Escucha la noticia
“El poder del rey es gobernar, ¿verdad? Pero, El hombre no quiere gobernar él quiere obligar, usted lo ha dicho. Ser más que un hombre en un mundo de hombres, escapar de la condición humana, le decía yo. No poderoso sino todo poderoso” (André Malraux).
El extracto de la obra La Condición Humana, nos permite comprender la naturaleza del caudillismo, una práctica arraigada en la sociedad boliviana, sobre todo en su esfera política que evidentemente afecta de manera directa a la esfera de la institucionalidad pública. Sin embargo, para que un caudillo exista y permanezca requiere de un grupo de personas que además de seguirlo estén dispuestas a renunciar a su capacidad de tomar decisiones. Respecto a ello, un elemento clave en todo esto es la ciudadanía o mejor dicho, el ejercicio de nuestra ciudadanía el cual implica tomar parte activa en las decisiones sin necesidad de esperar que una persona ejerza el rol de salvador ante los abusos de otro(s).
Desde los sucesos en 2019 y con el retorno del Movimiento Al Socialismo al gobierno aquel sector denominado opositor ha ido planteándose las preguntas ¿Ahora quién podrá salvarnos? ¿En quién podemos confiar? Dando una respuesta casi unánime: No hay nadie; Todos son lo mismo; si hubiera solo uno que pueda hacerse cargo de esto, de mejorar el país. Pero las preguntas son tan antiguas como las respuestas, aparecen cuando se ve un riesgo en la construcción institucional que hace a un gobierno y por ende a un Estado sobre todo democrático.
Los últimos sucesos de corrupción e impunidad demuestran un deterioro de la institucionalidad de cada Órgano del Estado boliviano, donde la corrupción es como un río subterráneo que carcome los cimientos día a día. Contar con un Estado fuerte no es equivalente a anular a las fuerzas opositoras, significa consolidar procesos claros y posibles en cada etapa; contar con personal que por muy afín que sea al partido de gobierno cuenta con la capacidad necesaria para realizar las actividades propias de su cargo, significa eliminar la impunidad con la que algunos personeros públicos actúan tanto dentro como fuera de la esfera de la justicia, una democracia real cuenta con mecanismos que frenan las intenciones de obligar a cumplir la voluntad de sectores que se sienten todo poderosos porque se escudan en su posición de aliados del gobierno de turno.
Construir institucionalidad en una democracia, sin caudillismo, es fundamental y trasciende al sector público, se requiere de instituciones privadas que tengan una solidez considerable puesto que equilibran el escenario de poder en un país. Cuando el sector privado, sobre todo en lo económico, es débil frente al sector público el recurso humano del país busca alternativas de generación de recursos al verse imposibilitado de ser absorbido por los espacios económicos formales, derivando en la formación del sector económico informal que va en detrimento del crecimiento del país. Un ejemplo de ello es Bolivia, donde aproximadamente el 70% de su economía está en el sector informal de acuerdo a la publicación de la Fundación Konrad Adenauer “Economía Informal e Informalidad en una sociedad multiétnica”. El caudillismo fomenta estas prácticas que van en detrimento de un Estado sólido, pues la necesidad de ejercer un poder ilimitado refuerza el centralismo, la dependencia del sector público para la subsistencia diaria ya sea trabajando en él o en los círculos de mercado negro que se crean en torno a él, además de quebrar el espíritu de la población hasta doblegarla y en muchos casos convertirla en servil a sus intereses.
Si bien el caudillismo es uno de las malas prácticas en la lista de aquellas que tenemos en Bolivia, podemos decir que es uno de las más arraigadas y que mayor daño le ha hecho al país al momento de alcanzar su máximo potencial. Las mezquindades del caudillo de turno, y sus sectores afines, en cada periodo de nuestra historia han permitido que Bolivia continúe con una economía primaria exportadora sin perspectivas reales de dejar de depender de los precios internacionales de las materias primas, modelo sustentado por prácticas políticas que someten a las regiones al centralismo estatal.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
