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Luis Arce prometió no solo una reconciliación nacional sino también gobernar para todos los bolivianos, y corregir los errores del pasado inmediato e imponer un nuevo estilo de hacer política. Esas declaraciones las hizo cuando asumió el cargo y los ciudadanos habían cumplido con su deber cívico de emitir su voto y esperaban una actitud constructiva, abierta y concertadora para resolver los grandes problemas nacionales.
Sin embargo, van más de tres años y no existe ninguna señal de honrar este compromiso, y los problemas no disminuyeron sino más bien aumentaron, al extremo que el 2024 se proyecta altamente explosivo. La preselección y elección de las principales autoridades judiciales, el censo de población y vivienda, la redistribución de escaños, el pacto fiscal, los sistemáticos avasallamientos de tierras, etc., son demandas pendientes que vienen a complejizar el panorama político nacional. También está la legitimidad o no del congreso de Lauca Ñ, la sigla política del MAS, la inhabilitación y posible eliminación del liderazgo histórico, las primarias internas, la candidatura presidencial para el 2025, entre otros inminentes conflictos políticos internos, que Luis Arce quiere que sean resueltos por las autoridades judiciales autoprorrogadas y en función de sus intereses partidarios.
En este contexto, nada más prudente e inteligente que buscar un gran pacto político nacional y definir una agenda concreta que marque una ruta crítica a seguir. Y como el MAS ha sido el principal promotor de la perversa confrontación y polarización en Bolivia, debe dar las coordenadas básicas no solo de que habrá un nuevo estilo de gobernar, sino que debe convocar a los mejores ciudadanos para enfrentar los grandes retos pospandemia.
Es cierto que Luis Arce ganó, en las elecciones generales, con más del 50 por ciento de los votos, y superó en las urnas al caudillo Evo Morales. No obstante, existe el otro 50 por ciento de la población boliviana que debe ser tomada muy en cuenta, y quiere que termine realmente la confrontación, la guerra sucia, los insultos, las amenazas y todas las miserias humanas que afloran a diario.
La oposición política tiene, igualmente, una mochila pesada sobre sus espaldas. La ciudadanía tiene los ojos puestos en los senadores y diputados que han recibido el apoyo en las urnas y no sólo fiscalizará su trabajo, sino que además les exige salvaguardar los intereses nacionales por encima de sus intereses partidarios. La bancada opositora tiene que estar unida, lejos de los enfrentamientos internos inútiles que siempre benefician al adversario. La unidad política tiene que ser la condición básica para poder ejercer la fiscalización y control del órgano ejecutivo y señalar los derroteros a seguir.
El sistema democrático funciona y exige acuerdos básicos para poder avanzar; la historia está llena de ejemplos de grandes pactos políticos que han permitido destrabar los entuertos que nunca faltan. El MAS tiene que reconocer y asumir que ya no es el partido hegemónico con 2/3 en el legislativo, y se daba el lujo de ningunear a los otros actores políticos. El acuerdo entre los parlamentarios evistas, Comunidad Ciudadana, y Creemos, que permitió y garantizó la elección de Andrónico Rodríguez, debe replicarse cuantas veces sea necesario y lo exijan las circunstancias políticas.
Al pueblo boliviano no le interesa la guerra sucia, ni las denuncias de grueso calibre, que cada vez suben de tono y aumentan como si estuviéramos ya en plena campaña electoral. Muy por el contrario, el ciudadano quiere escuchar propuestas concretas de cómo el gobierno nacional, los departamentales y municipales, tienen previsto resolver la crisis económica, la corrupción, el contrabando, la falta de institucionalización del Estado, entre otros.
El boliviano siempre cumple su deber cívico, y ha tenido una participación democrática ejemplar cuantas veces ha sido convocado. La responsabilidad está.
