Piden a Lanchipa que informe qué hará tras informe de la CIDH sobre ejecuciones extrajudiciales en 2009
La senadora Silvia Salame envía una Petición de Informe Escrito.
Escucha la noticia
El fiscal general, Juan Lanchipa, es presionado para que informe qué acciones tomará luego de conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, contra una supuesta célula terrorista organizada por Eduardo Rozsa Flores.
La senadora opositora Silvia Salame anunció a Iván Ramos de Periodismo que cuenta el envío de una Petición de Informe Escrito a la Fiscalía General del Estado para que Lanchipa informe qué acciones ha decido llevar adelante una vez que se ha conocido el contenido del informe de la CIDH.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, sostuvo al periodista Ramos que Lanchipa tendrá que “borrar con el codo lo que escribió con la mano”, ya que el Fiscal General, en el gobierno transitorio presidido por Jeanine Áñez, dispuso el cierre del caso denominado terrorismo contra varios imputados bolivianos y extranjeros, entre ellos el ahora presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic.
Salame afirmó que la petición de informe escrito busca saber si el Ministerio Público tiene asumidas medidas judiciales para reabrir el caso, pero para procesar ya no a los afectados por los hechos del hotel Las Américas, sino a los responsables de la violación de derechos humanos de varias personas que guardaron prisión por una década en promedio.
¿Investigará Lanchipa a Evo Morales y otras exautoridades que ordenaron y ejecutaron el operativo policial en el que fueron acribilladas tres personas y sirvió para aprehender a otras acusadas del delito de terrorismo, ahora inexistente en el ordenamiento jurídico del país?.
Para la senadora chuquisaqueña, el informe de la CIDH es “benévolo” en un caso en el que aparentemente están involucradas altas exautoridades del Estado boliviano en la violación de derechos humanos y ratificó que las recomendaciones del documento son de cumplimiento obligatorio en el país.
