Javier Milei sobrevive a su “peor semana”

“Milei en sus horas más bajas”, titulaba un reconocido medio francés esta semana. Más allá de que luego en la nota quedara clara la antipatía ideológica por lo que denomina despectivamente “el experimento libertario”, la nota reflejaba un hecho notorio: el mandatario argentino había tenido unos días muy complejos. Tras el escándalo por la aparente promoción de un fraude digital, Milei padeció una fuerte protesta de jubilados y barras bravas del fútbol que terminó en violentos incidentes y fuerte represión policial. Y la cotización del dólar subió, fogoneando a los medios opositores (la mayoría en Argentina) que hablaron de una “corrida” cambiaria.

Pero en los últimos días la situación pareció estabilizarse, ya que el Congreso terminó aprobando una ley clave para habilitar un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que se supone permitiría terminar con el llamado “cepo cambiario”. Se trata de una de las últimas rémoras del período kirchnerista, y que impide a los ciudadanos y empresas la compra y venta libre de moneda extranjera. Además, una segunda marcha opositora, que se temía fuera a redoblar la presión sobre el gobierno, generó poca concurrencia y terminó sin mayores incidentes con la policía.

Pero para quienes seguimos de fuera ese supuesto experimento liberal en un país tan socialista como Argentina, se hace difícil evaluar las noticias, en un contexto donde la mayoría de los medios y periodistas extranjeros, claramente anhelan que a Milei le vaya mal. Por lo cual contactamos al buen amigo Garret Edwards, de la Fundación Libertad, para que nos diera una mirada crítica pero racional, y desde un enfoque liberal, sobre lo que está pasando en Argentina. “En efecto han sido semanas complicadas para Milei, las últimas, con algunos errores no forzados, particularmente con lo que fue el escándalo de la criptomoneda Libra, que parece ir perdiendo importancia en el debate público. Pero que cuando recién sucedió se llevó gran foco”.

“Hoy por hoy la atención está concitada en el tema económico, con algunos vaivenes por las volatilidades del mercado argentino que se empieza a pregunta por la sostenibilidad del plan, porque es lo que va a terminar sucediendo con el FMI, qué tipo de acuerdo va a terminar celebrándose. Entonces, en ese punto, lo que resta saber es, ¿se liberará el cepo? ¿Habrá flotación? ¿Flotación libre? ¿Flotación sucia? ¿Entre bandas? ¿Se dejará de lado el crawling peg? ¿Esto afectará a la inflación? Porque la merma en la inflación y su reducción ha sido uno de los grandes éxitos del gobierno en este ya más de un año de mandato”.

Para concluir, Garret nos decía que “Milei no ha pasado por sus mejores horas y aún así sigue surfeando el temporal en gran medida, no sólo por las virtudes propias, sino por los defectos ajenos de una oposición que es absolutamente invotable y sin que aparezcan nuevas figuras que ocupen ese sitio y ese espacio”.

Se tensa el vínculo entre Trump y Maduro

Desde que regresó a la Casa Blanca, uno de los grandes interrogantes de la gestión de Donald Trump es qué haría con Venezuela. Las primeras semanas mostraron un llamativo “coqueteo” entre ambos mandatarios, que se marcó con la liberación de una serie presos estadounidenses que llevaban tiempo detenidos de manera irregular en Caracas. Pero, como se dice en el Río de la Plata, “hasta ahí llegó el amor”. En los días siguientes Trump cortó los contratos que tenía la empresa Chevron para exportar petróleo venezolano, y que daban oxígeno financiero al régimen, como bien nos expllicó hace unas semanas la economista venezolana Sary Levy. Y ahora, el choque dialéctico ha cobrado más fuerza.

Esta semana, la portavoz de Trump acusó directamente a Maduro de haber enviado a propósito al cártel venezolanos Tren de Aragua a operar a Estados Unidos. Junto a carteles de la droga mexicanos y la pandilla MS-13, el Tren de Aragua fue designado por Trump como organización “terrorista global”, y es un grupo narco con altos contactos con el régimen de Maduro, y tentáculos en buena parte de América Latina. “Maduro mantiene estrechos lazos con los narcoterroristas patrocinados por el régimen” y “debe aceptar de vuelta a todos los venezolanos deportados por Estados Unidos, especialmente a sus asesinos, violadores, criminales, traficantes de personas y otros criminales presentes ilegalmente en Estados Unidos. Fin de la discusión”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. En respuesta a una pregunta, la portavoz reiteró que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y lo llamó “dictador”.

