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Otra semana latinoamericana sui géneris.
En Argentina, fútbol mata Cristina y no porque Scaloni o sus jugadores tengan nada con la sentenciada por chorrerío sino porque el único tema en Argentina y vecindarios es cómo jugó Messi y su gente y cómo le ganará a la tropa de Mbappé. Ni el Grupo de Puebla se reunió a consolar a la Viuda —no de Lehár sino la de Néstor—, primero por el Covid —ella bien podría decir que “todos los males caen juntos” pero seguro no lo hará porque le quedan Hotesur, Cuadernos, el Memorándum con Irán— y ahora, claro, porque hay final mundialista. Menos mal que la 22° Cumbre de la ALBA se solidarizó con ella.
(Debo reconocer —alguna vez lo he dicho— una real solidaridad —circunstancial, aclaro— con Luis Arce Catacora y coincido con él “que la democracia boliviana ‘continúa en riesgo’ por el accionar de grupos que generan violencia, odio y confrontación como una nueva forma de golpe de Estado con el objetivo de acortar el mandato constitucional”, aunque discrepo totalmente de quiénes atribuye ese “accionar”: él mismo y acólitos muchas veces han alertado de las trabadillas de sus compañeros azules y el mismo Morales no ha tenido embozo en decirlo. Pero como dedicaré a LAC mi columna próxima, dejo por ahora el tema).
Vuelvo al Perú.
El pasado miércoles 7, el entonces presidente constitucional Pedro Castillo Terrones se desconstitucionalizó con un autogolpe de Estado justificándolo por “la situación como ‘intolerable’ y en atención al ‘reclamo ciudadano’”, al anunciar “establecer un gobierno de excepción […] disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, convocar en el “más breve plazo” a elecciones para un Congreso con facultades para elaborar una nueva Carta Magna y determinando que “a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la república se gobernará mediante decretos ley”, lo que complementó con toque de queda a nivel nacional y la reorganización del sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal para “enrumbar a Perú”.
Después, detenido ya, dijo que “no se recordaba” de lo que había dicho y hecho. Era exactamente lo mismo que en 1992 hizo Alberto Fujimori Fujimori (en estos días su compañero de reclusorio).
A pesar de este panorama, cuatro gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente: el de Gustavo Petro de Colombia, el de Andrés Manuel López Obrador de México, el de Alberto Fernández de Argentina y el de Luis Arce de Bolivia adujeron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de […] el Presiente (textual) Castillo Terrones […] víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] para luego ser objeto de un tratamiento judicial […] violatorio del artículo 25 de la mencionada convención” y deja un cierre sofista de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
(El artículo 23 de la Convención se refiere a derechos políticos —los de los peruanos los violó flagrantemente Castillo con el autogolpe— y el 25 a la protección legal de los ciudadanos —Castillo tiene abogado y se le acusa dentro de las leyes peruanas. Por cierto, es el mismo artículo de la CADH que arguyó el mendaz y servil Tribunal Constitucional para violar en 2017 los resultados del Referéndum Constitucional de 2016 que prohibió reelegirse a Morales).
Partiendo de que el Congreso de la República (130 diputados en 10 bancadas) le hacía competencia por cuál era el más rechazado (Congreso: 82%; Castillo: 67%); que si Castillo ganó la segunda vuelta (con el 0,26%) es porque medio Perú es antifujimorista; que en primera vuelta su primera mayoría fue de menos del 19%; que contra su entorno, su familia y él mismo se acumulaban las denuncias de corrupción, y que de los nueve presidentes, tras 2000, sólo dos —Paniagua y Sagasti— no fueron implicados en corrupción: Toledo en proceso de extradición desde EEUU; García se suicidó al ser aprehendido; Humala ha estado preso; Kuczynski renunció cuando era investigado, y Vizcarra fue vacado (Merino no fue acusado porque sólo gobernó cinco días).
En los días siguientes, han sucedido protestas con grave violencia, principalmente en el sur del país, que —desbordado el reclamo ciudadano contra el Congreso— guardan similitud con las de Chile 2019 y 2021 y Colombia y Ecuador 2021, denunciadas en esos casos como parte de un supuesto “Manual del Grupo de Puebla”.
La solución: adelantar para 2023 a brevedad las elecciones generales —presidenciales y congresales— respetando los procesos constitucionales. A fin de cuentas, Sagasti como presidente transitorio las puedo convocar y solucionar en ocho meses; quizás Boluarte no es el árbitro idóneo para ello.
