Noboa autoriza bases militares extranjeras

Daniel Noboa asumió oficialmente su segundo mandato como Presidente de Ecuador. Esta vez será por un período completo de 4 años, luego de haber cumplido uno previo de apenas 18 meses tras las elecciones anticipadas de 2023, a las cuales se llegó como resultado de la renuncia del anterior mandatario, Guillermo Lasso. A sus 37 años, Noboa arrancó con todo. Mientras las nuevas autoridades aún se acomodaban en sus despachos, La Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional que volverá a permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. Una medida promovida por el propio Noboa, que aún requiere de un referéndum para empezar a regir. Pero con la cual el tono del gobierno quedó marcado.

El objetivo es reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, iniciada en el período anterior en un Ecuador donde la violencia ya superó el récord del 2023, el año más violento de la historia reciente del país. El gobierno afirma que la delincuencia tiene una dimensión transnacional y que por lo tanto la réplica también deberá tenerla. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Constitución fue reformada para prohibir expresamente la instalación de bases militares extranjeras como medida para garantizar la soberanía nacional. Fue así que en 2009, se mandó retirar una base del ejército de los Estados Unidos en la ciudad portuaria de Manta, en la provincia de Manabí, actualmente una de las más conflictivas del país. Las incautaciones de droga mientras operó la base norteamericana eran muy superiores a las actuales y desde su retiro, el negocio del tráfico se expandió en la zona de forma exponencial. Al punto que Manta es hoy una de las ciudades más peligrosas del país, con fuerte una presencia del narco.

PRIMER GOLPE. Esta semana, en el marco de un operativo denominado “Blanqueo Fito”, llevado a cabo en las provincias de Manabí, Guayas y Pichinchas, las autoridades capturaron a 6 personas del entorno cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Macías es el líder de una de las bandas criminales más pesadas de Ecuador, y se encuentra prófugo de la Justicia desde que escapó de la cárcel en enero del año pasado. Entre los detenidos están su hermano mayor y su ex esposa, quien dirigía una empresa proveedora del Servicio Nacional de Atención Integral, encargada del sistema penitenciario local. La maniobra, en la que se realizaron 33 allanamientos simultáneos con un vasto despliegue de fuerzas policiales, le asestó un fuerte golpe a las finanzas de los Choneros al incautarle 46 inmuebles y 10 vehículos, todos bienes vinculados a actividades de lavado de activos de la banda, con un valor cercano a los 13 millones de dólares.

POR QUÉ IMPORTA. La postura de Noboa parece ser clara y plantea una guerra directa al crimen organizado. Además de la reforma constitucional que busca la cooperación internacional impulsada por el presidente, el gobierno anunció una alianza con la empresa de seguridad Blackwater, a fin de combatir el narcoterrorismo y proteger el espacio marítimo del país. A esto hay que sumarle los diversos operativos militares para desarticular estructuras delictivas, realizar incautaciones y detener a miembros de grupos de delincuencia organizada que se han puesto en marcha. Noboa marca así un precedente a nivel regional en la lucha contra un enemigo que se hace fuerte en toda la región y que compromete la seguridad de todos los ciudadanos.

Gobierno mexicano controlará la Suprema Corte

Las inéditas elecciones en México para elegir a la mayoría de los jueces, y miembros de la Suprema Corte de Justicia del país, se saldaron con un resultado previsible: La gente no entendió de qué iba a la cosa, y apenas un 13% fue a votar. Y los pocos que votaron fueron del aparato político oficialista, por lo cual el gobierno tendrá mayoría también en la Justicia. El máximo tribunal era el principal objetivo de los comicios que fueron impulsados por el oficialismo con el argumento de abatir la impunidad en el país.

Hugo Aguilar, un indígena mixteco y exasesor de la antigua guerrilla zapatista, que logró apenas el 5,3% pero fue el candidato más votado entre los aspirantes a ministros, será el presidente de la Suprema Corte. “Hay una deuda importante con los pueblos ancestrales”, fue la primera declaración de Aguilar, que fue funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Bautizado por un diario como “el enviado de Benito Juárez”, Aguilar, que habitualmente viste camisas con coloridos bordados autóctonos, no ha militado en ningún partido y tampoco tiene experiencia como juez. Pero sí 30 años de trabajo a favor de “sectores tradicionalmente excluidos”, destaca, incluido el impulso a una reforma constitucional de 2024 que reconoce los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

Con esto queda claro el nivel de independencia con el que contará a partir de ahora la justicia mexicana.

