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La Fundación MILENIO ha formulado un Anteproyecto de Ley de Fomento, Protección y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada, cuyo objetivo es establecer un régimen de promoción, incentivo y protección de las inversiones privadas, nacionales o extranjeras, constituidas como sociedades comerciales en el país. Esta iniciativa es una respuesta a la necesidad de revertir la sequía de inversiones y de incrementar las exportaciones nacionales.
La propuesta legislativa de Milenio es producto de varios años trabajos e investigaciones referidos a la problemática de la inversión en Bolivia. A la luz de las experiencias analizadas, es indudable que la idea de atraer inversiones en Bolivia choca con la inseguridad jurídica, la incertidumbre en las decisiones políticas, un marco normativo y regulatorio defectuoso e inconsistente, impuestos en muchos casos excesivos, la falta de incentivos adecuados y otras barreras jurídicas, administrativas y políticas que desalientan el interés del capital nacional y extranjero.
De ello resulta lo imperioso de reformular el marco normativo en materia de inversión privada, de manera de desarrollar las oportunidades y potencialidades económicas, los recursos y el talento de los bolivianos. Para remover estos escollos se requiere una legislación moderna y eficiente, a la altura de las leyes de promoción de la inversión en países vecinos, que provea garantías plenas al capital y haga ventajoso invertir en Bolivia.
El anteproyecto de ley crea un régimen de incentivos tributarios, financieros, administrativos, laborales y migratorios para las inversiones privados, entre los cuales destacan la reducción del 50% del Impuesto a las Utilidades (IUE) y la exención del 100% del Impuesto a las Transacciones (IT) y del 50% de cualquier impuesto a la remesa de utilidades al exterior, para las nuevas inversiones en el país, en capital efectivo o en volúmenes de exportación superiores a 5 millones de dólares. También establece un régimen de garantías para proteger las inversiones extranjeras y nacionales, amparadas por un Contrato de Inversión y Estabilidad Jurídica, suscrito por las empresas con el Estado. Los contratos especificarán las características del proyecto de inversión, las garantías de estabilidad jurídica y los procedimientos de resolución de controversias. Esta clase de contratos de estabilidad jurídica se aplican en países como Perú y Colombia, habiendo demostrado su efectividad para arropar a las inversiones privadas de seguridad jurídica.
Otro aspecto sobresaliente es la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, como órgano especializado para ejecutar programas de atracción de inversiones, firmar contratos de inversión, evaluar su cumplimiento y producir información e indicadores para la toma de decisiones. El directorio de esta nueva entidad tendrá una composición paritaria de los sectores público y privado y designará un director ejecutivo en base a méritos profesionales, precautelándose el carácter técnico y la plena autonomía de la Agencia de Promoción.
La propuesta legislativa se halla debidamente fundamentada por estudios económicos y jurídicos, incluyendo un análisis de legislación comparada. También hay que subrayar que en la elaboración de los estudios y la propuesta legislativa se recogieron las sugerencias de varias personas y organizaciones que aportaron ideas valiosas, enriqueciendo su contenido. Cumplido este cometido, toca ahora propiciar un debate público amplio y constructivo. Aspiramos a que la iniciativa de Milenio pueda recogida por distintos actores políticos, parlamentarios, gubernamentales, institucionales e intelectuales, interesados en promover nuevas herramientas de política pública para el desarrollo nacional.
Los bolivianos estamos desafiados a construir una política de fomento de la inversión privada, con perspectiva de largo plazo y vocación de consenso. Este desafío no es tanto una opción ideológica como una necesidad práctica. La salida de la crisis actual pasa por encauzar un nuevo modelo económico sustentado en la productividad, la trasformación tecnológica, las exportaciones y el capital humano y con la inversión privada como motor de modernización y desarrollo sostenible. El anteproyecto de ley, que se propone, bien puede ser también una herramienta clave para la ansiada reforma de la economía boliviana.
