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Descargar:: Sin energía segura no hay industria competitiva
La industria manufacturera boliviana se sostiene sobre una base energética crecientemente vulnerable. Cerca de dos tercios de la generación eléctrica nacional dependen del gas natural, precisamente cuando su producción registra una caída persistente. Esta contradicción transforma la electricidad en una cuestión estratégica: el riesgo ya no se limita al precio, sino que alcanza la continuidad, suficiencia y calidad del suministro indispensable para producir.
Bolivia mantiene todavía tarifas eléctricas relativamente bajas, favorecidas por un sistema regulado, subsidios y activos construidos en décadas anteriores. Sin embargo, esa ventaja resulta cada vez menos sostenible. Si el país debe importar combustibles, sustituir aceleradamente capacidad térmica o financiar inversiones postergadas, el costo real de la electricidad aumentará. Una parte importante de ese ajuste será trasladada inevitablemente a la industria, reduciendo márgenes, competitividad y capacidad de inversión.
Para la manufactura, la energía no es un gasto secundario. Es un insumo crítico para procesos continuos, refrigeración, molienda, bombeo, automatización, envasado y logística. En sectores como alimentos, bebidas, cemento, minería, química y agroindustria, cualquier interrupción o incremento significativo de tarifas provoca pérdidas de producción, deterioro de activos, incumplimiento de contratos y encarecimiento del producto final.
Por ello, una tarifa baja no equivale necesariamente a competitividad estructural. La verdadera competitividad energética exige previsibilidad, estabilidad regulatoria, inversiones oportunas, contratos de largo plazo y seguridad de abastecimiento. Una energía barata, pero incierta, constituye una ventaja transitoria; cuando además existen restricciones a la inversión privada, debilidad regulatoria y concentración de decisiones en operadores estatales, esa aparente ventaja se convierte en vulnerabilidad productiva.
Los principales riesgos son evidentes. El primero es la posibilidad de racionamientos o restricciones hacia finales de la década, que afectarían especialmente a las industrias de demanda continua. El segundo es un shock tarifario derivado del aumento de los costos de generación e importación. El tercero es la pérdida de inversiones por falta de seguridad jurídica, ausencia de reglas bancables y conflictos entre las funciones empresariales, regulatorias y políticas del Estado.
La responsabilidad principal corresponde al Gobierno. No es admisible continuar administrando el agotamiento de la infraestructura y de los recursos heredados sin una estrategia nacional de seguridad energética. El Estado debe definir una política de largo plazo, garantizar independencia regulatoria, transparentar costos, ordenar las empresas públicas y establecer condiciones equitativas para la inversión privada. La nueva legislación eléctrica debe superar el monopolio y la discrecionalidad, sin renunciar a la rectoría pública ni a la protección del interés nacional.
También corresponde actuar a las empresas generadoras, distribuidoras, gobiernos subnacionales, inversionistas y grandes consumidores. La industria debe incorporar la gestión energética a su estrategia empresarial mediante auditorías, eficiencia, autogeneración, almacenamiento y contratos de suministro de largo plazo. Las energías solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y otras fuentes deben vincularse directamente con polos industriales y cadenas productivas.
Bolivia ya no puede postergar estas decisiones. La inseguridad energética amenaza a la industria, al empleo, a las exportaciones y a los ingresos fiscales. Sin energía suficiente no habrá nuevas inversiones; sin inversión no habrá crecimiento industrial; y sin industria competitiva el país profundizará su dependencia económica.
La transición energética debe convertirse en una política de Estado, con metas verificables, responsables definidos y plazos exigibles. Gobernar no consiste en esperar que la crisis se manifieste, sino en anticiparla y corregirla. El momento exige decisiones: diversificar, reformar, invertir y asegurar el suministro. De no hacerlo, la falta de energía no será un accidente técnico, sino el resultado de una grave omisión política e institucional.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
