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Luego de la promulgación del decreto supremo 4760 que dispone la postergación del censo hasta finales del primer semestre de 2024, y las protestas que siguieron, el caballito de batalla del gobierno es insistir en que “no se politice el censo”. Es así que el vocero presidencial ha afirmado, con gran vehemencia, que la conclusión más importante que surgió de la reunión que sostuvo el presidente Arce con los alcaldes de las ciudades capitales y la alcaldesa de El Alto, el miércoles 27 de julio, fue acordar que el censo “no es un asunto político”.
Cuando pide “no politizar” en realidad el vocero espera que no nos fijemos en que los resultados de un censo realizado en 2024 o incluso después -ya que para el gobierno es una fecha móvil- le generarán al oficialismo las siguientes ventajas: i) No habrá posibilidad de contrastar los datos de población con los que figuran en el padrón electoral, antes de las próximas elecciones nacionales; ii) tampoco será necesario modificar, para tal evento, la asignación de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en atención a los resultados de población por departamento; iii) las carencias en términos de salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos, incluyendo internet, y otros indicadores que se pueden derivar de este levantamiento de información, no quedarán en evidencia, lo cual les permitirá seguir manejando -sin cifras ciertas- el discurso sobre los logros del proceso de cambio en estos ámbitos iv) no se hará evidente la cantidad de personas que, buscando mejores opciones de vida o de trabajo, han migrado de unas ciudades a otras; v) no se arriesgará a que se verifique que el número de personas que se autoidentifican como pertenecientes a alguna de las 36 naciones que integran la Bolivia Plurinacional, sea menor del que mostró el censo del 2012, con lo cual se relativizaría el peso de las poblaciones “indígena-originarias”, a las que el gobierno gusta apelar para polarizar a la sociedad.
Todas las consecuencias señaladas son políticas por excelencia, lo cual hace obvio que quienes están abordando la problemática censal desde una perspectiva eminentemente política y más que eso, político-partidaria, son el presidente Arce y sus ministros y operadores mediáticos, y no así la ciudadanía que, con todo derecho, objeta esta postergación porque afecta sus aspiraciones tanto democráticas como económicas.
Es por ello esencial que las instancias organizadas para exigir la realización oportuna, transparente y eficiente del censo, mantengan la posición de que esta actividad debe tratarse como un asunto de absoluto interés nacional, de alto contenido técnico, pero que sin duda tiene connotaciones políticas que debe ser advertidas, sin dejarse amilanar por las amenazas, veladas o explícitas, de voceros gubernamentales u organizaciones sociales que creen tener el monopolio de lo que entienden por “hacer política” y que estigmatizan cualquier manifestación ciudadana etiquetándola de política, como si el quehacer político fuera un delito y no un derecho universal.
Solo en un sentido estoy de acuerdo con el pedido de no politizar el censo: que no se convierta en bandera de dirigentes partidarios que quieran utilizar, para recuperar protagonismo, la movilización ciudadana en defensa de la realización oportuna y transparente del censo. Es por ello imprescindible y muy importante, en el caso de Santa Cruz, la ciudad en la que se ha manifestado de manera más firme el rechazo a la arbitraria postergación del censo, que la resistencia al decreto de postergación, esté encabezada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en coordinación con el Comité Cívico, y que éste se mantenga dentro de los limites estrictamente cívicos y plurales que le corresponden como institución, sin que intervengan el Alcalde o el Gobernador, figuras naturalmente político-partidarias.
