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Una de las grandes reformas estatales de las últimas décadas fue autogestionada, en sus primeros pasos, desde instancias de la sociedad civil y por representantes populares electivos congregados de manera independiente.
Hablamos de la autonomía departamental, impulsada en 2004 por un Consejo Preautonómico integrado por notables designados por el comité cívico cruceño, y desde 2005 por la Asamblea Provisional Autonómica, en la que estaban representados todos los cargos deliberantes del departamento de Santa Cruz, desde los concejos municipales, a través de sus presidentes, hasta los consejeros departamentales y los parlamentarios.
Por esa vía autogestionaria se fue diseñando la reforma autonómica, recogida de manera parcial por la nueva Constitución, pero que de todas formas consolidó para todo el país la elección directa de gobernadores y asambleístas departamentales.
El ejemplo de lo realizado en ese tema podría servir de hoja de ruta para un itinerario similar en materia de transformación judicial, para lo cual el movimiento cívico nacional, colegios profesionales, universidades, brigadas parlamentarias, asambleas departamentales y concejos municipales podrían delegar representantes a una entidad consultiva convocada ad hoc, una asamblea ciudadana para la reforma de la justicia, combinando conocimiento técnico-jurídico y legitimidad del mandato popular.
Esta asamblea estaría encargada de diseñar la propuesta de reforma del sistema judicial boliviano, apuntando a la independencia, meritocracia y autonomía financiera de las que hoy carece el Órgano del Estado en cuestión, incluyendo además las vías institucionales (referéndum, iniciativa ciudadana, reforma parcial de la CPE, adelantamiento de elecciones judiciales o lo que corresponda) para materializar el cambio.
Un proyecto de este tipo podría tener la virtud de dar un salto, de la agenda de resistencia a los atropellos gubernamentales, necesaria pero limitada, a una agenda proactiva que ponga la iniciativa en el campo de los sectores democráticos.
Un agregado interesante que se podría hacer al modelo de los consejos y asambleas de 2004-2005 es la participación ciudadana a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), abriendo el debate por la vía digital, lo que puede incluir si es necesario el voto electrónico en alguna de las fases del proceso.
Sigmund Freud remarcaba que “el primer requisito de la civilización es el de la justicia”. Podemos agregar que, en la medida en que la democracia republicana es la forma de organización política más civilizada desarrollada hasta el momento, la justicia imparcial y eficiente es una condición imprescindible para la convivencia en este sistema.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
