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La Semana Política

7 al 13 de noviembre de 2021

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“Colectivos” como en Venezuela

Una crónica de la semana de paro sólo puede comenzar subrayando la acción de grupos violentos afines al partido de gobierno, que bien podrían ser calificados como “colectivos” a la manera venezolana, en referencia a las organizaciones de encapuchados que se encargan de reprimir protestas de manera paralela a la fuerza pública.

La sospecha de una promoción de estos grupos desde el Estado es prácticamente una seguridad, teniendo en cuenta que, al menos en Santa Cruz de la Sierra, estas bandas de “desbloqueadores” se movían en vehículos incautados al narcotráfico.   

¿Otro indicio de que el ala dura del MAS intenta materializar la amenaza de Evo Morales de conformar “milicias como en Venezuela” si volvían al poder?

Sumatoria de sectores

Sin embargo, la represión combinada de los primeros días de paro, policial y de las mencionadas fuerzas irregulares, tuvo un efecto contraproducente para la estrategia gubernamental, que apostaba al desgaste progresivo de las medidas de presión.

Menores de edad encañonados, discapacitados agredidos y mujeres gasificadas en la cara (lo que incluso motivó una queja de Amnistía Internacional) fueron parte de las imágenes que llevaron a las protestas a un modo incremental, con una sumatoria de sectores que se fueron incorporando al paro y a las marchas a lo largo de la semana. 

Todo apunta a que, al margen de la abrogación de la Ley 1386 que parece estar en el horizonte inmediato, deberían rodar cabezas de los responsables de seguridad, lista en la que no podría faltar el viceministro Cox, de impresentable estilo confrontacional.

Mediación de la Iglesia

El departamento de Potosí fue uno de los puntales de las protestas y allí el oficialismo pretendió utilizar, en vez de los nuevos grupos de encapuchados, a su tradicional y menguada fuerza de movilización social, empujando a campesinos a través de su maquinaria de presión sindical a enfrentarse violentamente con quienes sostenían puntos de bloqueo.

El resultado fue el lamentable fallecimiento de un joven campesino, aparentemente por broncoaspiración de un bolo de coca al sufrir una caída, cuando escapaba de un enfrentamiento.

El hecho trató de ser manipulado desde esferas gubernamentales para impulsar persecuciones a Comcipo y al Comité Pro Santa Cruz, pero en Potosí se dio un proceso de diálogo autónomo entre los cívicos y el gobernador, con mediación de la Iglesia Católica.

Este retorno eclesiástico a las funciones de pacificación, avalado por un gobernador masista, supone una nueva erosión al relato oficial que acusa a los obispos de ser co-partícipes del supuesto “golpe de Estado”, por sus labores de mediación durante la crisis electoral del 2019.    

La independencia del TSE en entredicho 

Al final de la semana, la renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, provocó un terremoto mediático, al señalar en su carta de despedida que “en el proceso electoral del 2020 se ignoraron los verdaderos resultados (…) sometiendo a la ciudadanía a la voluntad de un partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”.


La denuncia de Baptista merece una investigación en profundidad y abre la pregunta de si el 55% del oficialismo en octubre del año pasado fue tal o si tuvo la ayuda de algunos puntos de “inflación de identidad”.  

Repliegue militar

Luego de un extenso despliegue de contingentes castrenses y hasta de tanques de guerra por el territorio nacional, con la motivación aparente de una celebración por el Día del Ejército, que podía encubrir propósitos intimidatorios, el Alto Mando recomendó postergar la conmemoración hasta nueva fecha y replegar a los efectivos a sus cuarteles de origen.

Queda abierta la intepretación de este “retro” a dos hipótesis principales: el gobierno leyó lo sucedido con los excesos policiales, entendiendo que una nueva exhibición de fuerza sólo enardecería aún más a la población, o bien es dentro de las Fuerzas Armadas donde se ha fortalecido una corriente institucionalista, reacia a dejarse utilizar políticamente por las intransigencias gubernamentales.


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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