Escucha la noticia
En sus reflexiones respecto a Alexis de Tocqueville, el filósofo José Ortega y Gasset planteaba que para el francés el reverso de la democracia era la centralización administrativa. En otras palabras, uno de los riesgos para la democracia era la expansión de un cuerpo de funcionarios que capturara las decisiones soberanas: la burocracia.
Lo advertido de forma notable por Tocqueville en el siglo XIX ante la expansión administrativa del Estado Moderno ha sido estudiado en gran medida por la llamada Escuela de la decisión pública impulsada por economistas como James M. Buchanan y Gordon Tullock que cuestionan la presunción de que los actores políticos y los funcionarios siempre actúan en favor del interés público o el bien común.
Las investigaciones de William Niskanen han evidenciado las constantes dificultades para controlar la eficiencia de la burocracia a la hora de ofrecer servicios públicos debido a las asimetrías de información entre burócratas, tomadores de decisión y ciudadanos.
Esto a la vez genera una serie de incentivos perversos que de ninguna forma benefician a quienes se dice están destinados los servicios estatales.
Un concepto clave de la Escuela de la Elección Pública es el de caza de rentas, que describe el afán de ciertos grupos de interés, políticos o empresariales, de obtener beneficios económicos mediante el cabildeo o el chantaje político, y no a través de la producción de bienes o servicios en el mercado.
Esto puede ir desde regulaciones que impiden la competencia, subsidios a grupos de interés, exenciones tributarias hasta la captura de servicios o recursos estatales mediante la provisión de licencias o exclusividades en forma de monopolio. Cualquiera sea el caso, esto implica el despilfarro de recursos que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.
Crecimiento de la burocracia del Estado
En Chile, bajo la excusa de expandir la democracia, lo que realmente ha ido creciendo en los últimos años es la burocracia del Estado. Según el sitio Progreso en cifras, el Estado chileno destina «más de un cuarto de su gasto a pagos de personal. A modo de referencia, el promedio de la OECD solo destina un quinto de su gasto público a esos pagos». Entre 2008 y 2024, el Estado paso de tener casi 500 mil funcionarios a casi un millón.
Esto se traduce en una creciente presión que se traduce en crecientes impuestos que pagan los ciudadanos. Para financiar el aumento de funcionarios públicos y las remuneraciones, bonos, horas extra, los políticos disponen de los recursos de los ciudadanos cobrándoles más impuestos. Así, tal como advertía William Niskanen «la burocracia tiende a crecer continuamente sin importar las necesidades reales de la sociedad».
Mientras el empleo público ha crecido más del triple que el empleo privado en los últimos diez años, los políticos han puesto cada vez más trabas a la inversión y la creación de empleos, sobre todo bajo la excusa de redistribuir riqueza.
También, bajo el pretexto de mejorar las condiciones laborales, han ido encareciendo el trabajo y por tanto generando una menor creación de trabajos y por tanto más desempleo. Al mismo tiempo, mientras la cesantía golpea, esos políticos se instalan en directorios elegidos a dedo con sueldos bien pagados. El caso de la vocera de Jeanette Jara, Laura Albornoz, que percibe doble remuneración por ser miembro de dos directorios de entidades estatales, no debería extrañarnos.
¿Cómo nos puede proteger la democracia respecto de los burócratas?
James Buchanan decía que la fe implícita en que las limitaciones electorales serían por sí solas suficientes para mantener a raya las tendencias expansivas del Gobierno en tanto burocracia eran una ilusión.
Por tanto, lo primero es dejar de creer que los políticos sólo actúan por vocación de servicio y por el bien común. Como cualquier persona tienen intereses personales y egoístas.
Segundo, se debe dudar siempre de sus afanes de aumentar impuestos y crear más burocracia aunque digan que lo quieren hacer para ayudar a la gente. Los impuestos y los presupuestos no deben ser un cheque en blanco para los políticos.
Se debe abandonar la ilusión de que aumentando impuestos, elevando los presupuestos públicos y dándoles más recursos al Estado, mágicamente mejorarán los servicios públicos o los más necesitados serán ayudados. Los hechos muestran que eso primero pasa por los políticos y sus asociados. Ellos se benefician antes que los ciudadanos.
Por tanto, bajar impuestos, reducir burocracia y limitar los presupuestos debe ser una exigencia posible por parte de los ciudadanos. ¿Por qué tenemos que financiar con nuestro trabajo despilfarros, ineficiencias y clientelismo político? Piénselo.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
