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Terminando agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de Arce Catacora (nota oficial al Canciller Mayta ) informe sobre el estado de salud y sobre las acciones médicas que se toman para con la ex presidenta Jeanine Añez. No se actuó de oficio, sino por una petición de toma medidas cautelares planteada por abogados de la ex primera autoridad del Estado a favor de la misma.
Fanfarrón, el ministro de Justicia, Lima Magne salió a decir “que entregarían el informe antes del plazo fijado por el organismo internacional” (ver varios medios de comunicación locales) porque, a decir del mismo, habiendo respetado el “debido proceso, se había cumplido todo procedimiento para resguardar la vida de la ex presidenta, dando a entender que era “un trámite”.
El problema fue que, en su “plazo anticipado”, o sea el mero trámite (esto es mío), Lima Magne, no tomó en cuenta que antes de hablar debía consultar al sistema represivo que abusa de la expresidenta, si estaban en condiciones de hacer lo que se les pedía porque, es notorio que, si se pidió una semana más es porque no tienen explicaciones a algo que debiera ser de simple procedimiento, es decir, presentar la historia clínica, el tratamiento que se le está administrando, evaluaciones sicológicas, que debieran estar disponibles pero recién el sábado 11 de septiembre (varios días después del plazo de una semana y el anticipado tiempo que se dio el ministro) nos enteramos que “la Fiscalía acaba de instruir “evaluar el estado cognitivo, mental, emocional y afectivo de Añez”, lo que nos lleva a cuestionar sobre qué es lo que está pasando con la ex presidenta en manos y responsabilidad del Estado.
Salvo que nos muestren el documento de constancia, nadie va a creer que la CIDH decidió “de oficio” ampliar el plazo establecido, de ahí que se piense de que no hay nada en orden en el caso médico/sicológico de la expresidenta.
Ese hecho nos lleva concluir que en el caso de Jeanine Añez lo médico-judicial está bajo el mando político-represivo, exactamente como lo describió el GIEI, cuando advirtió “falta de independencia de la administración de justicia en Bolivia como un problema estructural recurrente que se mantiene por años”.
Se les fue la mano política con Añez? No hay duda, quisieron “dar ejemplo de lo duros que pueden ser con una presa política”, aplicando un remedo de justicia y están construyendo una víctima- símbolo de la represión fuera, precisamente, de la justicia; una víctima mal atendida en cuanto a su integridad física y mental, deficientemente medicada, con mal seguimiento en lo sicológico y peor aún en lo judicial, va a terminar convirtiendo a la expresidenta en una especie de heroína, cosa que nunca fue, porque como ella misma aseguró, en más de una oportunidad, asumió la presidencia “porque le tocó” en el orden de prelación en la sucesión constitucional”, tema que puede seguir en debate porque no afecta nada porque está muy bien respaldado. Se puede aceptar que, otros temas relacionados a su gobierno sean definidos en la justicia, porque, como se asegura en todos lados, de la constitucionalidad de la sucesión se tiene certeza; lo demás, como corrupción, toma de algunas otras decisiones puede ser definida en estrados judiciales constitucionales, pero, no hay duda que para que ello sea “justo”, deben pasar muchas cosas en la administración de justicia. Hoy como estamos en este momento parece imposible de lograr, porque, como sostuvo hace unos meses el ex presidente Rodríguez Veltzé se ven; “graves errores de orden jurídico y procesal”, “abusos a las garantías de las personas” y una Fiscalía sometida a “dictados del poder Ejecutivo”, en un proceso por el que la expresidenta Jeanine Añez y otras ex autoridades están encarceladas. (https://brujuladigital.net/politica/rodriguez-veltze-ve-errores-graves-abusos-y-una-fiscalia-sometida-al-ejecutivo-en-el-caso-golpe-de-estado).
Es claro que ese “juicio justo” dista mucho de ser una posibilidad en el país en el que vivimos con un régimen como el que lo gobierna, con un Tribunal Constitucional apegado y dependiente del poder ejecutivo y con un Fiscal General que, como dice la senadora Centa Rek, Juan Lanchipa Ponce es fiscal exclusivamente a órdenes de Evo Morales que pretende “salvarse” del fraude logrando una condena por “golpe”, condenando a Añez, para posibilitar su “operación retorno”, única razón por la cual soporta a Arce en el cargo en el que “él cree haberlo puesto”.
Juan del Granado amplía el acápite anterior cuando plantea, en su cuenta de Twitter, que: “Para enjuiciar a la expresidenta Añez, además de cambiar al Fiscal General y restablecer las garantías constitucionales, hay que pedir y lograr una veeduría internacional de la ONU. Así se controlará y vigilará al TSJ que no es nada confiable”.
Lo escrito arriba no garantiza un juicio justo; el dictamen del GIEI es simplemente una confirmación de todo lo que se ha venido asegurando a lo largo de los años; en esas condiciones, queda claro que cada preso político es una derrota de la civilización; en estos casos tenemos claro que somos nomás ciudadanos del mundo que sabe lo que pasa en Bolivia, donde Morales gobernó la no-democracia a partir del voto recibido en las urnas y, cuando no pudo lograr el voto, manipuló el sistema para mantenerse en el poder (lo demostró la OEA) y, lamentablemente, Arce va por ese camino, exacerbando el odio a quienes no son parte de ellos. Así nos va y peor nos va a ir.
Hace unos días dije que el MAS había “decidido odiar”; considerando que el odio no es una razón política, cabría preguntarse “cuál la razón de su odio.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
