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El masismo no conoce otra forma de hacer política que no sea la de alentar la confrontación, fomentando el odio, la venganza e inhabilitando al adversario. Se designan como exclusivos representantes del pueblo y de las verdaderas causas nacionales. Desde su perspectiva, son las únicas víctimas del oprobioso colonialismo y del Imperio yanqui. Los otros, los que no comulgan con sus ideas calcadas, prácticas sectarias, relatos adulterados del pasado y el fanatismo indigenista; son excluidos, no merecen vivir en el país: ¡su territorio!
Entre las ocurrencias del régimen autoritario del MAS, se encuentra aquella de acusar como desestabilizadores a la ciudadanía que se moviliza para desconocer la imposición de leyes que conculcan las libertades democráticas y violentan la Constitución Política. Ahora resulta subversivo exigir el respeto a las normas legales vigentes.
Al momento de emplazarnos a medir fuerzas, el vicepresidente Choquehuanca nos informa que ya está convocado su equipo, “sus organizaciones sociales”, las que integran el “Bloque Social Popular”; están dispuestos a defender sus conquistas, preservar “nuestros” recursos naturales”, y los —supuestos— avances populares del (des)gobierno de Luis Arce. No mencionan ni difunden un plan económico para ejecutar las urgentes reformas económicas que demanda la actual coyuntura. Lo único que persiguen es imponer la ley del “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”, con la finalidad de conseguir el control centralista y discrecional de los recursos del Estado.
El régimen autoritario sabe que estamos en un momento decisivo, aquel que marca el rumbo de un país, cuando se define por un periodo de tiempo importante la manera de organizar y gobernar nuestro destino. El masismo pretende doblegar el espíritu libertario y emprendedor de la sociedad boliviana. Aquellos que piensen que este no es el momento de oponerse a la instalación del poder absoluto del masismo, están equivocados, más adelante cuando quieran reaccionar, será demasiado tarde. Ya se habrán aniquilado los derechos civiles primordiales que no tolera un régimen autoritario.
Es necesario aprender de los ejemplos de Nicaragua y Venezuela. Este domingo 7 de noviembre se llevará adelante una farsa electoral, con los candidatos de la oposición nicaragüense apresados o exiliados. Y todo allí comenzó con la elección indefinida del dictador Daniel Ortega, el control de la justicia y el sometimiento de las organizaciones civiles. Por su parte, el autoritarismo chavista hundió al pueblo venezolano en el caos y la pobreza, desmanteló una de las naciones más ricas de Latinoamérica. Todos estos despropósitos son posibles de reproducirse en nuestro continente, si no se reacciona oportunamente en contra de los oscuros imitadores del desastre.
No hay alternativa. Debemos detener ahora el plan siniestro que persigue el control total del Congreso, los gobiernos subnacionales: gobernaciones y alcaldías, de las organizaciones gremiales, cooperativas, empresariales y sociales. Hay que evitar que se adueñen del país, impedir que desmantelen nuestra economía y destruyan nuestra democracia. Por ello es inaplazable fortalecer el Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia.
El mejor camino para vigorizar el Bloque Democrático, es confeccionar una agenda nacional conjunta, recogiendo los planteamientos e intereses de los sectores sociales que están siendo afectados por el paquetazo de leyes que arbitrariamente está imponiendo el masismo y sus colaboradores circunstanciales.
Hay que implementar en toda su dimensión la democracia deliberativa —contemplada en la Constitución—, conformando coordinadoras democráticas en todo el territorio y organizando el Consejo Nacional Democrático permanente, constituido por todos los actores que estén dispuestos a evitar el afianzamiento del autoritarismo masista.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
