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El anuncio del Comité Cívico de que Santa Cruz buscara establecer una nueva relación con el Estado en el ámbito de la autonomía es sensata, prudente y realista. Sensata, porque elude el camino de las posturas maximalistas que únicamente ahondarían el clima de polarización política y que, obviamente, serían bien aprovechas por el MAS y el gobierno para embestir nuevamente contra Santa Cruz y para tratar de confrontarla con los otros departamentos del país.
Prudente, porque no tiene sentido dejar de lado el régimen autonómico cuando éste apenas se ha materializado y tiene más tareas pendientes que realizaciones concretas. Ello, en gran medida, porque el régimen gobernante -que por su propio carácter autocrático es enemigo de la descentralización- no solo que ha puesto piedras en el camino, sino que ha retenido y concentrado en el poder ejecutivo competencias y recursos que deberían estar en manos de los gobiernos subnacionales, truncando así el avance de la descentralización y las autonomías territoriales.
Pero también hay que decir que en la mayoría de los departamentos no ha habido decisión ni capacidad de asumir las funciones del gobierno departamental, de manera que su funcionamiento no difiere mucho de las viejas prefecturas política y económicamente dependientes del gobierno nacional. Un diagnóstico de la situación y el desempeño de las entidades territoriales muy probablemente mostraría debilidades institucionales marcadas, incipiente capacidad de gestión, asambleas departamentales desorientadas, que ni legislan ni fiscalizan, y una sociedad civil distante e indiferente a lo que hacen o dejan de hacer sus autoridades y representantes. Se puede hablar incluso de falta de conciencia autonomista en muchos departamentos.
En tales condiciones es evidente que el régimen autonómico no ha agotado, ni muchos menos, sus posibilidades de encauzar un proceso de descentralización política, administrativa y económica. Ignorar esas realidades, para forzar el salto al federalismo, como en algún momento se ha pretendido, probablemente habría sido un salto al vacío, amén del choque de trenes que se habría desatado, tensionando mucho más la frágil unidad nacional.
Y realista, porque retomar la autonomía como el marco jurídico e institucional para exigir y buscar la reforma del Estado, descentralizar el poder político y promover mejores condiciones y posibilidades de desarrollo territorial con autogobierno y participación democrática, es el camino del sentido común. No cabe duda de que el reposicionamiento de la demanda cruceña de respeto y trato equitativo a sus intereses y necesidades le confiere a Santa Cruz la autoridad moral -y la fuerza legítima- de impulsar un movimiento cívico-nacional para relanzar el proceso de descentralización sustentado en un gran acuerdo nacional. Acuerdo nacional que también debe ser el espacio de concertación política y regional para concretar el ansiado Pacto Fiscal, así como para procesar los efectos jurídicos de los resultados del Censo de Población 2024.
Bajo estas premisas, cabría esperar que la dirigencia cívica cruceña tome la iniciativa de dialogar con las organizaciones cívicas y políticas de los otros departamentos, a fin de lograr consensos y aunar voluntades que hagan factible apuntalar el proceso de descentralización en los términos más favorables para las regiones y la nación boliviana. Y tiene que ser dentro este mismo espíritu de unidad e integración que se discuta y se acuerde con los poderes del Estado las correcciones, los ajustes y las complementaciones necesarias para revitalizar el régimen de autonomías, a la luz de la experiencia y las lecciones aprendidas.
