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Bolivia terminó el 2021 con la agenda mediática y política girando alrededor de nuevos escándalos de corrupción. Este es un problema estructural que impide el desarrollo nacional, destruye la credibilidad en las instituciones y autoridades estatales y pervierte los valores sociales, enriqueciendo a quienes no se destacan por su trabajo, emprendimiento e inventiva. No obstante, si los ciudadanos pudieran acceder fácil y oportunamente a la información relativa a los contratos de bienes y de servicios del estado, así como a los nombres, funciones, remuneración y trayectoria laboral de todos los funcionarios públicos, tendríamos millones de fiscalizadores que estarían permanentemente buscando posibles irregularidades y contribuyendo a luchar contra la corrupción.
Esta exposición pública de los funcionarios y de sus actos, equivaldría a dejar al descubierto a todos aquellos que se esconden en la oscuridad de los procedimientos burocráticos para apropiarse y beneficiarse de los recursos estatales mediante sobreprecios, sobornos y miles de formas desarrolladas por la ambición y la codicia del enriquecimiento ilícito.
En la experiencia reciente, la AGETIC, entidad estatal que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, nos permite conocer de forma abierta, quienes se han vacunado, cuando lo hicieron y qué vacuna se aplicaron. Basta con solo poner el número de cédula de identidad y accederemos a la información. Igualmente, si ingresamos a la página web de la Contraloría General del Estado, podremos conocer con escribir el nombre de una persona si trabaja en una repartición estatal y cuáles son los datos generales de su última Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
Esto demuestra que cuando hay voluntad política se puede brindar transparencia a la gestión pública. Esta era la idea del Sistema de Compras Estatales (SICOES), pero el mismo publica cada vez menos información y no es de fácil acceso a la información por parte del ciudadano común. Por ejemplo, si no se conoce el código de un trámite de contratación, no se podrá encontrar la convocatoria correspondiente, ni los antecedentes de la adjudicación y ejecución de cada contrato. Obviamente, para un ciudadano no familiarizado con la administración pública resulta prácticamente imposible acceder a los datos pertinentes.
Si cada municipio, gobernación, ministerio, empresa pública o entidad estatal de cualquier tipo, tuviera obligatoriamente una página web institucional en la que se presentaran todos los documentos relativos a una contratación, sería mucho más difícil justificar las contrataciones directas o las adjudicaciones reiteradas a un mismo proveedor en áreas en la que existe muchos oferentes. Si los ciudadanos pudieran comparar los precios que pagan las entidades estatales por los mismos bienes que ellos compran, desde material de oficina y refrigerios hasta la compra de un vehículo, por ejemplo, sería más difícil que los sobreprecios pasen desapercibidos.
Si en cada población o en cada barrio pudieran conocer qué maestros están asignados a una escuela, los mismos padres de familia podrían controlar si todos están efectivamente trabajando en este centro educativo. Si todos pudiéramos ver quienes trabajan en cada ente estatal, cuánto ganan, que calificación técnica o profesional tienen, o como fueron seleccionados, sería más difícil que hubiera los famosos ítems fantasmas o que los funcionarios tengan que pagar por los puestos públicos o darle cada mes una parte de su salario a su superior.
Los campos en los cuales se podrían aplicar los sistemas tecnológicos para brindar transparencia a la gestión pública son múltiples y numerosos, como por ejemplo conocer a quienes adjudican contratos de publicidad los entes gubernamentales, a quienes compensan por impactos socio ambientales empresas como YPFB, cómo y dónde se publican las convocatorias para las contrataciones, tanto de proveedores como de funcionarios.
La lucha contra la corrupción es muy compleja y exige la suma de muchos factores, como la construcción de una institucionalidad pública confiable y la adopción de valores sociales compartidos que la condenen. Sin embargo, no hay duda de que la transparencia de la información pública equivaldría a que todos nos diéramos cuanta de que “el rey está desnudo”, como gritó el niño en el famoso cuento de Christian Andersen.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