Por su parte, el Fiscal General de Venezuela, Tarek Saab, dijo esta semana sobre la polémica en torno al Tren de Aragua, que Washington “está usando como excusa este tema para ocultar la xenofobia en contra de los venezolanos. Todo es ficción para atacar a Venezuela y ofendernos (…) Es una provocación para que caigamos, pero aquí estamos más preocupados por resolver los problemas de nuestro país”, puntualizó.

Pero para entender mejor el fenómeno del Tren de Aragua, y hacia dónde se dirige la estrategia de Estados Unidos en este tema, les reocmendamos ver esta entrevista con Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society, y quien habitualmente colabora con Mirada Sur, donde aclara muchos aspectos “picantes” del asunto.

Trump le envía presos venezolanos a Bukele

Lo que parecía una bravuconada de dos de los mandatarios más polémicos del planeta, Nayib Bukele y Donald Trump, se hizo realidad y el primer vuelo presos llegó a El Salvador desde los Estados Unidos mucho antes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Apenas pasado un mes desde que el Presidente de El Salvador se ofreciera para recibir convictos de Estados Unidos, 261 delincuentes aterrizaron en la capital del país centroamericano para pagar por sus fechorías en el temible Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de máxima seguridad que se ha convertido en un estandarte de la encarnizada batalla que el presidente milenial viene trabando contra la violencia criminal que había convertido a su país en uno de los más inseguros del mundo.

Ciento treinta y siete de los convictos que arribaron a El Salvador fueron expulsados del territorio estadounidense tras ser sancionados con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, por formar parte de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Una ley que permite las deportaciones sin necesidad de audiencia y a la cual apenas se había recurrido 3 veces en la historia del país norteamericano. Todas ellas en tiempos de guerra. También fueron entregados a las autoridades salvadoreñas, pasajeros del mismo avión, 101 venezolanos deportados bajo la norma migratoria del Título 8, así como 23 pandilleros locales. Entre ellos 2 altos mandos del grupo criminal Mara Salvatrucha. El arribo de este primer contingente confirma las buenas relaciones entre Trump y Bukele, quien al concretarse este acuerdo recibió un sólido respaldo de su poderoso colega.

REPERCUSIONES. Organizaciones de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo luego de esta primera deportación concretada por Trump y varios han sido los cuestionamientos. ¿Existen pruebas en contra de los deportados? ¿Han tenido un justo derecho a la defensa? ¿Fueron procesados? Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, realizó durísimas acusaciones como la que sigue: “Estados Unidos ha trasladado de manera sumaria e ilegal a cientos de inmigrantes a El Salvador, donde están recluidos en un sistema penitenciario conocido por su brutalidad”. Además, señaló que el gobierno del magnate neoyorkino “No ha revelado sus nombres ni ha aportado ninguna prueba de que hayan cometido delitos en Estados Unidos”. Entretando, Bukele sonríe, embolsa para la arcas de su país 20 mil dólares anuales por cada preso y no pierde la oportunidad de burlarse de sus críticos. Luego que el juez federal James Boasberg bloqueara el uso durante 14 días de la ley de Enemigos Extranjeros que permitió la deportación, decisión que se concretó mientras el avión ya surcaba los cielos rumbo a San Salvador, Bukele escribió en su cuenta oficial de la red X: “Ups, demasiado tarde”, comentario que ilustró con el emoticón que ríe a carcajadas. El arribo de la remesa de convictos fue difundido a través de un video donde se ve a los guardias del Cecot aplicando a los recién llegados el trato implacable habitual.

