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La tozudez de Evo Morales y sus acólitos de buscar imponer su candidatura presidencial (extemporánea y sin partido político alguno), ha traspasado todos los límites legales, y configuran la comisión de varios delitos graves, previstos y sancionados por el código penal, la ley del régimen electoral y la justicia internacional. El llamado a cercar la ciudad de La Paz y pedir la renuncia de Luis Arce no sólo busca obstaculizar y torpedear las elecciones generales (como se hizo con las judiciales), sino también organizar y ejecutar actos criminales en varios lugares del territorio nacional.
La Ley del régimen electoral establece que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales… será sancionado con la pena privativa de libertad de dos a cinco años (art. 238.h). Por su parte, el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública, y atentare contra la seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad… con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, o un sector de ella u obligar a un gobierno nacional; subvertir el orden constitucional o deponer al gobiernos elegido constitucionalmente… será sancionado con la pena de 15 a 20 años (art. 133). A todos estos delitos (hechos flagrantes y permanentes) hay que agregar el proceso por agresiones sexuales.
Evo Morales no sólo genera terror, zozobra y muertes, sino que parece tener un plan vengativo y criminal en contra de la mayoría del pueblo boliviano. No es la primera vez que busca cercar, bloquear y convulsionar el país. En las protestas ciudadanas del 2019, advirtió: “yo les voy a enseñar a bloquear”, e impuso el terror cuando grupos de cocaleros y supuestos mineros, con dinamitas o bombas molotov, y enardecidos vecinos de zonas rurales aledañas a Cochabamba, El Alto y La Paz, descendieron sobre estas ciudades para quemar o destruir domicilios, recintos policiales, propiedad municipal, fábricas, farmacias o agencias bancarias. Aquellos bloqueos y movilizaciones impidieron trasladar oxígeno a varios hospitales, y cobraron la vida de varios bolivianos que sufrían la Covid.
En las referidas movilizaciones, se evidenció la vinculación del MAS con el terrorista peruano Oscar Serna Ponce, condenado por el secuestro de Samuel Doria Medina. El extranjero tenía nexos con el exministro Hugo Moldiz y Raúl García Linera, entre otros. En los enfrentamientos realizados en Montero también fue herido de bala el guerrillero de la FARC colombiana, Facundo Molares Schoenfeld. Las células terroristas Castro-chavistas han operado no sólo en completa libertad durante el gobierno de Evo Morales, sino que eran protegidas por las ex autoridades gubernamentales. El terrorista peruano Oscar Serna Ponce, era jefe de campaña de un candidato, y se pavoneaba con exautoridades nacionales.
Evo Morales, desde hace más de 30 años, no ha dejado de incitar y practicar la violencia, los criminales bloqueos, y atentar contra la vida de buena parte de la población. El líder cocalero pasará a la historia no sólo como el autor de la caída de su propio gobierno por la angurria de poder y saltarse la Constitución, los convenios y pactos internacionales, sino igualmente como el autor del suicidio político del MAS. Las perversas y criminales movilizaciones, protagonizadas por Evo Morales, en algún momento tendrán que ser castigadas por la justicia. El cocalero y sus partidarios se han convertido en una organización criminal, que buscará (por todos los medios posibles) tener vigencia política para protegerse de la violación de los derechos humanos, los hechos de corrupción, el despilfarro y la descomunal crisis económica existente.
La angurria de poder de Evo Morales no puede imponerse por la fuerza de un grupo de ciudadanos que actúan al margen de la Ley, la Constitución y los principios democráticos. Está clarísimo que el caudillo busca no solo obstaculizar y postergar las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto, sino también la impunidad por los casos: Terrorismo, Chaparina, La Calancha, El Provenir, el Fondo Indígena, las agresiones sexuales, etc. Este es el legado de Evo Morales: una organización a todas luces criminal y vengativa.
