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Apenas se produce algún movimiento interpelador al poder o la autoridad sea cívico, ciudadano, vecinal o de cualquier otra índole para pedir o reclamar alguna situación, desde la realización del censo de población y vivienda hasta la instalación de una alcantarilla en un barrio, se ensaya desde los interpelados una suerte de cuestionamiento: !!! es político !!! dicen, tratando así de menoscabar o descalificar esos pedidos o reclamos y especialmente, a sus actores. Tal pareciera entonces, que los únicos que pueden hacer política fueran quienes detentan el poder o la autoridad, lo que nos estaría vedado a los ciudadanos. Nada más absurdo.
Para empezar, desde lo constitucional resulta que toda persona sin excepción alguna, tiene el derecho civil para formular peticiones de manera individual o colectiva e incluso de obtener una respuesta de manera formal y pronta. Naturalmente, nos asiste también el derecho a la libertad de reunión (temporal o casual) o asociación (permanente) de forma pública y privada, eso sí, con fines lícitos.
La misma Constitución abunda además cuando desarrolla nuestros derechos políticos, señalando que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar libremente, en la formación, ejercicio y control del poder político, sea directamente o por medio de nuestros representantes, de manera individual o colectiva.
Así el estado del arte, insisto en que resulta absurdo que los interpelados -ante su falta de argumentos o ignorancia, con fines distractivos o algo peor- solo espeten que las movilizaciones son políticas como si ello fuera algo censurable; cuando como acaba de demostrarse, más allá de la justicia o razón de los pedidos y en algunos casos de los mecanismos, lo que los ciudadanos hacemos es simple y llanamente, ejercer un derecho fundamental que se halla positivizado en la mismísima Constitución y, como se ha visto, esta franqueado como no podía ser de otra manera, en favor de toda persona, sin discriminación de ninguna clase.
Entrando a la naturaleza de los pedidos o solicitudes, lo que los ciudadanos hacemos cuando por ejemplo -podrían señalarse miles- solicitan la realización del censo de población y vivienda; el cierre de mercados ilegales; la ampliación de una ruta de transporte urbano hacia un barrio alejado; la iluminación en una calle; el cierre de un lenocinio; mayor y mejor seguridad ciudadana; la instalación de un semáforo; el adecuado funcionamiento del servicio de limpieza en una plazuela; que la administración de justicia sea tal y no un mecanismo perverso de persecución y encubrimiento; que una autoridad rinda cuentas de sus gastos realizados con nuestra plata o que la Cámara de Diputados pague su contribución al Psiquiátrico; queda inmerso precisamente bajo esos derechos fundamentales a la petición y al ejercicio del control del poder político.
Por donde se le vea, se trata de distintas acciones ciudadanas que hacen a lo político y chorrean de política. Adviértase, que hasta etimológicamente el término proviene del latín politicus y este del griego politiká que es una derivación de polis que designa aquello que es público, o politikós, que significa precisamente relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. Tiene que ver también, con el arte de la negociación para conciliar intereses.
Desde este espacio de ejercicio de opinión, he insistido a lo largo de los ya varios años que tengo el privilegio de difundir mi pensamiento que uno de los peores déficits que el ciudadano boliviano padece, tiene que ver con ese ejercicio efectivo de ciudadanía: desde el poder, les han sembrado a algunos el convencimiento que reclamar nuestros derechos es algo casi indebido, un pecado contra el poderoso estado y la sacrosanta autoridad, aunque también existen grupos que sólo entienden el lenguaje de la violencia (de y hacia). Atengámonos a aquello de Benjamin FRANKLIN: “La primera responsabilidad de cada ciudadano, es cuestionar la autoridad”.
