Grupos armados pueden provocar guerra civil por tierras en Guarayos, advierten analistas y abogados

La principal resolución del cabildo en Guarayos, provincia de Santa Cruz, fue actuar en legítima defensa ante los avasallamientos de los predios, tanto privados como fiscales en esa parte del departamento. Para analistas y abogados consultados  por El Deber, eso puede terminar, incluso, en una guerra civil por las tierras.

El Gobierno, por su parte, señaló que los afectados por los avasallamientos deben denunciar y realizar sus trámites para rescatar sus tierras ante la justicia, antes de eso la Policía no puede intervenir y no lo hará de oficio. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, informó la recuperación de tres predios en Santa Cruz: el Centro Turístico Kim, La Frontera y Uruguayito.

El líder cívico de Ascensión de Guarayos, Salvador Vaca, expresó “el clamor de un pueblo que está siendo víctima de milicias armadas, atacando a nuestro pueblo” y señaló que la autodefensa es el camino que se determinó seguir.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, cuando tomó la palabra, señaló que “el INRA dice que la tierra es de quienes están en el lugar, son ustedes los que pueden asumir la defensa de su territorio. Porque aquí no llegan las autoridades a poner orden y ante la ausencia del Estado, son ustedes los que deben ponerlo. Es la única forma, no hay más. El Comité está para apoyarlos y respaldar las medidas que asuma este cabildo”.

Para analistas y abogados, esto es el comienzo de una espiral de violencia que puede terminar, incluso, en una guerra civil.

El director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, señaló que este problema se puede comparar con un semáforo en rojo. Si una persona se pasa de largo y no recibe sanción, lo volverá a hacer. Con el tiempo, todos lo harán y la persona que respeta la luz será recriminada e insultada, pese a que hace lo correcto.

“Eso mismo pasa con el tema tierras, hay quienes se han pasado el semáforo en rojo y han avasallado, otros incluso fueron más allá, lo hacen armados en grupos que demostraron capacidad y conocimiento militar y no hay consecuencias”, lamentó Vadillo.

Detalló que en Guarayos se registraron en los últimos dos años al menos cinco predios avasallados, con disparos, hubo heridos y muertos. El caso de Las Londras es uno de ellos, hay cuatro más, y no hay un sólo detenido. La reacción del cabildo de Guarayos es un clamor al Gobierno, le exigen que intervengan porque si no lo hacen no queda otra que defendernos”.

Hasta aquí, lo ve más como una presión. “El riesgo es que si el Estado no interviene en función de la legalidad, desalojando propiedades, procesando a grupos armados, le dará la razón a quienes en el cabildo definieron que tienen que defenderse. Es un riesgo inminente, porque la violencia cuando empieza no sabemos dónde se detendrá”, dijo Vadillo.

El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, señaló que las determinaciones de este cabildo son legítimas “ante la barbarie y la declaratoria de enemigos que hizo el presidente Luis Arce a Santa Cruz, criminaliza lo que pensamos y busca sancionarnos. El mensaje de Guarayos es que se va a defender, va a luchar por sus tierras. Eso es la autodeterminación”.

Complementó que “ante una agresión, usted tiene el legítimo derecho a la defensa, eso dice la CPE, y en Guarayos lo han interpretado a cabalidad. Exime de cualquier pena la legítima defensa. Si los ciudadanos estos se entran a una tierra y eso se califica como un avasallamiento, entonces el pueblo puede retirarlos del lugar. Si los invasores usan machete, los propietarios podrán usarlo en defensa. Si usan bala, también podrán usarla, esa es la legítima defensa. Así se establece la igualdad de condiciones. Y es correcto, ya que la Policía, Fiscalía y el Órgano Judicial no lo hacen”.

El constitucionalista Williams Bascopé señaló que la proporcionalidad de la legítima defensa es en el momento, no posterior. “Hay que tener cuidado. Los avasallamientos interpelan al Estado, a la ausencia de autoridades. Por eso el ciudadano busca hacer respetar su propiedad. Ahí podemos ingresar no solamente a la legítima defensa, y eso puede desbordarse en un enfrentamiento armado e incluso una guerra civil”.

El ministro Gonzáles indicó que en el país hay 223 avasallamientos, pese a que tres fueron liberados en Santa Cruz, donde hay 101 más. Un informe del INRA de esa región, al que tuvo acceso este medio, indica que son 111.

El ministro detalló que en Beni hay 58, en Pando 21, en La Paz 3 como en Tarija y Potosí, En Oruro no hay o no fueron denunciados, en Chuquisaca 7 y en Cochabamba subió de tres a 17.

Otros 17 predios fueron notificados a nivel nacional, y están en pleno proceso de desalojo. “Si hay avasallamientos en predios que ya están titulados, son los propietarios los que deben realizar las gestiones, y una vez con la orden de la entidad judicial, la Policía va a actuar, esa es la posición del Gobierno, no vamos a permitir más avasallamientos, pero no podemos intervenir de oficio”.