Decreto dispone la regularización de la documentación de migrantes extranjeros que están en el país
El Ministro de Gobierno estima que el Estado puede recaudar 7 millones de bolivianos.
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Los migrantes que ingresaron al país de forma irregular podrán regularizar su documentación en oficinas de la Dirección General de Migración y del Servicio General de Identificación Personal sin pagar costos adicionales como multas o sanciones, informó este miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo.
Indicó que el Gobierno aprobó dos decretos supremos, el primero con el fin de tener un registro en tiempo real de todos los extranjeros que ingresan al país y poder monitorear sus pasos y el segundo tiene que ver con permitir a los migrantes la regularización de su documentación.
“Hemos decidido aprobar este decreto supremo para todos los ciudadanos migrantes que se encuentran en territorio nacional y puedan regularizar su situación migratoria exonerándolos de cualquier sanción o multa al interior de la Dirección General de Migración y al interior del SEGIP, no se les va cobrar ningún tipo de multas”, informó Del Castillo.
Detalló que la regularización migratoria tendrá un costo de 450 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) y beneficiará alrededor de 3.500 personas y con ese proceso de regularización el Estado recaudará alrededor de 7 millones de bolivianos.
Dijo que observaron que los ciudadanos extranjeros no regularizaban su estadía en el país por temor a las multas que en algunos casos ascendía a 20.000 o 30.000 bolivianos. A causa de esa irregularidad muchos serían víctimas extorsiones y cobros excesivos en alojamientos y otros servicios; además, no podían ingresar a los centros de estudios por no tener su documentación al día.
Según Del Castillo, el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez cerró las oficinas de Migración durante algunos meses del 2020 producto de las cuarentenas, sin tomar en cuenta que ciudadanos extrajeron aún ingresaban al territorio nacional de forma irregular.
Informó que el otro decreto supremo tiene por objeto modificar y complementar el decreto 1923 del 12 de marzo del año 2014, reglamento de la Ley de Migración, que conmina a las empresas de transporte, alojamientos, agencias de viaje, turismo y otros, a llenar un registro o formularios de manera física, situación que pasa ahora a ser digital.
La finalidad es crear una plataforma digital con una base de datos para monitorear y controlar a ciudadanos que permanezcan en el país de manera irregular sin importar si ingresaron por transporte terrestre, fluvial, lacustre. Dijo que eso generará seguridad al Estado y un manejo oportuno de la información a tiempo real para evitar y prevenir el delito.
