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La Organización de las Naciones Unidas y Guatemala, suscribieron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006, con la finalidad de conformar una Comisión especial para combatir la impunidad y la corrupción en ese país. Este acuerdo internacional, sin precedentes en la historia latinoamericana, permitió apoyar al Estado en la investigación de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, y la sistemática corrupción pública.
El trabajo internacional logró fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a la delincuencia de “cuello blanco y corbata”. Una de estas investigaciones permitió la detención y condena del ex presidente Álvaro Colón y varios de sus colaboradores por hechos de corrupción. La comisión tenía el encargo de investigar y promover la persecución penal y sanción de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento, y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento y el trabajo de la CICG. La doce años de trabajo de la comisión, permitió no sólo el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, sino también hacer un conjunto de reformas legales, e institucionales, que estaban disponibles para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El modelo del trabajo excepcional de la comisión de Guatemala debe replicarse en Bolivia. El apoyo internacional parece imprescindible para combatir la corrupción generalizada (la otra pandemia), ya que las instituciones encargadas de la persecución y sanción penal ─poder judicial, ministerio público, policía, defensa pública, sistema carcelario─, carecen de independencia, presupuesto, credibilidad, y condiciones mínimas para restituir la dignidad nacional. En realidad, lo único institucionalizado y transversal a todas las reparticiones estatales es la corrupción, la impunidad y la sensación de que todo se encuentra en estado de descomposición.
El gobierno de Evo Morales creó una estructura que sigue (y seguirá) funcionando para protegerse y boicotear cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción. En el Estado fallido, el gobierno hace de juez y parte, permite y promueve la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, controla los medios de comunicación, restringe la libertad de expresión, y la transparencia. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y convierte a la corrupción en un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización del Estado está (directa o indirectamente) al servicio de las prácticas corruptas.
La Asamblea Legislativa no sólo que no fiscaliza ni controla al gobierno, sino que protege a los ex ministros corruptos, lo han sacados en hombros, y recibidos con guirnaldas en la plaza Murillo después de las interpelaciones. El ex tribunal supremo electoral no solo se encargaba de “legalizar” las reelecciones inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino que además era la maquinaria perfecta para el fraude electoral, y con testigos excepciones (los veedores internacionales).
El poder judicial ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. La justicia se ha convertido en el instrumento perfecto del MAS para buscar reelecciones y cometer los peores abusos (caso Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, etc.).
Sin embargo, la corrupción no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en las gobernaciones, alcaldías, universidades (la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del ex vicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (caso Cotas, en Santa Cruz). El funcionamiento de las instituciones satélites constituye un reflejo del Estado, de modo que no pueden funcionar bien, cuando el Estado funciona muy mal.
La lucha contra la corrupción y la impunidad necesita apoyo internacional y una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, el fortalecimiento institucional del sistema judicial, separación de poderes, libertad de expresión, transparencia, funcionarios honestos, entre otros. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y hacer metástasis en el Estado boliviano.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
