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Existe el propósito de consumar el terrorismo de Estado en nuestro país. El Estado plurinacional es la máscara de un régimen que recurre a la utilización de mecanismos ilegítimos, para imponer normas inconstitucionales y vulnerar los derechos humanos más elementales. Ahora cínicamente el régimen desconoce los convenios internacionales y menosprecia a los organismos multilaterales que buscan precautelar la vigencia del Estado de derecho y la calidad de la democracia.
Los indicios del terrorismo estatal son de libreto: crean grupos paramilitares —en este caso encapuchados del MAS—; cambian arbitrariamente normas legales; capturan al poder judicial con la finalidad de judicializar la política: enjuiciando a todos los que incomoden y liberan de culpa a los delincuentes leales; persiguen y amedrentan a todo ciudadano que discrepe y no actué obsecuentemente a favor del cacique; restringen la libertad de opinión y prensa; amenazan personalmente a los principales opositores: Amparo Carvajal, Camacho, Reyes Villa, Arias, militares y policías institucionales, dirigentes indígenas y productores de coca de los Yungas; promueven acciones vandálicas: cuelgan muñecos, dirigen cargas explosivas y pintarrajean fachadas. Todo con la finalidad de aleccionar a las “masas” fieles, y generar un clima de terror que paralice y amordace a la ciudadanía.
Pero los estrategas del gobierno Arce/Morales vuelven a estrellarse con el mismo muro: la sociedad boliviana, ese vigoroso y controvertido tejido social que es el mejor “contrapoder” y antídoto contra los tiranos de turno. La colectividad que reaccionó en el referendo del 21F impidiendo la eternización del cacique cocalero Evo Morales y posteriormente protagonizó la movilización heroica de los “mandiles blancos” —trabajadores de la salud— para evitar la consumación grosera de un estado policiaco que intentaba reformas ilegales al Código penal.
Este tenebroso proceso, procura la eternización en el poder de una corrupta e insaciable casta gobernante, no es reciente, se gesta desde el mismo momento en que Morales asciende a la presidencia en 2006. Durante quince años vienen desmantelando al Estado, corroyendo las entrañas de nuestra institucionalidad, destruyendo valores, y degradando la democracia. Pretenden destruir nuestro capital social. Saben que pueden durar si derriban las instituciones nacionales y dividen a la comunidad.
Para lograr este cometido recurren a la prebenda y el gasto dispendioso de los dineros públicos, los destinan a comprar conciencias, dirigentes de movimientos sociales y sindicales, encaraman “opinólogos” en medios de comunicación, adquieren periódicos, radios y canales de televisión, premian a tránsfugas políticos-sindicales-indígenas (falsos) de toda laya, cooptan alcaldes/alcaldesas y gobernadores oportunistas.
Aspiran controlar la sociedad y consolidar un poder absoluto, socavando y desprestigiando la democracia representativa, destruyen el sistema de partidos —ayudados por la actitud caudillista de los eternos Jefes partidarios—, y montan artificialmente otros que le sirvan para una apariencia democrática. Se sorprenden cuando ante la ausencia de partidos, les brota un sinnúmero de organizaciones ciudadanas/cívicas/gremiales/sindicales que se aglutinan con los líderes políticos Mesa y Quiroga y suman a parlamentarios nacionales, para constituir el Bloque de Unidad por la Democracia y Libertad.
El único camino para evitar la instauración del corporativismo político gubernamental y el terrorismo de Estado, es la unidad —nadie debe ser excluido— de las fuerzas sociales y políticas en torno a una gran causa: vigencia plena del Estado de derecho, respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia. Este es el momento de actuar desde el lugar que nos corresponda, mañana será tarde para detener el retroceso democrático y el totalitarismo.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
