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El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno en Bolivia, acaba de dar una nueva estocada a la democracia. Se trata de una decisión sobre la que había mucha expectativa, pero conociendo los extensos antecedentes profundamente iliberales y antidemocráticos del oficialismo, no constituye sorpresa alguna.
Este martes el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogó su mandato y el de los magistrados del Órgano Judicial, debido a que no se celebraron elecciones este año -como se tenía programado-, pero además lo hacen en contra de lo que, paradójicamente, establece la Constitución del Estado Plurinacional, incurriendo en una aberración jurídica solamente comparable a la de la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial en 2020 luego de que el referéndum de 2016 se lo impidió y de que el jefe cocalero presentó el argumento de que podía hacerlo porque tenía derechos humanos.
Este hecho de abuso de poder se suma a los innumerables que el régimen socialista acumula desde que se instaló en el poder en 2006, pero también ilustra el tamaño de las mentiras que viene ventilando para mantener una expectativa de cambio y mejora en el público ante un país cuyo modelo y economía se desmoronan y se hunden.
El régimen de Arce viene prometiendo desde su campaña en 2020 una reforma del sistema judicial, debido al deterioro que su propio partido provocó con la imposición de la Constitución Política plurinacional que fue pactada entre gallos y media noche con la oposición de aquel entonces. Pero fracasó una vez tras otra o, lo que es más obvio, nunca tuvo la intención de hacer dichas modificaciones. Sin embargo, todo esto encaja con la idea de permanecer en el poder, sin reparar en mecanismos para lograrlo. Una muestra de ello la constituye el monumental fraude electoral cometido por Morales a finales de 2019.
El primer desafío que tuvo Arce para que la maquinaria fraudulenta permaneciera debidamente lubricada, fue la huelga general que convocó el liderazgo cívico del departamento de Santa Cruz a finales de 2022 y que duró 36 días, buscando con ello obligar al régimen a celebrar el censo de población y vivienda que había asegurado que tenía listo para ejecutar, y para que, en base a la información obtenida, se convocara a elecciones judiciales para 2023. Esto hubiese permitido una reasignación de escaños parlamentarios y de recursos, además de aportar evidencia sobre cómo está compuesto el padrón electoral, el mismo que la ex vocal del Tribunal Electoral, Rosario Baptista, en 2021, denunció que se impedía que se indague.
La manera en que Arce decidió solucionar el entuerto fue, pocos días después de la huelga, ordenar la detención ilegal y encarcelamiento del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, hasta el día de hoy, y postergar indefinidamente tanto el censo como las elecciones judiciales que debían ser celebradas alrededor de estas fechas.
Ahora, para coronar la impostura del orden democrático y constitucional en el país, para que Arce y el MAS se sostengan en el poder, los miembros del Tribunal Constitucional y los magistrados han decidido ilegal e ilegítimamente prorrogarse en el cargo en tanto no se celebren las elecciones judiciales.
Lo mínimo que podría suceder en consecuencia, es que el Tribunal Constitucional no tendrá competencia legal alguna sobre cualquier decisión que tome a partir del primer día de 2024, porque está actuando políticamente y porque será nula de Pleno Derecho.
Esta es la manera en que el régimen del Movimiento al Socialismo ha decidido instrumentalizar el Poder Judicial, destruir la institucionalidad democrática y tratar de seguir forzando a la ciudadanía a actuar en contra de su voluntad. ¿Hasta cuándo?
Columna originalmente publicada en La Gaceta de la Iberosfera, el 14 de diciembre de 2023.
