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Las dos primeras décadas del siglo XXI han sido testigos del retorno del Estado en Bolivia y otras regiones del mundo. Después del periodo neoliberal, que redujo las funciones del Estado a su mínima expresión, hoy en día asistimos a la configuración de un Estado corpulento y elefantiásico, que se despliega en todos los ámbitos de la vida social, política y económica.
Este “moderno” Estado cumple las funciones tradicionales heredadas del neoliberalismo, pero también se ha dotado de normas que amplían sus facultades de manera inédita e impensable. Así, del papel normador que le asignó el neoliberalismo, pasó a tener un rol interventor al extremo, que lo ha convertido en una monstruosa maquinaria de coerción, persecución y redistribución.
Se trata de una maquinaria incapaz de resolver los conflictos de manera justa, equitativa y transparente, tampoco puede hacer cumplir un complejo sistema normativo, el cual es violentado por sus propios operadores, e ineficiente al momento de proveer los servicios públicos que la población reclama. Personas y medios públicos son meras piezas de este artefacto de poder.
Más aún, es una maquinaria que día a día perfora las instituciones de la sociedad con el propósito de alcanzar una mayor acumulación de poder. Interviene de manera abierta y solapada en sindicatos, gremios, organizaciones cívicas, partidos políticos, universidades, colegios, iglesias, clubes deportivos, fraternidades, grupos folklóricos, ongs y fundaciones entre otros, buscando con ello deformar la visión de la realidad desde la base.
Empero, no es únicamente el gobierno central el que expande el estado en la sociedad, sino también las entidades territoriales autónomas que, en una competencia de acumulación de poder y prácticas populistas, emulan al nivel central en disputar el control de la sociedad mediante políticas redistributivas.
La nueva configuración política, que encubre a una cáfila de nuevos ricos y privilegiados, cierra las puertas a los perdedores, restringiendo sus derechos políticos, limitando su acceso a determinados bienes públicos y prohibiendo el desarrollo de ciertos sectores de la economía. Con ello abre y profundiza nuevas asimetrías y desigualdades para consolidar las nuevas relaciones de poder, digitadas desde la cúspide del aparato público.
La gran maquinaria del Estado, con el paso del tiempo, ha ido devorando y comprando a sus propios enemigos y detractores, a aquellos que discursivamente lo enfrentan pero que en la práctica comparten las migajas del festín del poder y sus placeres mundanos. Los seduce mediante el brillo de las riquezas materiales y un conjunto de distinciones y honores: premia a los serviles y castiga a los rebeldes.
Esta maquinaria depredadora no solo ha contaminado la política hasta hacerla aborrecible, sino también las mentes y corazones de buena parte de la población que se ve atrapada en un mundo al revés: sin ley, sin educación, sin valores, sin esperanza. Un mundo incierto donde los delincuentes son las víctimas protegidas por el poder político y los ciudadanos el blanco de la persecución política.
Empero, este monstruoso Estado, que aparece como incontenible, no logra aniquilar de manera definitiva la resistencia popular. Se halla limitado por la fuerza de una sociedad que se levanta una y otra vez, en refriegas constantes y en pequeña escala, para encadenarlo y evitar su consolidación totalitaria, evidenciando, en cada acto de reivindicación social, su renuencia a aceptar la servidumbre y su ansia de libertad.
Encadenar al Estado, por ende, se constituye en la única fórmula para garantizar la libertad de los ciudadanos, quienes se encuentran ante el desafío de construir una nueva jaula normativa, que reduzca el tamaño y potestades de este Leviatán monstruoso. Es el único camino para recuperar la libertad, enfrentar el autoritarismo, el abuso de poder y lograr una mejora sostenible de prosperidad económica de la población.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
