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El operativo militar estadounidense que capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, poniéndolos a disposición de tribunales de Nueva York, transformó profundamente el contexto político y social de Venezuela, abriendo un proceso de transición que repercutirá en el ámbito de las actividades artísticas y culturales.
Previo al operativo de enero de este año, la situación de la cultura en Venezuela en 2025 había estado sujeta a una mordaza operada a través de múltiples instrumentos normativos, como la denominada “Ley del Odio” o la más reciente Ley Anti-Sociedades, aprobada en agosto de 2024, en un marco de recrudecimiento de la represión en los meses siguientes a las elecciones presidenciales.
Esta nueva herramienta de control buscaba anular la autonomía del espacio cívico venezolano, imitando lo realizado en los últimos años en Nicaragua por el dictador Daniel Ortega, quien utilizó una legislación similar para disolver desde la Academia de la Lengua hasta asambleas de derechos humanos, pasando por fundaciones culturales y grupos defensores de la libertad de prensa y expresión.
Durante el proceso de aprobación en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, no dejó lugar a dudas sobre las intenciones represivas, llegando a mencionar a 62 organizaciones a las que se podía imponer la ley.
Si este instrumento totalitario no llegó a ser aplicado más a fondo, disolviendo el espacio cívico venezolano, fue en gran parte debido al corte político producido en enero, sin el cual la agenda 2026 del régimen probablemente se habría enfocado en ese desmantelamiento de la sociedad civil.
Tras la caída de Nicolás Maduro y la sustitución por Delcy Rodríguez, los órganos del régimen se debaten entre la salida ordenada y el alargamiento de una “dictablanda”, con cambios normativos calificados de insuficientes por la oposición democrática. Entre estos cambios está la ley de amnistía procesada por la Asamblea Nacional, que no alcanza al 100% de los presos políticos ni incorpora mecanismos de reparación a las víctimas de las detenciones indebidas.
De momento, todo el complejo aparato de censura de prensa y expresión montado durante décadas por el chavismo y madurismo permanece intacto, pero comienzan a abrirse ciertas “grietas culturales”: reaparecen los murales callejeros y artistas en la clandestinidad vuelven a mostrarse en espacios públicos. Se instalan paneles de debate en las principales universidades, donde académicos e intelectuales discuten sobre la “dictadura sin dictador”, y se publican Manifiestos por la Libertad Plena, exigiendo la derogación de la “Ley contra el Odio”.
Lo cierto es que la reestructura de la política cultural venezolana necesitará de la democracia plena, que vendrá de la mano de nuevos comicios. El desmontaje del aparato de censura sería el primer paso, que tendría que ser seguido de una reconstrucción material, por ejemplo, en el sistema de museos, destruidos por la negligencia o la intención durante el chavismo.
