude electoral de 2019, la Gobernación paceña ya dio de qué hablar con el escándalo protagonizado por el presidente de la Asamblea Departamental de ese entonces, un asambleísta del MAS que molió a golpes a una funcionaria con quien sostenía una relación extramatrimonial.
La institución que debe luchar por visibilizarse en medio del altísimo perfil que tienen los órganos Ejecutivo y Legislativo, y las alcaldías de La Paz y El Alto, empezó a tener fama, pero de la mala, con hechos como el cometido por el legislador masista, echado de la Asamblea Departamental y detenido un tiempo en la cárcel de San Pedro por intento de feminicidio.
Al finalizar la gestión pasada, que finalmente fue de seis años, otros asambleístas departamentales del masismo siguieron la línea de hacer visible a la Gobernación paceña con actitudes reprochables y decidieron realizar una sesión de comisión, una de las seis con las que cuenta la Asamblea Departamental, en un bar y consumiendo bebidas alcohólicas.
Los asambleístas-bebedores fueron sorprendidos por la Red Bolivisión. La mayoría huyó de la cantina al percatarse de la cámara y el micrófono, mientras el entonces presidente de la comisión ensayó balbuceante una explicación inentendible.
Antes, durante la cuarentena rígida, la Policía intervino un bar que atendía clandestinamente a parroquianos en el centro de La Paz y detuvo a varias personas que violaron la restricción sanitaria instaurada en todo el país. Entre los detenidos, había dos asambleístas departamentales paceños, una asambleísta del MAS y otro de la bancada indígena.
Todo esto se encuentra registrado por los medios de comunicación, como lo ocurrido el martes 1 de febrero con el gobernador Santos Quispe, quien decidió convertir el despacho de la Gobernación en un boliche nocturno.
De Quispe se ha dicho que no es la primera vez que comete excesos con el alcohol utilizando bienes que le pertenecen al conjunto de los paceños. De hecho, se presentaron videos sobre consumo de trago en el vehículo oficial que está a su cargo y en la principal oficina del Gobierno Autónomo Departamental.
Irónicamente, hasta el funcionario que trató de impedir que se muestren las latas de cerveza que Quispe y sus acompañantes habían consumido el martes en la noche llevaba puesta una polera con la marca de cerveza de la famosa serie televisiva Los Simpson.
Santos Quispe, Gobernador de La Paz, pasó dos noches en celdas de la Policía y fue imputado por beber en un bien público. Al salir de su encierro para guardar detención domiciliaria, dispuesta por un juez cautelar, lanzó un compromiso a su departamento.
“Voy a trabajar más fuerte y más duro porque tengo un compromiso con ustedes y no les voy a defraudar”, aseguró el heredero político del líder campesino Felipe Quispe, El Mallku, fallecido en plena campaña electoral, a comienzos del año pasado.
Se espera que sus palabras hayan sido genuinas porque mucha gente que votó por él, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto, creen que el remedio resultó peor que la enfermedad, recordando que votaron por Santos Quispe para evitar el retorno del MAS a la Gobernación de La Paz.
El Huayna Mallku tiene cuatro años para revertir la pésima imagen que ha proyectado hasta el momento y efectivamente debe esforzarse para entregar resultados al departamento que confió en él. Sabe que ha quemado su última carta de tolerancia ciudadana ante sus excesos y abusos de poder mediante el alcohol.
Si ocurre una vez más, sabrá que la única solución será la renuncia al cargo para que algún asambleísta de Jallalla, la agrupación por la que candidateó y que le extorsionó, asuma la conducción de la Gobernación y eso probablemente inviabilizaría de manera definitiva al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
