Escucha la noticia
Un crimen fallido ha derivado en un hecho de altísimo contenido político, porque busca involucrar (de confirmarse los numerosos audios) no solo al presidente Rodrigo Paz y su gobierno, sino también a su familia. El caso Cerimedo-Beller se ha convertido en un problema de Estado, que no ha dejado de escalar. Se trata de un personaje, de dudosa reputación, que pasó de simple “pirata” informático a ocupar el rol de asesor (al más alto nivel) y tener acceso directo al “maravilloso instrumento del poder”.
Los gobernantes siempre han tenido asesores y apoyo internacional (la inteligencia cubana y venezolana fue determinante con Evo Morales; el economista Jeffrey Sachs diseñó el plan económico de emergencia para frenar la hiperinflación que sufría Bolivia en 1985), lo cual no es negativo per se, pero de ahí a influir decisivamente en la toma de decisiones del Estado, hay un largo trecho. Lo que no se conocía era que el famoso asesor utilizaba su cargo (la confianza) para hacer tráfico de influencia, incluso, delinquir: tiene procesos penales por legitimación de ganancias ilícitas (narcotráfico puro y duro). ¿Cuál era el rol de Cerimedo en el gobierno? ¿Cómo se explica que tenga un ingreso promedio de un millón de dólares al mes, y no tenga trabajo formal en Bolivia? ¿Qué hacía exactamente Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo?
La necesidad de un esclarecimiento lo más prolijo posible, es aún más urgente habida cuenta de las connotaciones internacionales de este escándalo. Los hechos criminales imputados son gravísimos que no solo deben ser investigados, esclarecidos y sancionados, sino también constituyen una puñalada al sistema democrático y a la imagen de Bolivia en el exterior. El pueblo boliviano necesita saber la verdad de todo lo ocurrido, máxime cuando han pasado más de 15 días y existen más preguntas que respuestas.
La verdad de lo que haya sucedido adquiere una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos contenidos en la Constitución boliviana y la Convención Americana. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas”.
Los procesos judiciales, cuando son bien llevados, respetando las garantías del debido proceso, pueden llegar a satisfacer a las víctimas, a sus familiares, y al público en general porque se puede obtener la información pertinente relativa a la comisión de los hechos criminales y quiénes son los responsables. La idea de la dimensión dual de este derecho, ha sido abordada por el Sistema de Naciones Unidas en varias decisiones y estudios. Lo cierto es que el pueblo tiene el legítimo derecho de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetración de esos crímenes.
El derecho a saber la verdad en este caso es también un derecho colectivo del pueblo boliviano. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2007, estableció que el derecho a la verdad está estrechamente ligado al Estado de Derecho y a los principios de transparencia, responsabilidad y buena gestión de los asuntos públicos en una sociedad democrática. Y constituye, junto con la justicia, la memoria y la reparación, uno de los pilares de la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario.
El derecho a la verdad representa una herramienta vital para permitir a las sociedades salir de la lógica del odio y el conflicto, la reparación y las garantías de no repetición e iniciar procesos sólidos hacia una cultura de paz. Los procesos de memoria contribuyen al compromiso social democrático, fomentan los debates sobre la representación del pasado y permiten abordar de manera pertinente problemas del presente (caso Unión Patriótica V Colombia, sentencia de 27 de julio de 2022). La verdad nos hará libre, dice la Biblia. El pueblo boliviano necesita saber qué hizo, Fernando Cerimedo, como llegó y quién le endosó o permitió tener acceso directo al “maravilloso instrumento del poder” en Bolivia.
