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La devolución por parte de Repsol de los campos Mamoré y Surubí a YPFB, que la compañía española desarrolló por varios años, confirma el agotamiento productivo de los campos de hidrocarburos. Surubí tuvo su pico de producción en 1998 con 14 mil barriles de crudo por día, mientras que Mamoré alcanzó en 2004 una producción máxima de 4.000 barriles.
Repsol no abandona el país, ya que la compañía continúa operando el campo Margarita. Pero sí es una alerta importante de la crítica situación del sector petrolero. Anteriormente Petrobras devolvió los campos de Caranda y Colpa, Shell hizo lo mismo con los campos Escondido y La Vertiente, y Pluspetrol con Bermejo. Estas devoluciones se hicieron por la falta de resultados económicos, sea porque los campos cumplieron su ciclo productivo o porque su explotación no asegura la rentabilidad necesaria.
La cuestión inquietante es el acelerado deterioro de la capacidad de producción y la carencia de reservas para reponer los volúmenes que se dejan de producir y exportar. Tal como ha señalado el Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia 2023, el declive de la producción de gas y líquidos asociados viene de los últimos 8 años; la producción se redujo 35% desde 2015. En 2022 el sector de hidrocarburos se contrajo 8.4% a pesar del alza de los precios de exportación. Otro efecto pernicioso es que el año anterior Bolivia importó combustibles por valor de $us 4.407 millones, mientras que las ventas de gas al exterior fueron de $us 3.089 millones, de manera que la balanza comercial energética fue negativa en $us 1.300 millones. Bolivia se ha convertido en importador neto de hidrocarburos.
La creciente dependencia de combustibles importados implica que año tras año aumenta el subsidio a los combustibles, que Milenio ha estimado en $us 1.700 millones para el año 2022 (3.8% del PIB), siendo esta una de las razones del elevado déficit fiscal, por encima del 7% del PIB durante 8 años consecutivos.
La reducción de la producción tiene relación directa con el déficit de inversiones en el sector, las que declinan desde el 2015. En 2022 la inversión extranjera (de algo más de 200 millones de dólares) fue la mitad de la del año 2021. Durante la última década y media, las inversiones priorizaron la explotación de reservorios ya existentes y poco o nada la exploración de nuevos campos para sustituir las reservas consumidas. Las inversiones de YPFB intentaron llenar el vacío dejado por el repliegue de la IED, pero sin conseguirlo. Si realmente invirtió $us 2.500 millones -como han dicho sus ejecutivos-, los resultados han sido muy modestos, lo cual demuestra que tan importante como el capital es el conocimiento técnico avanzado del que nuestra petrolera carece.
La sequía de IED ha provocado una tormenta perfecta: cae la producción, se pierden mercados externos, escasean los dólares para asegurar la importación de combustibles, hay interrupciones en el abastecimiento de carburantes y se cierne la amenaza de tener que importar en el futuro gas natural para atender la demanda interna.
Lo insólito frente es la pasividad del gobierno, que linda en la negligencia. Lo único que pueda salvar a la moribunda industria hidrocarburífera es una nueva corriente de inversión extranjera, y para ello es indispensable una nueva ley de hidrocarburos que dé seguridad, garantías e incentivos a la inversión privada, una política agresiva de búsqueda de mercados y un nuevo marco regulatorio que promueva la competencia y libere el mercado de un intervencionismo estatal asfixiante.