POR QUÉ IMPORTA. Uno de los ejes centrales de un sistema democrático sólido, es un eficiente sistema de pesos y contrapesos, que evite que mayorías circunstanciales logren imponer su voluntad sobre toda la sociedad, violando los derechos de las minorías. El principal encargado de eso es el Poder Judicial, por lo cual en todos los países civilizados se mantiene un saludable nivel de independencia respecto al gobierno. Los líderes autoritarios suelen molestarse frente a estos frenos institucionales, por lo cual el ex preisdente mexicano López Obrador, diseñó esta reforma judicial, que pone a la Justicia, en los hechos, bajo la tutela del gobierno de turno. Siendo México uno de los países más relevantes de la región, es de imaginarse que este paso decidido, alejándose de un sistema democrático, tendrá impacto en el resto del continente.

EE.UU. investiga nexo de Diosdado con crimen

El secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda, estremeció a Chile hace poco más de un año. El tema tenía implicancias regionales, ya que se trataba de un militar contrario al régimen de Maduro, que fue asesinado en su exilio en Chile, lo cual generó un fuerte conflicto entre el gobierno del izquierdista Gabriel Boric y Caracas. Si no recuerda el caso, este video tiene todos los detalles. Pero el tema vuelve a los titulares hoy, ya que el gobierno de Estados Unidos recibió de Chile el pedido de extradición de Rafael Gámez, alias “El Turko”, sindicado como uno de los líderes de la operación que terminó con el homicidio de Ronald Ojeda. Lo importante aquí es que Gámez habría sido guardaespaldas de la hija de Diosdado Cabello, número dos del régimen de Maduro.

Rafael Gámez es líder de Los Piratas de Aragua, una de las facciones del Tren de Aragua. Fue detenido en diciembre en EEUU, por tres delitos de tráfico de personas, entre los que se incluían menores. El vice fiscal general estadounidense, Todd Blanche, planteó que Gámez era buscado en Chile por “delitos violentos”, que incluían homicidio y secuestro, y afirmó que el imputado se sumó a la lista de Enemigos Extranjeros del gobierno de Trump. Hasta hoy, dos meses después de la decisión del Departamento de Justicia de EEUU, no ha habido avances en la extradición.

CONEXIÓN. El imputado habría sido guardaespaldas de la hija de Diosdado Cabello, la cantante y presidenta de la Fundación Marca País de Venezuela, Daniella Desirée Cabello. Esta conexión permitiría fundamentar una tesis que ha sido reiterada por la administración Trump: los nexos entre el Tren de Aragua y altos funcionarios del gobierno venezolano, como Cabello y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Por ello, su permanencia en EE.UU. sería relevante para los servicios de inteligencia.

Semanas atrás, el FBI dio a conocer un informe de inteligencia que apunta a la relación entre funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y el Tren de Aragua. Esto, según The New York Times, luego de que el grupo criminal se viera involucrado en hechos de violencia en Estados Unidos. El memorándum concluye que “algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente utilicen a miembros del TdA como agentes del régimen de Maduro en un esfuerzo por desestabilizar a Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos”. “Esto demuestra la disposición de Maduro a violar la soberanía territorial de los países vecinos de Venezuela para impulsar las políticas del régimen”.

POR QUÉ IMPORTA. Las revelaciones de los últimos días, solidifican la teoría de que el régimen de Maduro tiene conexiones con el crimen organizado que opera en otros países de la región y en Estados Unidos. Esto habilitaría a que el gobierno de Trump tome medidas más severas contra Maduro, e incluso acciones directas contra algunos altos jerarcas de la dictadura venezolana.

Brasil se vuelve un país evangélico

Brasil es un país que está cambiando de manera profunda en su sociedad. Históricamente ha sido uno de los países más católicos del continente, pero de acuerdo al último censo de población, eso está teniendo modificaciones. Según los datos oficiales, la población que se define como católica, ha caído un 9%, aunque siguen representando casi el 60% de la sociedad de ese país. Mientras tanto, crecen los brasileños que se identifican como evangélicos, que ya llegan al 27%, triplicando su incidencia en la sociedad brasileña en los últimos 30 años. Un fenómeno que se ve en muchos países de la región, al igual que el crecimiento de quienes no practican religión alguna, que en Brasil hoy son el 9%.

El Censo también registró que el número de seguidores de religiones afrobrasileñas, como la umbanda y el candomblé, se triplicó en diez años. Sin embargo, cuando se mira la imagen completa, estos cultos siguen siendo minoritarios. La proporción de este grupo aumentó del 0,3 % en 2010 al 1 % de la población ese mismo año. Curiosamente, Rio Grande do Sul, una región sureña, fronteriza con Uruguay y con población muy influenciada por migración alemana e italiana, es el estado con mayor población practicante de estas religiones, con un 3,2% de personas que se declaran seguidoras de la umbanda, el candomblé u otras tradiciones afrobrasileñas. Esta cifra es mucho mayor que en estados con predominio de personas negras o mestizas, como Bahía y Río de Janeiro, que tienen un 1% y un 2,5%, respectivamente.

