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Después de casi cuarenta días de conflicto social, del bloqueo de caminos y de un nuevo cerco al área metropolitana La Paz-El Alto, la demanda por acciones gubernamentales que restablezcan el orden crecen entre la ciudadanía. Frente a ello se observa un estancamiento del conflicto que alarga y profundiza las penurias ciudadanas de los centros urbanos afectados y el daño a la economía, que ya venía de una crisis muy grave y que será aún peor.
En efecto, en las condiciones actuales ni el gobierno ni los sectores antidemocráticos que procuran forzar la renuncia presidencial pueden desempatar el conflicto.
El gobierno nacional, que dejó por segunda vez crecer los bloqueos sin actuar oportunamente, se ha autoimpuesto una serie de limitaciones en su actuación, con el temor a que una acción más decidida de las fuerzas del orden pudiera ocasionar pérdidas de vidas humanas, que es justamente lo que buscan algunas organizaciones sindicales y políticas que buscan incendiar el país y multiplicar el conflicto.
Los sectores movilizados en búsqueda de la renuncia presidencial, aunque han demostrado capacidad de cortar las principales rutas en el occidente del país, no tienen la posibilidad de tomar el gobierno, tampoco cuentan con el apoyo de las ciudades donde reside la mayor parte de la población y recibirían un fuerte rechazo internacional que volvería inviable cualquier eventual nuevo gobierno, incluso en el caso de una hipotética sucesión presidencial, debido a que el origen sería un movimiento golpista.
El presidente Rodrigo Paz no debe ni puede renunciar porque esa decisión conduciría a la nación boliviana a una situación de conflicto de imprevisibles consecuencias, en las cuales no solo se sumiría a la nación en una crisis económica y social de imprevisibles consecuencias sino que también partiría literalmente a la sociedad boliviana en dos partes, profundizando la división social y regional a niveles extremos, puesto que claramente una porción mayoritaria de los bolivianos no reconocería a un gobierno surgido de la violencia de los bloqueos.
Qué hacer frente a estas circunstancias. Claramente la responsabilidad de resolver la situación la tiene el gobierno nacional que, a pesar de sus propias limitaciones, debe asumir la responsabilidad de ir liberando progresivamente las rutas estratégicas, para aliviar la situación de la Sede de Gobierno y permitir el flujo de mercancías y de personas entre el oriente y el occidente, sabiendo que algunas zonas como el Chapare, constituyen áreas difíciles de controlar porque, en los hechos, se han convertido en republiquetas donde ha desaparecido la autoridad del estado.
Sin embargo, acciones de las fuerzas del orden que garanticen el tránsito vehicular por rutas alternas para quitar efectividad y contundencia al conflicto son necesarias e imprescindibles, puesto que se están también perdiendo vidas humanas por la falta de traslado oportuno de pacientes hacía los centros hospitalarios, además de las carencias alimenticias que están sufriendo los distintos sectores ciudadanos, especialmente los estratos de menores ingresos.
De esta forma, se deben ir limitando progresivamente los bloqueos a zonas como el Chapare, quienes a su vez sufrirían también las consecuencias de los efectos propios de los bloqueos que ellos mismos han impuesto. El gobierno no puede apostar solo a que el conflicto se agote por el propio desgaste de las medidas de presión ya que el costo para la vida del ciudadano común es muy alto.
La ley que regula los estados excepción no será una solución mágica si no se toman las acciones correspondientes y se las preparan adecuadamente con la autoridad y el profesionalismo que debiera caracterizar a las fuerzas responsables de garantizar la seguridad pública.
Mas allá de cómo y cuando termine este conflicto, es indudable que ha surgido una nueva demanda ciudadana que no solo dominara el debate público nacional de la presente gestión, sino que quizás constituirá la principal demanda hacia futuro para una próxima elección de gobierno, el clamor ciudadano por un gobierno que garantice el orden y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al abuso y la violencia de los bloqueadores.
