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En julio del año 2020, el Ministerio Público en Bolivia imputó al expresidente Evo Morales por los delitos de “terrorismo” y “financiación al terrorismo”. Desde su trinchera política en México, el exmandatario respondió airadamente denunciando persecución y la instrumentalización de la justicia por parte del gobierno de transición constitucional (accidental) de Jeanine Añez
Morales recurrió a su red internacional de amigos y organizaciones pro derechos humanos, logrando arrancar de Human Rights Watch (HRW) una declaración en su defensa. HRW sostenía que los cargos de terrorismo, entre otros, eran “desproporcionados”; que la conminatoria al bloqueo, medida de protesta rutinaria en el país, estaba lejos de ser terrorismo “según cualquier definición razonable” de ese delito. Planteó que la tipificación de ese delito, en la legislación boliviana, era muy laxa al incluir actos que pueden vulnerar derechos protegidos por la constitución. Los sectores anti MAS, salieron al frente descalificando la versión parcializada de este organismo por defender al instigador de la violencia para contrarrestar la revuelta ciudadana contra las maniobras fraudulentas para perpetuarse en el poder.
En marzo de este año, al conocerse los excesos del operativo policial para detener a Jeanine Añez, y la deriva que la tiene tras las rejas hace seis meses, HRW señalo que no habría pruebas ni evidencia para su arresto, reclamando, al igual que otras instancias internacionales se respete el debido proceso. Resulta paradójica la detención de la expresidenta interina por varios delitos entre ellos el de “terrorismo”, mismo delito al que se recurrió para perseguir a Evo Morales. Pocos saben que esa normativa, imprecisa e instrumentalizada de manera abusiva, fue impuesta por el gobierno de Morales.
Lamentablemente el gobierno de transición se encargó de crispar los ánimos de una sociedad polarizada y confrontada desde febrero del 2016. La tipificación de sedición y terrorismo le cayó como anillo al dedo al constatar la docilidad de los operadores de justicia frente a los circunstanciales inquilinos de palacio de gobierno. El ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, sentenció que iría “a la cacería” de Morales y sus seguidores. Fue el momento que plantó la primera mina que socavaría el sentido de la transición; la segunda sería la candidatura presidencial de Añez.
Resulta irónico, en marzo del año 2020, Iván Lima, hoy Ministro de Justicia, demandó la inconstitucionalidad de estas figuras delictivas por utilizarse como herramientas para penalizar la política. Todo indica que al igual que el ministro, el Tribunal Constitucional se tomará su tiempo para corregir estas deformaciones congruentes con la estrategia de acoso político del gobierno. Similar comportamiento selectivo y a conveniencia gubernamental se observa en el reciente informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) convocado, en primera instancia, por el gobierno de Añez para investigar los hechos del conflicto político electoral del año 2019.
El GIEI reitero el criterio sobre los conceptos penales de sedición y terrorismo, las penas elevadas y la tendencia a imputar cargos penales desproporcionados con el afán de justificar la detención preventiva. Planteó la urgencia de revisar los casos de delitos de terrorismo, financiación al terrorismo y sedición, aplicadas de modo arbitrario, así como todas las imputaciones y acusaciones realizadas para identificar, anular o, si posible, corregir casos en que hubo vulneración de la presunción de inocencia, obtención de pruebas por medios ilícitos, y otras violaciones del debido proceso. ¿No habría sido ésta la oportunidad para retomar el intento fallido (o engañoso) de reforma de justicia que algún momento anunció el gobierno? ¡Vaya pregunta ingenua!
Hoy por hoy, solo queda sumarse a la campaña ciudadana de recolección de firmas para la convocatoria al referéndum constitucional para encarar la reforma de la justicia como asignatura impostergable. De no hacerlo, Bolivia será el escenario del perpetuo ritual revanchista desahuciando toda posibilidad al reencuentro y convivencia plural y democrática.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
