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Salvo algunos adscritos al control social de las rotondas que le hicieron saber su disconformidad al Presidente de Comité, la sensación general es que el Paro fue una victoria para la oposición democrática. Más allá de la abrogación de la ley 1386, el objetivo del paro era demostrar que los bolivianos estamos dispuestos a salir a las calles a reclamar por nuestros derechos. Paralizar el país es ha convertido en una medida efectiva para evitar que el gobierno cercene nuestra libertad.
Por otro lado, quedó evidenciado que el gobierno no tiene como contrarrestar la voluntad cívica. Pueden mandar a sus milicias (protegidas por la policía) a desbloquear cuanta rotonda tenga en frente, pero no pueden obligar a que los ciudadanos retomen sus labores cotidianas. Los enfrentamientos con la policía en lugar de amedrentar generan un efecto boomerang ya que el coraje se contagia y se expande a más sectores sociales que se adhieren paulatinamente a las medidas de presión.
Se nota también que las fuerzas del orden, más allá de salir a desbloquear, no están dispuestas a realizar un uso desmedido de la fuerza. Flaco favor se hizo el gobierno al encarcelar a los militares y policías que actuaron en cumplimiento de sus funciones en el periodo de transición ya que con esos antecedentes los uniformados no están dispuestos a enfrentarse con su pueblo para luego correr la misma suerte que sus antecesores.
Es cierto que quedaron en lista de espera el resto de las leyes por las cuales se había movilizado la población, pero la lucha por la libertad y la democracia se gana en varias batallas. Es importante reconocer también que un paro es como la quimioterapia, es efectiva pero al mismo tiempo debilita el organismo, sobre todos los de aquellos que se ganan el pan con el trabajo del día. Es por eso que resulta necesario definir cuando llevar adelante un paro indefinido ya que no es sostenible estar paralizando un país cada que al gobierno se le antoje promulgar una ley arbitraria.
Por eso considero, a riesgo de ser reiterativo, que debemos movilizarnos para conseguir la independencia de la justicia. Se debe establecer una hoja de ruta que tenga como objetivo final la recomposición del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Judicatura. Hay que aprovechar que el gobierno ya no cuenta en el parlamento con los 2/3 que se necesitan para la preselección de los postulantes. Al ser este un requisito establecido en la Constitución el gobierno no puede modificar esta disposición como lo hicieron con los Reglamentos Camarales. Esos 2/3 son también necesarios para nombrar al Fiscal General. Todos los nombrados son los actores principales en la administración de justicia. Son la piedra angular para una verdadera transformación de la justicia. Si el gobierno se muestra reticente en preseleccionar a postulantes independientes, se convoca a un paro indefinido.
Garantizar la independencia de la justicia es una victoria por partida doble, primero porque con un Tribunal Constitucional independiente ya no será necesario recurrir a las movilizaciones en las calles cada que el gobierno promulgue una ley que vaya en contra de la Constitución, basta con un recurso constitucional bien argumentado para que el TCP determine la inaplicabilidad de dicha ley. Por otro lado, le quitamos al gobierno la posibilidad de seguir utilizando el órgano judicial como un instrumento mediante el cual ejerce su poder.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
