Escucha la noticia
La búsqueda de soluciones a la encrucijada económica que atraviesa Bolivia ha dado como resultado propuestas de toda índole. Es natural que, ante un problema, las personas que suelen comentar o analizar la realidad política o económica del país se lancen a presentar lo que consideran que sería el mejor camino para el país. El problema del problema, en todo caso, surge cuando estas propuestas no se analizan sino en cuanto tales, es decir, como propuestas aisladas, sin considerar sus impactos o consecuencias.
El desafío del diseño consiste en pensar políticas públicas que pasen la prueba del «¿Y después qué?». Esta pregunta puede llevarnos a consideraciones políticas, económicas y sociales, por mencionar algunas. Sin embargo, considero que bastará con exponer cómo algunas de las propuestas que ya circulan en el debate público no logran pasar este primer filtro, atendiendo únicamente a las consideraciones económicas.
En una economía donde los dólares escasean y el precio del dólar en bolivianos presenta importantes fluctuaciones diarias, confiscar los dólares de los exportadores pareciera una salida fácil. El razonamiento, simplificado, consistiría en formar una oficina tipo «ventanilla única», por la cual tendrían que pasar todos los que desearan exportar. Al momento de concretar su operación, los exportadores recibirían sus dólares, mismos que, en el acto, serían confiscados por el gobierno para ser cambiados a un tipo de cambio fijado arbitrariamente por este. Así, quien quisiera exportar tendría que entregar, voluntariamente o no, sus dólares al gobierno, que ahora podría destinarlos a operaciones como la importación de combustibles.
Es aquí donde nos detenemos y nos hacemos la sana pregunta: «¿Y después qué?». Si el tipo de cambio fijado por el gobierno resulta mayor que el de mercado, es decir, se pagan más bolivianos por dólar que los que ofrecen las contrapartes privadas, entonces el gobierno tendría que desembolsar una mayor cantidad de bolivianos por cada dólar adquirido. Si, en cambio, el tipo de cambio resulta igual al de mercado, la medida tampoco estaría exenta de consecuencias. Aunque la confiscación permitiría concentrar en manos del gobierno una mayor cantidad de dólares, también impediría que otros agentes económicos, como los importadores, pudieran acceder libremente a esas divisas en el mercado. Ahora tendrían que recurrir al gobierno para conseguirlas, quedando su disponibilidad sujeta a las decisiones de este.
Lo interesante se observaría si el gobierno intentara forzar a los exportadores a transar esos dólares a un tipo de cambio por debajo del de mercado, es decir, ofrecer menos bolivianos por dólar confiscado, en comparación con la alternativa de transar en el mercado. Aquí la consecuencia inmediata es que la exportación, como negocio, se desincentiva. La oportunidad de ganancia derivada de producir bienes y servicios, intercambiarlos por dólares y vender esos dólares a un precio favorable es un incentivo que moviliza al sector exportador. Naturalmente, este incentivo no es exclusivo de los exportadores. El lucro resulta ser el mismo motivador para mineros, agrónomos y, con toda seguridad, para quien lee estas páginas, a la par de quien las escribe.
El problema es todavía mayor para aquellos exportadores que necesitan dólares para financiar sus propias operaciones. Imaginemos que un exportador recibe cien dólares, mismos que el gobierno lo obliga a vender por mil bolivianos. Si posteriormente necesita recuperar esos cien dólares para importar maquinaria, combustible o insumos, pero debe acudir al mercado y pagar mil doscientos bolivianos, habrá perdido doscientos bolivianos en una operación que jamás habría realizado voluntariamente. Naturalmente, esto dependerá de si el gobierno le permite acceder nuevamente a las divisas y bajo qué condiciones. En todo caso, el exportador queda sujeto a una nueva restricción que puede encarecer sus operaciones y reducir su rentabilidad.
¿Y qué ocurre con los importadores? Si el gobierno decide venderles los dólares confiscados a un precio inferior al de mercado, se produciría una transferencia de riqueza. Los exportadores estarían obligados a vender sus dólares baratos para que otros agentes económicos pudieran comprarlos a un precio más favorable que el disponible en el mercado. Dependiendo del precio al que el gobierno revenda las divisas, parte de esa diferencia beneficiaría a los importadores y otra podría quedar en manos del propio gobierno. Lo que inicialmente se presentaba como una solución a la escasez de dólares terminaría creando un sistema en el que la autoridad decide quién debe entregar sus divisas, quién puede comprarlas y a qué precio.
Sin estos incentivos, o con ellos considerablemente reducidos, los agentes económicos buscarán otras alternativas. Una primera consecuencia sería un golpe al sector exportador y, por extensión, una menor cantidad de dólares disponibles para confiscar.
¿Los problemas acabarán ahí? Si seguimos analizando la propuesta, veremos que no. Aunque la medida de confiscar dólares puede expulsar del mercado a muchos exportadores que se encuentran en el margen, difícilmente acabaría con el negocio exportador en Bolivia. Lejos de conceder la derrota, quienes impulsan este tipo de medidas podrían cantar victoria, arguyendo que todavía existen exportadores a los cuales confiscar sus divisas. Sin embargo, otra consecuencia no intencionada de esta medida sería el incentivo a subdeclarar exportaciones, de modo que los exportadores intentarían, por medio de un mercado gris o negro, vender una parte —la mayor cantidad posible que no levante demasiadas sospechas— de sus dólares al tipo de cambio de mercado, más favorable que el ofrecido por el gobierno. Nuevamente, la base de dólares disponibles para confiscar por parte del gobierno podría reducirse.
Un análisis similar podría desarrollarse en torno a medidas como la nacionalización de la banca y las minas, los impuestos a las ganancias o a las grandes fortunas, o la promoción de todavía más empresas estatales. Cada una de estas propuestas tiene sus propios mecanismos y consecuencias, que deberían examinarse antes de presentarlas como soluciones definitivas. Por supuesto que una propuesta sonará atractiva si es presentada como una solución completa y cerrada. Su atractivo, empero, disminuye una vez que, tras una mirada detenida, sus fisuras dejan filtrar la luz. Una política que promete resolver un problema puede terminar generando otros, cada uno más difícil de contener con nuevas intervenciones.
Llegados a este punto, convendría replantear la pregunta del inicio, pasando del «¿Y después qué?» al «¿Por qué?». Antes de adoptar medidas que alteran los incentivos y distorsionan los mercados, ¿no convendría, acaso, preguntarse primero qué ocurrirá después?
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
