Más prisión preventiva para Apaza, agresión a periodista y muertes por inacción estatal con la CIDH en el país
Los comisionados concluyen su visita al país este viernes.
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La más alta representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye este viernes su visita de verificación del cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia. Esta tarde se reunirá con el presidente Luis Arce y luego dará una conferencia de prensa para hacer conocer resultados preliminares. Mientras realizaba encuentros con actores políticos, sociales, cívicos e indígenas, y visitaba cárceles e instituciones, hechos relacionados con la vulneración de derechos ocurrieron en el país.
El martes un equipo de comisionados y funcionarios de apoyo de la CIDH visitaron la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro para conocer el grado de cumplimiento de los derechos fundamentales de los privados de libertad. La delegación entrevistó al dirigente cocalero César Apaza, extraído la semana pasada del Hospital de Clínicas para reingresarlo a Chonchocoro pese su delicado estado de salud, tras un cuadro de embolia.
Los comisionados comprobaron en esa y otras cárceles de La Paz y Santa Cruz que se mantiene el abuso de la detención preventiva. Estando la CIDH en el país, este jueves un juez cautelar, a pedido de la Fiscalía de La Paz, ambas instancias cuestionadas por su dependencia del poder político, como todo el sistema judicial, decidió ampliar la detención preventiva de Apaza por tres meses más.
El argumento de los fiscales es que se trata de una “investigación compleja”, sin tomar en cuenta el crítico estado de salud del dirigente cocalero, comprobado en las dificultades que tiene Apaza hablar como secuela de la embolia y que quedó evidente en la audiencia virtual en la que participó desde Chonchocoro.
Los comisionados también se reunieron con la Asociación Nacional de Periodistas y la asociación cruceña que le presentó a la CIDH una lista de más de 50 periodistas cruceños agredidos desde que Arce llegó al poder. El caso más grave es el secuestro y torturas a seis periodistas perpetrados en octubre de 2021 en el predio agrícola Las Londras, en el norte del departamento de Santa Cruz por parte de avasalladores armados y encapuchados.
Estando la CIDH en el país, este jueves se produjo otro atentado a un equipo de prensa en otro caso de avasallamiento de tierras y ataques armados, en el predio Santagro. El periodista Joaquín Matías, el camarógrafo y el conductor del vehículo, todos de la Red Uno, fueron agredidos y amenazados con cuchillos en el cuello por interculturales. Les robaron la cámara y sus teléfonos celulares por realizar la cobertura de la invasión de tierras en Santagro.
Tal como ocurrió en Las Londras en 2021, este 2023 en Santagro, la Fiscalía Departamental, la Policía y el Ministerio de Gobierno aún no hacen nada contra un evidente acto de violación a los derechos de prensa y expresión establecidos en la Constitución.
En Santagro también se violó el derecho a la vida cuando se produjo una balacera que terminó con la vida de dos jóvenes, estando la CIDH de visita en el país. La ausencia del Estado se puso en evidencia porque el avasallamiento de tierras lleva más de tres meses y la Policía no quiso ejecutar la conminatoria de un fiscal para desalojar a los avasalladores armados y encapuchados a quienes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los consideró como parte de la “familia intercultural”.
