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Probablemente, el caso del asesinato del joven Alan Deiby Vaca Greminger (21 años) acaecido hace exactamente 20 años (22 de junio de 2002) en Trinidad, podría otorgarle un “record Guinnes” a la “justicia” boliviana; por el sistemático encubrimiento a sus autores directos; la re victimización (vía trato cruel, inhumano y degradante) propinado por el sistema a su madre y familia, la duración del procedimiento (retardación de justicia); las chicanas de los condenados que superan cualquier entendimiento defensivo y la incapacidad del sistema, para siquiera ejecutar la pírrica sentencia lograda luego de 18 años de litigio, por Trinidad, Cochabamba, Sucre, Santa Ana de Yacuma y San Borja.
Inicialmente, con la complicidad de la Policía y de algunos forenses, se pretendió simular un inexistente accidente de tránsito; pero las declaraciones de testigos directos y las referencias dadas por ellos a terceros y otros elementos probatorios, mostraron más allá de toda duda razonable que se trataba de un cruel asesinato; pese a lo que –incluyendo hasta una falsa declaratoria de incapacidad mental de la testigo presencial- sólo se sentenció a los cómplices y ni siquiera, se citó a declarar y peor investigar y/o juzgar a los autores directos, identificados.
Si bien, para los términos retardatarios acostumbrados por el sistema la primera ronda duró algo más de 4 años y medio (según el CPP todo proceso debiera durar como máximo 3 años) hasta alcanzar la primera ejecutoria en la entonces Corte Suprema, luego de una anulación del auto de vista, por haber sido dictado fuera de plazo. A partir de ese momento, se producen una serie de incidentes, amparos constitucionales (cerca de media docena); más de 24 excusas al extremo que no quedaron Vocales y Conjueces en Trinidad, salvo uno que tuvo el valor civil de resolver con un convocado; idas y venidas del expediente (ya suman 18 cuerpos, es decir, más de 3600 fojas, sin contar los constitucionales), todos tendientes a evitar cómo de lugar se haga justicia. Hasta que luego de varias nulidades, amparos constitucionales y otros, nuevamente, en septiembre de 2019, la sentencia de 1ª instancia dictada el año 2003 (si, leyó bien) alcanza nueva ejecutoria, luego de haber sido nuevamente fundamentada, apelada y recurrida.
Se hubiera pensado entonces, que por fin en ese momento se emitirían los mandamientos de condena y ejecutarían (aunque sea contra los cómplices condenados a 15 años de cárcel) pero… no, empezó una nueva serie de nuevos incidentes, amparos, etc, hasta que una Sala Penal del TDJ de Chuquisaca, revivió un amparo de hacía 13 años atrás, concediendo indebidamente una queja, ordenando repetir otra vez la fase de juicio, realizada hacía 17 años atrás aprox. Lo hizo, pasándose por el forro no sólo 1 sino 2 sentencias constitucionales ejecutoriadas, que ya habían desechado claramente ese pedido. Impugnada esa ilegal decisión ante el Tribunal Constitucional, desde febrero del año pasado (2021) y pese a tratarse de una simple cuestión accesoria que no debiera tomarles más de una o dos semanas, al presente (más de 1 año y medio) el Constitucional no emite resolución final, pese más de media docena de ruegos de la super madre del asesinado Sra. Miriam Greminger, incluyendo 2 amparos presentados contra el TCP para pronto despacho (uno retirado y el otro declarado inmediatamente improcedente por una Sala “de garantías” en Trinidad) que también está durmiendo el sueño de los injustos en el TCP (no pueden resolverlo, pues sus Magistrados son los accionados).
En la impugnación contra la ilegal concesión de la queja (por encima de 2 SSCCPP que ya ordenaron lo contrario), el TCP vuelve a victimizar a la Sra. Greminger, tratándole de manera desigualitaria a lo que hace, por ejemplo, con casos tristemente célebres en los que cuando le conviene al gobierno o sus partidarios, cumple puntillosamente los plazos. Ej: Caso Janine Añez.
El tormento que el sistema de “justicia” boliviano le viene propinando sistemáticamente a la víctima desde hace 20 años, constituye trato cruel, inhumano y degradante; pues no sólo no ha tenido la capacidad para juzgar a los autores directos del asesinato (pese a estar identificados) vulnerando su derecho humano a la verdad real de los hechos; sino ha facilitado que los cómplices sigan impunes pues ni siquiera la pírrica sentencia lograda después de 18 años de litigio se ejecute y, ahora, favorece la impunidad de todos, al no resolver una simple impugnación que debiera corregir el “error” de los Vocales del TDJ de Chuquisaca, para “ignorar” 2 sentencias constitucionales que ya resolvieron el tema. Todo un “récord Guinness” de retardación y denegación de justicia, re victimización y encubrimiento. Para esos juristas del horror, 20 años no son nada…; aunque cabría recordarles que: “Cometer una injusticia es peor que sufrirla”. ARISTÓTELES
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
