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Han pasado cerca de catorce años desde la aprobación de los estatutos autonómicos. Este ciclo—que comenzó formalmente con las demandas de la agenda cívica de junio del 2004—contó con el mandato popular de los tres primeros cabildos del siglo XXI. En este recorrido, los movimientos políticos regionales de Bolivia propusieron soluciones para abordar el agotamiento del Estado republicano—situación a la que arribamos como consecuencia de las reformas del MNR neoliberal.
¿Podemos los cruceños hacer un balance de la autonomía? La respuesta: sí, podemos. Sus evidencias abundan y se viven a diario. La autonomía es el resultado de la sinergia de movimientos cívicos y de la población cruceña. Refrendada en un estatuto, su elaboración fue sui generis. Debemos recordar cuando la Asamblea Constituyente violó el mandato de los departamentos que votaron por el sí a la autonomía, los cabildos simultáneos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija retiraron este mandato, dándoselo a los nuevos prefectos electos para que éstos crearan las bases jurídicas que los demarcaron.
La autonomía se refleja en la cantidad y la calidad de las políticas públicas departamentales desde la puesta en marcha del Estatuto. Podemos sostener que la autonomía abrazó los valores que el contrapoder regional (Santa Cruz) erigió para sí desde su constitución como fuerza política distintiva. En otras palabras, la autonomía se adhirió a los principios de justicia social, en la misma línea que lo hicieran instituciones como el Comité de Obras Públicas y CORDECRUZ.
Esta afirmación se basa en tres constataciones. Primero, al implementarse la autonomía, se priorizó un tipo de gobernanza en la cual tanto actores públicos y privados tuvieran voz y voto para la realización de políticas públicas conjuntas. Esto se aplicó a políticas agrarias y energéticas; de desarrollo humano (culturales, turísticas, deportivas y de género), medio ambientales, de seguridad ciudadana, y más. Asimismo, continuó apoyándose en la trilogía electrificación-agua potable-caminos, fórmula que las autarquías cruceñas previas erigieron. Desde entonces, se alcanzó una cobertura del 98% en agua potable, 96% en electrificación, y se expandió en 300km la red vial departamental. En tercer orden, profundizó políticas de desarrollo equitativo, innovando con el modelo 50-40-10 en la distribución de regalías (50% para provincias productoras, 40% para las no productoras y 10% para los pueblos indígenas). Esto garantizó la ejecución de más de 1.200 proyectos de inversión por todo Santa Cruz.
Más allá de principios de gestión pública, la autonomía enfatizó desarrollo humano, como los cabildos exigían y las mesas de diálogo departamental ratificaron. En salud, se incrementó en más de un 100% la capacidad de atención de la red de hospitales de gestión departamental. Las campañas de vacunación expandieron su cobertura en menores de 1 año: de 20% de infantes atendidos se llegó al 85%. Enfermedades comunes se redujeron notablemente. La malaria se presenta en menos de 1 caso por cada 1.000 habitantes. Chagas se redujo en áreas de infestación del 64% a 3%. La polio se erradicó completamente. Más de 80.000 personas de la tercera edad accedieron a prótesis dentales (una mejoría no solo estética sino alimentaria), mientras que más de 50.000 accedió a anteojos, gracias al apoyo de especialistas voluntarios.
En políticas para la niñez y juventud, se erradicó el trabajo infantil en zonas zafreras. Cuando niños potosinos gestionaban junto al gobierno nacional la disminución de edad mínima de trabajo, de 14 años a 8—contraviniendo las normas internacionales de la OIT—la Gobernación cruceña trabajaba con familias campesinas e ingenios azucareros, alcanzando rápidamente la reinserción escolar de menores. Tal fue el apoyo a jóvenes de todo el departamento, que éstos crearon su propio plan departamental, con más de 50 proyectos propuestos por ellos mismos. Asimismo, se garantizó el desayuno escolar gratuito en más de 50 comunidades.
En cultura, se realizó una inversión sin precedentes para la puesta en valor del patrimonio cruceño. Gracias a ello, más de 26 sitios de especial interés arqueológico fueron identificados. Se gestionó más de 40 leyes de preservación del patrimonio material e inmaterial. El patrimonio natural se expandió luego de la creación de once unidades de preservación y conservación natural. Se invirtió en cubrir el déficit de infraestructura cultural. Se masificó el deporte, fomentando el deporte confederado o competitivo.
Otros sectores, como los pueblos indígenas—generalmente relegados de beneficios reales—contaron con políticas elaboradas por indígenas. Es más, la Gobernación cruceña fue la primera en crear una secretaría de pueblos indígenas, siendo Santa Cruz el primer departamento en reconocerlos formalmente en su Estatuto y Asamblea Departamental. Desde esta secretaría, se incrementó exponencialmente el alcance de capacidades técnicas en administración pública, apoyando su gestión territorial con proyectos y capacitación de derechos políticos, fortalecimiento a sus culturas y a la gestión de recursos naturales renovables y no renovables. Se pasó de apenas dos proyectos para pueblos indígenas a comienzos de la gestión autonómica, a cientos de ellos.
Pero no todo fue desarrollo humano. En desarrollo productivo, la autonomía logró disminuir en 35%, la migración campo ciudad, pasando del 52% al 96% de provincias con proyectos de inversión productiva. Creó fondos rotatorios para el desarrollo avícola, de ganadería bovina, ovina y más. Gracias a ello, los Valles cuentan ahora con una cuenca lechera. Más de 24 ciclos de vacunación sobrepasaron las millones de cabezas de ganado. Asimismo, se liberó de patentes cerca de 150 semillas forestales y agrícolas y se invirtió en proyectos de riego. Gracias al mejoramiento del rendimiento agrícola, se abrieron centros de acopio. Pequeños y medianos campesinos e indígenas se han beneficiado de ello, incorporando criterios de combate al cambio climático y fuentes de energía renovable. Finalmente, se realizaron importantes proyectos para apalancar desarrollo industrial y apoyar el Parque Industrial cruceño.
A catorce años de su implementación, ¿qué ha significado la autonomía? La autonomía es donde el Estado de derecho continuó sobreviviendo en un país que ha priorizado como política nacional, la feudalización del territorio y la explotación a manos de capitalistas salvajes que ni reconocen Estado, ni quieren normas, ni persiguen políticas de bienestar. A pesar de las limitaciones que se le impuso a la autonomía para que ésta fracasara, los líderes políticos del ciclo autonómico (servidores públicos, autoridades electas, asambleístas), siguieron la ruta que nuestros antecesores abrieron para generaciones futuras. Por ello, a catorce años de la implementación de la autonomía, se debe ser ecuánime con este proceso y entender que ella ha sido más que una respuesta democrática de cara al presente y futuro político y económico de Santa Cruz; lo ha sido también, para el resto del país.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
