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El escándalo por corrupción de turno es la compra por la Gobernación oficialista de Potosí –acta de recepción incluida- de 41 ambulancias que, no aparecen por ningún lado, fantasmas también habían sido. La noticia ha ocupado reiteradamente los titulares de la mayor parte de los medios, desbordado las RRSS y, por tanto, ha sido ampliamente difundida.
Para todos menos para el CEO de la Fiscalía General, que también ha batido todos los récords al espetar: “Tenemos simplemente lo que ustedes saben: una información sobre un proceso de contratación en la Gobernación de Potosí. Y lo que nosotros necesitamos (es) tener un elemento, una noticia fehaciente que dé lugar al inicio de la investigación…” (https://correodelsur.com/seguridad/20220119_lanchipa-dice-que-se-necesita-noticia-fehaciente-para-investigar-el-caso-ambulancias-en-potosi.html).
Según la Constitución Política el Ministerio Público defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad y, es titular de la acción penal pública, debiendo ejercerla según sus principios cardinales de legalidad, oportunidad, objetividad y responsabilidad. Su CEO, el FGE es su autoridad jerárquica superior y ejerce su representación.
El CPP abunda que el Fiscal, al recibir una información fehaciente sobre la comisión de un delito dirigirá la investigación, etc. El “Manual de Actuaciones Investigativas de Fiscales, Policías y Peritos” (2007), realizado con asistencia técnica de la GTZ/RPP con la FGE –aprobado por resolución conjunta de esa entidad y la Policía Nacional- para su aplicación en todas las investigaciones del territorio nacional, enseña que es noticia fehaciente: “Cualquier forma o medio, de asumir conocimiento de un hecho delictivo; con excepción de la denuncia o la querella. (Teléfono, medios de comunicación, de oficio, etc.)”.
Así las cosas –y los también, fehacientes dislates- ocurre que a la vista de la trascendencia de ese nuevo acto ampliamente difundido que supura corrupción por todos los poros -20 millones, incluidos- resulta elemental que el principal titular de la acción penal pública y responsable del organismo obligado a combatir el delito incluyendo la corrupción pública, no podría hacerse –además, muy útil tampoco le será- al desentendido, al del otro viernes, cuando prácticamente todo el país, tiene la noticia “fehaciente” de ese hecho.
Por ello es que por ejemplo, el Informe del GIEI (entre muchos otros similares) critica la instrumentalización del sistema de justicia, sobre todo penal, con fines políticos partidarios; lo que precisa se plasma entre otros vicios, en la falta de debida diligencia y serias deficiencias en la investigación de hechos presuntamente delictivos: “No es raro observar que el Ministerio Público no investiga adecuadamente” (sic, página 283); recomendando al estado boliviano: Garantizar la transparencia y objetividad del ejercicio de la acción penal y la realización de investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas.
Ello implica naturalmente, que la administración de justicia penal boliviana (salvando las excepciones, que ciertamente existen) y peor, tratándose del principal responsable de la acción penal pública, de la defensa de la sociedad y la legalidad, debe proceder independiente y objetivamente en todos los casos sin importar cualesquier situación fáctica, huyendo de incurrir en el papelón de tratar a unas personas como ciudadanos de primera al extremo de intentar encubrir sus “business” y al resto –los que no son de su partido- de segunda o tercera y, hasta admitiéndolo impúdicamente ante los medios, causando la hilaridad de la ciudadanía, que han tomado esa declaraciones como un chiste de mal gusto, aunque recordando a FREUD: “Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad.” Padece de un muy peculiar “daltonismo” que tiñe su visión de azul, impidiéndole ver la realidad, que es de todos los colores. Una justicia tuerta que sólo ve lo que le conviene al partido, recordando aquella frase del ex Fiscal de la Corte Penal Internacional MORENO OCAMPO, cuando mutatis mutandis dictaminó: “Es un sistema de jueces que encubren la corrupción en lugar de investigarla”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
