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Todo indica que el próximo 31 de diciembre, los altos cargos del sistema judicial boliviano cesarán indefectiblemente en sus funciones según ordena taxativamente y sin lugar a estrategias envolventes, el art. 183.1 de la CPE: Durán 6 años y sin lugar a reelección.
Si bien se trata de 26 funcionarios (9 del Tribunal Constitucional, 9 del Tribunal Supremo; 3 del Consejo de la Magistratura y 5 del Agroambiental) pues el sistema de administración de justicia que está compuesto por muchos más operadores que en realidad hacen funcionar desde abajo el sistema; aquellos cierran y/o gobiernan el mismo, lo que está permitiendo asustar al soberano con un temible vacío judicial y, a los más sinvergüenzas, usar a ese kuku, como pretexto para una vez más meterle no más y violar los despojos de la Constitución Política del Estado.
Debo puntualizar qué por supuesto si esos altos cargos no están ya en funciones, la crónica retardación de justicia y otros vicios se incrementarán más de lo que ya están (salvando poquísimas excepciones como la Sala Civil del TSJ); pero asustar a la ciudadanía para seguir dolosamente metiéndole no más, suena a estirar como acordeón la realidad, para justificar la aplicación de esa tristemente célebre “doctrina morales”: sé que es ilegal o inconstitucional, pero me vale un pepino…
De hecho, advierta amable lector que aun con todos esos altos cargos en funciones, la retardación e incumplimiento existe cada día, lo que se “disimula” infructuosamente falsificando las fechas de emisión de fallos, haciendo aparecer notificaciones truchas (TCP) o, lo que es peor, resolviendo lo que les conviene y ocultando bajo la mesa lo que no, al extremo que un simple decreto de traslado que no debiera demorar más de 24 horas en emitirse (TSJ), en varios casos demora varios meses sino años (peor la resolución) o, a veces no hay remedio que interponer un amparo constitucional para que un Tribunal de garantías les obligue (Consejo de la Magistratura) a tramitar o resolver una simple petición, en una simple plana.
Así el estado del arte; la única certeza existente en estos momentos es que no habrá elecciones judiciales hasta fin de año y varios meses del entrante. Se anuncia (tenía que publicarse el 23 de noviembre pasado) que el Constitucional resolvería las forzadísimas consultas enviadas sobre el proyecto de ley para elecciones por el Tribunal Supremo cumpliendo las órdenes del ejecutivo e indebidamente ampliadas entre gallos y media noche; pero aun no hay humo blanco desde el TCP y se sabe en el foro que el proyecto presentado por el Magistrado ponente (dicen, de la temible Sala 4ª) no habría recibido suficiente apoyo de los restantes, estando en un lapso de ¿ablandamiento? o algo parecido. Ojalá no nos salgan con algún esperpento similar al “derecho humano” que sus antecesores le confeccionaron a la medida de su jefazo, “auto prorrogándose” en sus funciones, lo que fuera flagrante prevaricato, entre otros… Los jueces no sólo deben ser, sino también parecer.
Pase lo que pase y sin que el vacío sea tan fiero como nos la están charlando; es innegable que el próximo apagón de esos altos cargos (26, de más de 1000 aprox) ratifica nuevamente el avanzado grado de desinstitucionalización estatal patentizado por el flagrante fracaso en el cumplimiento de sus elementales obligaciones. El legislativo tenía la obligación de acordar una ley viable que soporte oportunamente la realización de esas elecciones, que conste, nos guste o no, es el único mecanismo constitucional para la elección de esos altos cargos; el judicial garantizarlas en la medida que les toque y el ejecutivo, abstenerse de bastardear el proceso.
Todos han demostrablemente fracasado y, lo que es peor, so pretexto del “temible” vacío de poder que cacarean en coro cuando les conviene, están planteando la solución por el desastre pretendiendo sancionar una “ley corta” que vulnere la CPE que han jurado respetar, sea sorteando en quiniela o lotería a otros Magistrados, reviviendo a los suplentes de los actuales titulares cuando su período funcional igual está irremediablemente vencido más aún cuando lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal (enseña el elemental principio jurídico) u otras propuestas que asombra provengan de legisladores u otros “servidores públicos” cuya principal obligación es cumplir la CPE y no violarla, así sea so pretexto del vacío de poder.
Actualmente en los descuentos del partido la clase política después de haber fracasado en esas sus elementales obligaciones, está urdiendo alguna salida -no solución- al entuerto en que ellos nos han metido, un callejón sin salida constitucional, viendo cual fuera la salida menos ilegal o menos inconstitucional; están queriendo ponerse de acuerdo para ver como violan la CPE un poquito no más pero no tanto: sencillamente, repugnante. Es que: “LOS POLÍTICOS NOS MEAN ENCIMA Y TENEMOS QUE DECIR QUE LLUEVE, ES INAUDITO”. Javier BORREGO BORREGO.
