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¿Por qué el presidente Luis Arce Catacora y su equipo represivo se empeñan en destruir la organización de la coca legal en los Yungas paceños? La persecución contra los dirigentes y la estructura orgánica de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Adepcoca, comenzó en el régimen de Evo Morales Ayma; entonces era entendible el aborrecimiento del chapareño a la coca tradicional. En cambio, las duras acciones contra Adepcoca durante este gobierno generan interrogantes.
A la luz de los últimos acontecimientos relacionados con el narcotráfico y de las disputas internas en el Movimiento al Socialismo, MAS, es posible ensayar algunas hipótesis que solo la historia y las investigaciones independientes lograrán desechar o comprobar.
La coca que producen las provincias paceñas, tanto en el norte y en el sur de la zona húmeda conocida como Yungas y en algunas poblaciones cercanas fue considerada secularmente como una planta tradicional.
Existen decenas de estudios de sociólogos, economistas, políticos, de instituciones locales, nacionales e internacionales que analizaron en el último siglo su uso medicinal y el acullico, capítulo especial en la minería, y el su valor esotérico.
En cambio, la coca del trópico cochabambino -además de presentar características diferentes a simple vista y a través de análisis biológicos- no tiene esa historia tan diversa. Quizá por el aislamiento de la zona hasta los años de la producción de cocaína en el país no fue competencia para la coca de Coripata o de Coroico.
La represión contra cocaleros yungueños tuvo momentos durísimos antes del MAS, como el episodio en Chulumani en la transición de la dictadura militar narco fascista a la democracia. También hay registros del uso de la coca local para fabricar pasta base. Igualmente hay indicios de complicidad de pobladores con los traficantes.
Sin embargo, las investigaciones más oficiales y costosas muestran que el mayor porcentaje de la coca yungueña sale, o mejor dicho salía, al mercado legal concentrado en el edificio de Adepcoca en Villa Fátima, en la zona norte de la ciudad de La Paz. Allí llegaban, sobre todo los lunes, decenas de mini buses repletos de tambores de coca y se podía ver las filas de comerciantes mayoristas y minoristas para comprarla.
Los cocaleros yungueños son famosos por su organización, sus festejos y sus bailes; muchos son morenos que combinan la saya con la agricultura. No por casualidad sus marchas son acompañadas por alegres tambores y cantos antiguos y modernos.
Sus luchas datan incluso contra formas de esclavitud que duraron hasta el siglo XIX. A grandes rasgos, enfrentan problemáticas similares a otros agrarios: por la tierra, por los precios de sus productos, por sus derechos. En los últimos años, particularmente desde el 2016 salieron a protestar por la discriminación del gobierno del MAS, desde el Ejecutivo y el Legislativo para favorecer a la coca del Chapare con acciones y con nuevas leyes y normas.
La situación empeoró dramáticamente con el apresamiento de dirigentes cocaleros yungueños en San Pedro, con malos tratos físicos y morales, al punto de no permitir que un padre asista al entierro de su hijito, muerto de tristeza. Con la llegada de Arce, el cerco se acentuó de forma inexplicable y sin justificación.
¿Qué interés tiene el presidente y su equipo de crear una organización paralela? ¿Por qué desestructurar el mercado legal en Villa Fátima? ¿A quién obedece el agitador Alanes? ¿De dónde saca tanto dinero para comprar terreno, alquilar casas, anunciar millonarias construcciones? ¿Por qué humillan y torturan a Apaza hasta ponerlo al borde de la muerte? ¿Cuál es el objetivo de esas acciones? ¿Para qué quieren los arcistas controlar el mercado de la coca yungueña?
Adepcoca está desmovilizada, unos presos, otros aparecen en la foto con el ministro Eduardo del Castillo, considerados traidores por las bases.
