Comunarios de Mapiri responsabilizan a alcalde masista Alfredo Apaza por el conflicto minero en Charopampa
El viernes 9 de este mes se registró un nuevo enfrentamiento entre comunarios de Charopampa y cooperativistas mineros, que dejó 14 policías heridos
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Comunarios de Charopampa del municipio de Mapiri, del departamento de La Paz, responsabilizan al alcalde de ese poblado, Alfredo Apaza (MAS), por el conflicto minero que dejó 14 policías heridos el pasado viernes. Denuncian que éste es socio de la cooperativa aurífera 15 de Mayo, cuestionada por daño ambiental y el desvío del río Mapiri.
“El actual alcalde de Mapiri es el autor intelectual de fundar esta cooperativa, es socio de la cooperativa (…), este señor está usando su influencia política para mover a efectivos policiales en favor de su cooperativa”, declaró el presidente de la comunidad indígena originaria de Charopampa, Esteban Pilui, en entrevista con el Observatorio de Defensores de UNITAS.
El viernes 9 de este mes se registró un nuevo enfrentamiento entre comunarios de Charopampa y cooperativistas mineros, que dejó 14 policías heridos: dos por balines de goma y otros con contusiones, además de un comunario, luego del uso de dinamitas, gases lacrimógenos y perdigones, según Página Siete.
Más de 300 policías fueron enviados la anterior semana a la comunidad de Charopampa para mantener el orden en la zona, luego de los conflictos y enfrentamientos entre comunarios y cooperativistas, iniciados a finales de junio. Según el abogado de la comunidad, Freddy Tamayo, la Policía fue retirada tras los enfrentamientos del viernes.
Tres días antes el alcalde del municipio de Mapiri, Alfredo Apaza, solicitó a la Procuraduría General del Estado que se asuman acciones legales en contra de los comunarios a los que llama “avasalladores” que se oponen a las operaciones de la Cooperativa Minera Aurífera 15 de mayo.
Los comunarios denunciaron a través de fotografías y videos la gasificación, la destrucción y la quema de carpas y vehículos.
El conflicto
Pilui detalló que el conflicto data de 2012, cuando la cooperativa comenzó a explotar oro en su territorio sin el consentimiento de la población, pero con autorización de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM).
“Las viviendas de la comunidad Charopampa resultan cuadriculadas y por eso hemos hecho demanda ante la AJAM, para pedir explicación por qué han cuadriculado hasta las viviendas, el área urbana de Charopampa. Entonces nunca hemos sido escuchados y es a raíz de eso que en vista de que no había respuesta de las autoridades”, denunció Pilui.
Explicó que la cooperativa desvió el cauce natural del río Mapiri, lo que afectó al menos 300 hectáreas de cultivo y viviendas de la comunidad; provocó deslizamiento de la plataforma. Precisó que su principal demanda es que estas tierras vuelvan al control de la comunidad.
Se prepara un informe de derechos humanos
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, se encuentra en Charopampa desde la pasada semana. Este lunes se reunió con los comunarios para conocer su situación e inspeccionar la zona.
Mencionó que alistará un informe sobre este caso junto con los abogados y comunarios del lugar, toda vez que al parecer el alcalde del MAS está comprometido con esta cooperativa minera.
Posición del Observatorio de Defensores de UNITAS
Asimismo, el Observatorio de Defensores de UNITAS, afirma que el conflicto en Charopampa es el resultado de un conjunto de violaciones a derechos humanos y la institucionalidad democrática del Estado.
“La AJAM ha demostrado negligencia al no responder a las solicitudes de información presentadas por los comunarios afectados, pese al paso de años luego del inicio de las operaciones de extracción. La Gobernación de La Paz y el Ministerio de Minería también han actuado de manera contraria a sus funciones, omitiendo responder a las denuncias de los afectados”, resalta.
Destaca que el alcalde del municipio, Alfredo Apaza, es acusado de tener intereses particulares, al ser parte de la cooperativa minera, actuando de manera contraria a los intereses de la población del municipio de Mapiri.
Por otro lado, condena las afectaciones medioambientales que realizó esta cooperativa a costa, además, de la salud de las y los indígenas lecos, que habitan en la comunidad.
“Las acciones de la empresa minera han contaminado el ecosistema de la zona, e incluso han desviado el río Mapiri, atentando contra los derechos del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de la salud, al agua y a la vida”, finaliza el texto que expresa la posición del Observatorio.