TRASFONDO. A comienzos de febrero, Nayib Bukele, en una visita que el secretario del Departamento de Estado de Donal Trump, Marcos Rubio, hizo al país centroamericano, propuso a Washington la posibilidad de aceptar en el CECOT a criminales de cualquier nacionalidad que estuvieran cumpliendo condena en los Estados Unidos a cambio del pago de una tarifa. También a inmigrantes indocumentados de cualquier origen que hayan sido condenados por delitos. Es “La oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario”, le dijo Bukele a Rubio, quien la consideró como “una oferta muy generosa”. A Trump, por lo visto, también le agradó la propuesta.

Perú aprueba polémica ley “anti-ONG”

Gran polémica generó en el Perú la aprobación de un proyecto de ley que impone fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Los congresistas se pronunciaron con una amplia mayoría de 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones para modificar artículos de la Ley 27692 que otorgan a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar los fondos que provienen de fuentes del exterior, públicas o privadas. La iniciativa, supuestamente, pretende garantizar la transparencia de las ONG, evitar que no existan desvíos de fondos y garantizar la correcta utilización de los recursos de la financiación extranjera.

La decisión no cayó nada bien en algunos sectores de la sociedad peruana quienes alegaron que viola y amenaza derechos fundamentales. Mientras que desde el exterior, diversos órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), así como organismos de la ONU expresaron su rechazo a la ley, advirtiendo que atenta contra estándares internacionales y que podría ser empleada para limitar el espacio cívico y perseguir voces críticas en el país. Human Right Watch lanzó la temeraria sugerencia de que la presidenta Dina Boluarte debería vetar la ley pues asegura que restringirá gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.

LA VOZ LOCAL. En Mirada Sur tenemos la costumbre de consultar a un referente local para que nos ayude a entender la esencia de la noticia que estamos tratando. Y en Lima, el amigo José Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre está bien dispuesto a hacerlo. Respecto a esta ley anti ONG fue muy claro: “El rol de las cooperaciones técnicas internacionales ya no se precisa. Nacieron en los 50, 60, supuestamente para ayudar a los países pobres. Y nosotros ya no somos pobres. Surgieron para suplir la falta de presupuesto de los estados. Pero los estados tienen ahora más presupuesto porque cobran un montón de impuestos. Surgieron para defender a activistas que eran antisistema y que eran perseguidos. Pero hoy día la democracia y la libertad se han instituido y no hay perseguidos por los estados como en los años 60 y 70. Entonces las agencias de cooperación técnica internacional ya no tienen ninguna función sustancial que cumplir y deben desaparecer”.

Para José, “estas entidades se han convertido en agencias diplomáticas de influencia que pretenden incidir con agendas ideológicas en los países en vías de desarrollo. No quieren ayudar a nadie. Son una herramienta política de los de países desarrollados para hacer diplomacia, para hacer política o para meter una agenda ideológica. Estamos en otro momento histórico y ya no las necesitamos. En cambio son los estados, con nuestros impuestos, quienes deben hacer su chamba, su trabajo”.

MAFIAS. ¿Cuáles son los cambios que traerá? En el Perú ya existía una Agencia Peruana de Cooperación Internacional que se encargaba de inscribir y de supervisar a las asociaciones que recibían dinero de agencias de cooperación técnica internacional. Pero no lo hacían casi nunca porque no tenían la capacidad ni el presupuesto para hacerlo. Además, estaba poblado de gente que era parte de ese mundo de las ONGs y de las agencias. “Como decimos aquí en el Perú”, nos cuenta José, “otorongo no come otorongo, lagarto no come lagarto, y de alguna forma se había creado una mafia en donde un grupo de gente establecido, todos de izquierdas o progresistas, tenían millones de millones de dólares al año para proyectos que no reportaban y cuyo dinero era utilizado para lo que les daba la regalada gana”. “En promedio en el Perú cada año se recibían US$ 400 millones que se repartían en 40 o 50 organizaciones que bloqueaban la inversión privada y que investigaban a políticos y a jueces para extorsionarlos. Se había generado una mafia de ONGs con gran poder que usaban el dinero de manera política”.

¿Qué hay detrás del “rancho del terror”?

