Opinión

Tokio ¿cuánto valen las medallitas?

José María Cabrera

Abogado constitucionalista, profesor de derecho y ex Procurador General del Estado

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Millones y millones de dólares es el costo que un país debe gastar sostenidamente durante varios años, para implementar y poner en marcha un sistema deportivo capaz de lograr que sus máximos exponentes se encuentren, finalmente, en condiciones de ganar una medalla olímpica.

Si esto es tan costoso, ¿vale la pena asignar estos recursos al deporte en vez de a hospitales, colegios, carreteras y tantas áreas de importancia para el bienestar y desarrollo de un país?

Sea dicho de paso, y esto no es un dato menor, nuestra propia Constitución Política del Estado, en su Artículo 105, ha establecido, nada más y nada menos, que garantizar los medios y recursos necesarios para la práctica del deporte competitivo, es una auténtica obligación financiera del Estado. 

No obstante ello, y en perenne desobediencia a éste mandato constitucional, Bolivia, de modo muy distinto a lo hecho por las potencias olímpicas como EUA o China, e incluso a diferencia también de otros países de similar tamaño al nuestro, como Ecuador o Colombia, históricamente ha optado por ahorrarse esos recursos y más bien asignarlos a otros rubros, y precisamente por esa decisión, y no otra, nuestro país continua padeciendo una muy penosa e irremediable situación. Veamos cuál es esa realidad.

El simple hecho de que nuestros atletas jamás obtendrán preseas deportivas, finalmente resulta siendo una nimiedad si se cae en cuenta que la verdadera ganancia o pérdida de un país, al decidir destinar o no significativos recursos al deporte, es en realidad el temple y carácter que formará en toda su población nacional, inmersa en la masificación deportiva, de modo que lúdicamente sus ciudadanos podrán aprender a ser muy disciplinados, fijarse metas, trabajar duramente para alcanzarlas, sobreponerse ante las dificultades, respetar las reglas del juego y a los árbitros (lo que equivale a respetar las leyes y a las autoridades), desarrollar el espíritu competitivo, a trabajar en equipo, cooperativamente, a no visualizar al adversario de turno como un acérrimo enemigo que hay que aniquilar, a aprender de los errores, a soñar en grande, muy en grande, y aspirar a ser los campeones, los mejores del mundo.

Como se puede ver, por medio del deporte el Estado puede inculcar a su sociedad una amplísima gama de altos valores, lo cual no puede tener otro resultado que elevar los rendimientos en múltiples áreas, que la misma sociedad va obteniendo por sí misma a través del tesón de cada uno de sus individuos.

Además de ello, el gasto en deporte también conlleva múltiples beneficios en la salud mental y física de los ciudadanos, previniendo y aliviando todo tipo de enfermedades y, finalmente, es bien sabido que la opción de la juventud y la ciudadanía en general por el deporte, se constituye en una eficaz alternativa de sano ocio que previene vicios, alcoholismo y drogadicción. ¡Todo un paquete completo!, el mismo que nos permite caer en cuenta que las meras medallitas, son tan solo migajas en comparación al gran beneficio que han obtenido las Naciones que, a diferencia de Bolivia, sí han optado por la decisión de asignar un cuantioso presupuesto para formar mejores ciudadanos, y aunque no todos ellos logren colgarse una medalla olímpica, sin duda alguna serán ciudadanos de gran valía gracias a los frutos que la práctica del deporte ha dejado en ellos y ellas como una marca indeleble.

No se había equivocado nuestra Constitución, y mucha sabiduría condensa el mandato de su Artículo 105, cuyo propósito trasciende mucho más allá de la ganancia y acumulación de medallas, sino más bien al acrecentamiento de hombres y mujeres con muy altos valores y valía, para forjar un destino de gran bienestar y desarrollo para nuestra Patria boliviana.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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José María Cabrera

Abogado constitucionalista, profesor de derecho y ex Procurador General del Estado

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