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La reciente noticia sobre la participación de altos jefes policiales bolivianos en una especie de cartel internacional del robo de vehículos confirma que la policía es todo menos una institución del orden y que los síntomas de descomposición que muestra son resultado de una enfermedad que afecta a otras instancias y corroe los fundamentos del Estado.
La crisis en la policía es casi terminal, como en otras instituciones. Las bajas, despidos y anunciadas limpiezas internas no han dado ningún resultado en muchos años. Por el contrario, con el paso del tiempo se ha consolidado un poder corrupto paralelo que renueva protagonistas, pero no cambia las prácticas.
La vergüenza es mayor cuando se constata que deben ser investigaciones externas, ya sea de la DEA en el caso de los ex jefes de la lucha antinarcóticos o de los rastreadores chilenos de vehículos robados en ese país, las que finalmente consigan poner en evidencia los delitos que involucran a policías bolivianos.
La boliviana es una sociedad expuesta y absolutamente vulnerable a la acelerada decadencia de las instituciones públicas. No es un problema de corrupción exclusivamente, sino de absoluta perdida del sentido y propósito para el que estas instituciones fueron creadas.
Lo que se advierte en el caso de la policía es que hay un mando más alto que el alto mando policial y que responde, antes que a preceptos constitucionales, a intereses vinculados a corporaciones internacionales del delito.
En ese sentido, la institución es solo el cascarón, la fachada detrás de la cual se esconde o de la cual se aprovechan organizaciones delictivas que han eliminado fronteras e integrado el mundo a su manera y para sus fines.
Pasa lo mismo con la justicia. Más allá de buenas intenciones y de designaciones excepcionalmente correctas e independientes, la mayoría de los jueces y fiscales acomodan y/o condicionan sus decisiones a imposiciones políticas, pero también y como consecuencia de lo anterior a la presión sostenida de una estructura mucho más oscura. No es necesariamente un problema de formación profesional, sino de deformación y permeabilidad institucional.
Desde siempre, la justicia ha sido una para el adversario y otra muy distinta para el
correligionario. Ejemplos sobre esta tendencia sobran y el rastro llega a gobiernos de todas las épocas. El uso del órgano judicial como instrumento de ajuste político de cuentas tiene variados ejemplos en el tiempo y no pocas víctimas dispersas en por lo menos 30 de los 40 años de democracia.
El problema se agudiza cuando el sometimiento de la justicia al poder político de alguna manera “justifica” o banaliza su obsecuencia con “poderes” que entrañan mucho mayor riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
Baste con mencionar lo ocurrido recientemente con jueces que dejaron en libertad a violadores, narcotraficantes y feminicidas. Algunos ya fueron alejados de los cargos y detenidos, pero otros están agazapados, a la espera de la oportunidad para ingresar en la misma maquinaria.
En ese sentido, el problema no es cuán lejos está la justicia de la gente, como lo advirtió el relator de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayan, sino cuán cerca está de otros actores menos inocentes.
Un Estado con institucionalidad frágil o decadente suele ser resultado o corre paralelo más bien al deterioro democrático.
Si en su afán de ejercer un férreo control y no admitir la existencia de contrapesos y balances, un gobierno manipula a su antojo las instituciones, no puede quejarse luego de que éstas presenten síntomas de una descomposición profunda y tampoco es el más indicado para encontrar las claves de una solución de fondo, a no ser que opte por una conducta radicalmente distinta.
La instrumentalización política de todos los ámbitos de la arquitectura del Estado está en el origen de la enfermedad generalizada. Y esto es resultado de una larga acumulación, que se acentuó notablemente entre 2006 y 2019, y que a estas alturas muestra ya alarmantes señales de irreversibilidad.
El país ha transitado de la enumeración de hechos, aparentemente inconexos, a la confirmación de una gigantesca amenaza, cuyo eje de articulación son instituciones que van a la deriva, desvinculadas del rol para el que fueron construidas y sometidas a los vientos del delito.
Sin el paraguas que supone para el ciudadano la existencia de una institucionalidad confiable, no es de extrañar la distancia cada vez más grande que separa a la gente de lo político. Y es que no resulta fácil creer nuevamente que los “presuntos responsables” del problema sean los que vayan a resolverlo.
El riesgo mayor es pasar de una sociedad de “victimas” a una de cómplices, precisamente porque el tránsito de la indignación movilizada al desinterés pasivo solo beneficia a los promotores de la apatía social, aquellos que ven en el naufragio estatal la oportunidad para lucrar entre los restos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
