Escucha la noticia
En una ciudad en constante cambio como Santa Cruz, pocas cosas han sido tan permanentes como el debate sobre el transporte urbano. El mismo que ya lleva años demostrando ser un espacio estéril que muestra un claro divorcio entre el discurso político-institucional y la capacidad real de generar soluciones. Quedaron muy atrás los años de una tecnocracia que en su momento supo resolver los problemas más críticos de la urbe, pero que ha quedado en evidencia, fueron solo un suceso coyuntural y cuyo presente conformismo prebendalista nos tiene condenados a al menos una década más sin un sistema de transporte urbano decente.
Una de las primeras pruebas de esta incompetencia en la estructura municipal de toma de decisiones es la clara colusión con sindicatos y dirigentes. Esto se ha visto plasmado en el secuestro monopólico del servicio a través de concesiones turbias que no se someten a ningún nivel de control de calidad ni mucho menos a un proceso de competencia libre. Las constantes asignaciones arbitrarias no solo afectan de forma negativa la institucionalidad, sino también y en mayor medida, a la calidad del servicio prestado, el cual al ser un negocio político no tiene incentivo alguno para mantener las condiciones deseadas por los usuarios.
Tristemente, en este contexto las instituciones colegiadas han tomado un rol sumiso y secundario, probablemente también influenciadas por el tráfico de influencias y la carga política de los acuerdos que precisamente deberían estar fiscalizando. Las intervenciones de estas entidades se han visto reducidas a encuentros, conversatorios y talleres que probaron tener relevancia cero en la toma de decisiones. Es evidente cómo el poder político ha relegado toda determinación técnica de los gremios locales cuando los pocos estudios que se toman en cuenta para el tema proceden de la cooperación internacional.
Probablemente el indicador más importante para tomar una posición tan negativa sobre el asunto es la superficialidad del discurso y propuestas de los actores relevantes. Tanto en el sector público como desde los entes colegiados se abordan apenas soluciones de forma o de aplicación. Tarjetitas magnéticas y tamaño de los buses. Se han obviado de la discusión los defectos estructurales de un sistema que bloquea la posibilidad de innovación o la mejora continua al encontrarse blindado de la competencia y arbitrariamente asignado a unos pocos. Son solo algunas las figuras con la honestidad intelectual suficiente para señalar la violencia institucional en la que incurren los sindicatos en asociación con el gobierno municipal de turno al bloquear cualquier oportunidad de mejora.
Lamentablemente para la ciudad, el triste espectáculo que apreciamos durante las últimas décadas es la confirmación de la imposibilidad del estado, en su rama local, de resolver los problemas urbanos. Los mismos que son demasiado importantes para ser entregados a la política y deben ser resueltos de la misma forma que el resto de nuestros problemas, a través de la cooperación social y el emprendedurismo privado.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
