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Hace unos días se conoció públicamente que el gobierno nacional y la dirigencia de la Central Obrera Bolivia (COB) firmaron varios acuerdos en temas tan sensibles como las políticas agropecuarias y energéticas, lucha contra el contrabando, reversión y el saneamiento de tierras, industrialización de productos estratégicos e inversión pública. Los convenios forman parte de las 130 demandas incluidas en el pliego petitorio 2025 de la entidad sindical, aunque no serán los únicos ya que están pendientes las resoluciones de las Comisiones de economía, pensiones, producción y asuntos sociales, que fueron instaladas el pasado mes de marzo.
La práctica irregular de debatir políticas públicas a puertas cerradas entre organizaciones sindicales y el gobierno se repite cada año, antes del 1° de mayo y ha sido normalizada por el MAS desde hace 20 años. En 2024, la entidad que representa a menos del 10% de los trabajadores del país y que actualmente sigue liderada por una dirigencia autoprorrogada, presentó un pliego con 163 demandas en 15 áreas, de las cuales logró la aprobación de un número no conocido, que posiblemente explica varias decisiones asumidas por el gobierno en esa gestión y que nos han conducido a la actual situación de crisis.
En los hechos, las reuniones secretas y los resultados ocultos de las mesas anuales de negociación con la COB han constituido de facto, un esquema de gobernanza paralelo e ilegítimo que está reemplazando, no solo al Gabinete de Ministros, sino a la propia Asamblea Legislativa que es el Órgano deliberativo encargado de definir las políticas públicas nacionales.
Hoy en día, los pliegos petitorios van más allá de los asuntos estrictamente laborales y abordan temas que comprometen directamente el presupuesto público, la estructura económica y decisiones estratégicas de política estatal. Esta expansión temática ha convertido a la COB en un actor político corporativo que influye directamente en las decisiones del Estado, omitiendo los mecanismos de representación política, fiscalización ni participación ciudadana establecidos formalmente en la Constitución.
Este mecanismo se repite peligrosamente con otras entidades también sindicales como las cooperativas mineras con las que recientemente, el propio Presidente firmó un acuerdo de 19 puntos que incluía distribución de combustible y dinamita, pago en dólares por la venta de los minerales, mayores áreas de trabajo (incluyendo su ingreso al Salar de Uyuni), explotación de estaño de baja ley, construcción de las plantas refinadoras de zinc en Oruro y Potosí, modificación de la ley de Minería y la ley Armas, y destitución de autoridades. Pese a sus implicaciones y la relación con otras áreas de la economía, los acuerdos no fueron hechos públicos y los dirigentes señalaron que solo los harán conocer a sus bases.
La deliberada exclusión de actores relevantes y de sectores directamente involucrados en los temas debatidos como los empresarios, gobiernos subnacionales, parlamentarios o expertos técnicos; y la participación exclusiva de personas que, en muchos casos, no tienen la formación ni la especialización necesarias para negociar temas complejos como la política laboral, minera y energética, los problemas de la producción industrial o la asignación presupuestaria, da lugar a propuestas técnicamente deficientes y a decisiones poco sostenibles que se traducen en medidas regresivas, diseñadas para responder a intereses corporativos y no para establecer estrategias de desarrollo a largo plazo. Esto ha sido visible en temas como los incrementos salariales desproporcionados, la permisividad con los avasallamientos, el daño medioambiental y el contrabando, la debacle del sistema de salud y educación, el abuso de las cooperativas, el aumento de la informalidad y las reformas parciales y técnicamente deficientes al sistema de pensiones.
La práctica sistemática del gobierno, de negociar y definir políticas de manera opaca y excluyente con sus aliados y afines, erosiona la confianza ciudadana y contribuye a la percepción de un Estado cooptado por intereses corporativos específicos, pero sobre todo representa peligro para la institucionalidad democrática en Bolivia ya que genera impactos negativos en la calidad de las decisiones estatales, en la equidad social y en la estabilidad económica del país.
Por ello, uno de los mayores desafíos para la reconstrucción de la institucionalidad será desterrar estas prácticas oscuras e ilegales, y redefinir los mecanismos de diálogo social en Bolivia, eliminando los ilegítimos privilegios de dirigentes, e incluyendo en los procesos de toma de decisiones a todos los actores relevantes.
Los contubernios entre grupos sindicales y gobiernos autócratas han ocasionado tanto daño a la economía, la democracia y el crecimiento en nuestro país, que explican por sí solos la mayor parte de los penosos indicadores que nos colocan en los últimos lugares de desarrollo y en los primeros en corrupción.