POR QUÉ IMPORTA. Más allá de que estos números pintan de una manera algo inesperada el verdadero mapa social de un país tan influyente en la región como Brasil, también tienen una importancia política. Si bien todos los partidos tienen vínculos con las iglesias evangélicas, y el primer vicepresidente de Lula da Silva era un pastor de esa iglesia, hoy es muy predominante su influencia en los partidos más conservadores. Sobre todo a partir de la adopción por parte de la izquierda de las agendas de los sectores “progresistas” europeos, que alienan a buena parte de la base religiosa.

Sin embargo, contra lo que suelen informar las agencias y medios internacionales, cuya mirada de la región y de la religión está muy condicionada por la experiencia europea, la iglesia evangélica en Brasil es muy diversa, y tiene distintas sensibilidades ideológicas. Pese a lo cual este crecimiento marca una señal política muy fuerte de cara al futuro.

Uruguay declara la guerra a los vapeadores

Prohibir. Esa es la decisión que el gobierno de izquierda del presidente Yamandú Orsi tomó respecto a la importación y venta de vapeadores en Uruguay. También endureció las restricciones para el empaquetado de las cajas de cigarrillos. El gobierno busca así retomar la política antitabaco iniciada por Tabaré Vázquez, médico oncólogo y primer presidente de izquierda en Uruguay, célebre por haber sido pionero en la lucha contra el tabaquismo. Tras el tajante anuncio, las críticas llovieron. La Asociación de Vapeadores del Uruguay manifestó su descontento por la equiparación del vapeo con el cigarrillo por parte del gobierno. Argumentó que el acto de vapear no involucra tabaco ni tampoco papel, no produce combustión ni humo y que el riesgo para la salud no es comparable con el que presenta el tabaquismo. Al mismo tiempo le pidió al gobierno que revea la decisión y que considere una regulación diferenciada y controlada del vapeo, en vez de una prohibición generalizada.

Por su parte, Oscar Ventura, profesor grado 5 de la Facultad de Química de Uruguay, afirmó que la decisión del gobierno “es una alcaldada”, que “no tiene lógica” ni “está sostenida con información científica”. El académico agregó que el cigarrillo electrónico es 30 veces menos nocivo que el tradicional. Además, varios expertos en salud pública señalaron que la prohibición seguramente acabe generando efectos contrarios al buscado. Al no haber productos regulados, los consumidores se verán empujados a obtenerlos en el mercado negro, donde no hay control de calidad ni restricciones de venta a menores de edad.

PORRO SÍ, VAPO NO. Uruguay fue el primer país de América y uno de los primeros del mundo en legalizar la marihuana. La ley 19.172, referida a regular la producción, distribución y venta del cannabis fue promulgada en 2013, durante el gobierno del ex guerrillero José “Pepe” Mujica. Su objetivo era minimizar riesgos y reducir daños. Así lo dice el texto de la ley: “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico”. Todo lo contrario a lo que impone ahora esta nueva iniciativa de prohibir el vapeo, que presume irá a solucionar la problemática mediante una prohibición sin matices, enviando a los consumidores y comercializadores, de un día para el otro, a la clandestinidad. Tampoco vaya a creer el lector que la legalización de la marihuana fue una medida de carácter liberal. Por el contrario, la ley otorgó al Estado el control de su importación, producción y venta a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). Además de darle la potestad de decidir qué tipo de marihuana se debe consumir y en qué cantidades resulta conveniente hacerlo. Incluso, es el Estado quien determina el nivel de THC (componente activo del cannabis) que debe tener el producto. Gran paradoja: Mientras la marihuana se fuma bajo receta estatal, el vapeo se aspira en la oscuridad de la ilegalidad.

LA VOZ LOCAL. Para tener una mirada local del tema, consultamos a Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, que nos decía lo siguiente: “Los decretos que acaba de derogar el gobierno hacen alusión a dos cosas. Uno, la inhabilitación del vapeo, en especial en lugares cerrados, y unos cambios en la forma del empaquetado de la venta de cigarrillos. En el caso del vapeo, no hay una razón de bien público que pueda justificar la derogación que se está haciendo. Es simplemente una cuestión más ideológica de mostrarse duros con el tema de la prohibición del tabaco, con algo que no tiene ninguna explicación científica”. “Por otro lado, el cambio en la reglamentación sobre el empaquetado se había hecho para que la industria nacional fuera competitiva con su similar brasileña, que tenía otro tipo de empaquetado más barato. Por lo tanto, este cambio, insólitamente, lo que hace es poner una situación de desventaja a la industria nacional sin ninguna razón, nuevamente, de bien público que lo justifique”.

Según Hernán, “el tema este de la guerra contra el tabaco que se quiere librar, muchas veces, como ocurre con las guerras, cobran víctimas inocentes. Y acá, por una cuestión de petición de principios ideológica sin ninguna justificación de tipo científico, termina con este tipo de medidas absurdas, disfrazadas de defensa del bien general”.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor