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Apuntes sobre la autonomía

Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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Es conveniente recordar lo que gran parte de los bolivianos votamos en el referendo autonómico del año 2006, el cual fue (dentro de lo formal) el puntapié inicial rumbo a la constitucionalización de la autonomía.

La pregunta señalaba lo siguiente:

¿Está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos económicos – financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?

Si desglosamos a detalle la pregunta, vemos claramente que la intención de dotarnos de un régimen autonómico tenía como finalidad: 1. Elegir directamente mediante el voto a las autoridades departamentales; 2. Ejercer competencias ejecutivas y normativas; y 3. Recibir recursos económicos-financieros, entendiéndose que éstos deben estar acorde al nuevo modelo a implementar. En otras palabras, votamos por una autonomía política, competencial y económica-financiera.

En cuanto a la autonomía política se refiere, podemos considerarla una tarea cumplida. Si bien siempre es factible mejorar el sistema electoral bajo el cual se eligen a las autoridades departamentales (al igual que a cualquier otra autoridad), hoy en día su elección mediante el voto popular es incuestionable. Algunas personas olvidan que como país apenas hemos acudido a tres elecciones de gobernadores y asambleístas departamentales en nuestra historia.

Tener un Gobierno Departamental emanado de la voluntad popular es una conquista que no podemos permitirnos olvidar, porque estaríamos olvidando la lucha de muchos otros bolivianos que en el pasado pelearon por este derecho, así como en su momento también se lo hizo por la elección directa de alcaldes y concejales.

Respecto a la autonomía competencial, estamos en un punto intermedio. Existe un catálogo competencial constitucionalizado, que si bien tiene deficiencias éstas podrían haberse subsanado mediante la legislación. Pero el partido político gobernante, aprovechando su mayoría parlamentaria, ha hecho lo contrario y ha “recentralizado” muchas competencias vulnerando la propia constitución. La falta de un Tribunal Constitucional imparcial e independiente es también un problema para poner un freno a estas leyes que representan un retroceso para la autonomía. Sin embargo, tampoco se puede desmerecer el hecho de que se haya roto el monopolio legislativo, y que ahora los gobiernos departamentales y municipales puedan dictar leyes con el mismo nivel de jerarquía que las leyes nacionales. Falta comprensión sobre la relevancia de este hecho, aunque obviamente soy consciente de que es consecuencia de los desequilibrios políticos que existen. Pero en caso de que hubiera la voluntad o las condiciones necesarias, es plenamente factible realizar un reacomodo competencial sin la necesidad de reformar la constitución sino más bien aprobando una nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización, principalmente.

Lo que también es plenamente factible de realizar dentro del actual marco constitucional, es avanzar en la autonomía económica-financiera que es donde se tienen los retos más grandes ya que es donde poco o nada se ha avanzado. El mérito que podemos citar en este ámbito de la autonomía es el mandato legislativo que existe para la elaboración de un Pacto Fiscal, el cual es el camino no solo para reformar el régimen económico-financiero; sino también para realizar justamente una evaluación del ejercicio de las competencias, bajo las cuales se debe realizar una redistribución justa, equitativa y solidaria de los recursos públicos que pertenecen a todos los bolivianos.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Eric Cícero Landívar Mosiño

Abogado y Politólogo. Magister en Derecho Constitucional y Autonomías. Experto en materia electoral

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