México se encuentra conmocionado por la polémica sobre el “Rancho del Terror”. Se trata de un predio, en el estado de Jalisco, que habría sido usado por el cártel narcontraficante local, el Jalisco Nueva Generación, como lugar de entrenamiento y exterminio de personas. Cuando el tema explotó la semana pasada, tuvimos algunas dudas a la hora de abordarlo en Mirada Sur, ya que las versiones parecían algo disparatadas, incluso para el nivel de las ya de por si truculentas noticias de narcos de México. Pero en los últimos días el tema cobró además un tono político, con periodistas de máxima notoriedad como Carlos Loret de Mola que han denunciado complicidad de las autoridades, o Adela Micha, que ha impulsado las denuncias en sus espacios de radio y TV.

Sintiendo la presión, la presidenta Claudia Sheinbaum salió fuerte esta semana a decir que el tema narco “No será mi talón de aquiles”, en contraste con lo ocurrido con su predecesor Andrés Manuel López Obrador, quien solía desmerecer la violencia narco, y afirmaba que su política sobre el tema se basaba en “abrazos y no balazos”. “Que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades”, expresó Sheinbaum. Calificó los antecedentes como “terribles” y cuestionó el actuar de las autoridades locales. “¿Por qué después no resguardaron el lugar? Hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó”, subrayó.

Pero… ¿qué sabemos realmente sobre este tema? ¿qué hay de realismo y qué de política entre las denuncias de lo que algunos han bautizado como el “Auschwitz mexicano?

El Rancho Izaguirre está a 50 kilómetros de Guadalajara, una de las tres ciudades más grandes de México. El lugar fue allanado por la policía luego de que se recibieran denuncias de que allí operaban grupos ilegales. Efectivos de la Guardia Nacional se enfrentaron a unos hombres armados y diez personas fueron detenidas en el procedimiento, mientras otras más huyeron. Asimismo, dos secuestrados fueron rescatados y se encontró un cadáver, informó la Fiscalía de Jalisco. En un principio nada hizo saltar las alarmas de las autoridades ante lo que parecía un simple operativo más contra el narco. Sin embargo, todo eso cambió cuando los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización civil conformada por familiares de desaparecidos por la violencia, ingresaron al terreno y encontraron restos óseos en fosas clandestinas e indicios de que los cuerpos habían sido calcinados. “Dimos con el lugar porque teníamos varias llamadas anónimas… Y pues nos encontramos con restos calcinados, restos de cuerpos humanos calcinados en fosas”, aseguró Indira Navarro, vocera de la agrupación.

El diario El Nacional denunció que se hallaron hornos crematorios para cadáveres, y “seis lotes óseos en cuatro espacios”, y más de 400 pares de zapatos abandonados, mochilas, prendas de ropa, casquillos de bala, altares a la Santa Muerte y huesos calcinados. El grupo mencionado denuncia que allí eran llevados cientos de jóvenes a ser entrenados para convertirlos en sicarios narco, bajo las formas más duras y sangrientas. Y que también se eliminaba a enemigos del cártel, así como a quienes no se adaptaban al régimen de entrenamiento, con lo que existirían en el predio cientos de cadáveres.

Por su parte, en un video que se difundió en las redes en las últimas horas, un supuesto comando del CJNG desmiente las acusaciones, y dice que ni tuvieron presencia en ese rancho, ni hubo allí un campo de exterminio. Esto contradice las denuncias de varias personas que habrían estado recluídas en el Rancho, y que han salido a los medios en los últimos días a contar sus peripecias.

TRASFONDO. La terrible guerra entre grupos narco que azota a México, ha dejado una cifra de más de 120 mil desaparecidos, según un informe reciente de la Iglesia Católica, que sostiene que estas desapariciones han aumentado un 40% desde la llegada de Sheinbaum al poder. Ante la desesperación por conocer el destinos de sus familiares, se han formado varios grupos en todo el país para la búsqueda de desaparecidos. Estos grupos también han chocado entre ellos y se denuncian por vínculos políticos. Esto se agrava por la notoria inflitración del narco en la política mexicana, en especial en ciertas autoridades locales. Y en especial en los últimos meses, tras la caída de algunos capos y el envío a Estados Unidos de decenas de dirigentes narcos para apaciguar a Donald Trump. Estados como Sinaloa se encuentran en medio de una guerra civil virtual, son decenas las muertes reportadas cada semana, y muchas más las muertes que quedan en un limbo.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor