A vigilar el proceso del Censo 2022
Alcaldes y gobernadores deberían plantear la conformación de una instancia nacional que vigile el trabajo del INE para que haya transparencia y se eviten resultados sesgados.
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Aprobado el decreto que dispone la realización del Censo 2022 para el 16 de noviembre del próximo año, su ubicación como principal noticia en la mayoría de los medios –tradicionales y digitales– y las iniciales reacciones sobre lo que supondría para municipios y departamentos en cuanto a nuevos recursos económicos y representación política, las regiones, universidades, sectores, vale decir la sociedad civil organizada, deberían darse la tarea de realizar una estrecha vigilancia del proceso censal, a fin de que la transparencia mande en la preparación, procesamiento y entrega de los resultados finales.
El anuncio del Censo de Población y Vivienda 2022 trae a la memoria las fallas e inconsistencias del Censo 2012 que lastimaron la credibilidad de la información estadística que contenía y no pudieron eliminar la sospecha de que había sido concebido y ejecutado con fines ideológicos y políticos, no con una visión de planificación a largo plazo y no era útil en la definición de prioridades para el desarrollo económico y humano del país, y menos para un nuevo Pacto Fiscal.
Vuelven las imágenes de la Ministra de Planificación de ese entonces dando hasta tres cifras estimativas de cuántos habitantes tenía el país o la polémica sobre la desaparición de la categoría mestizo en la parte de autoindentificación, por citar un par de ejemplos que contrastan con el trabajo técnico y solvente que se hizo en el Censo 2001 cuando la noche del 5 de septiembre de ese año se dieron los datos preliminares de población que luego fueron confirmados por los resultados oficiales o cuando la actualización cartográfica alcanzó más del 98% de certeza.
En 2022 no se pueden repetir los hierros de hace 10 años y para que ello no suceda sería saludable para el conjunto del país que se impulse y plasme un acuerdo nacional e institucional entre el gobierno central, las regiones y la sociedad civil organizada que viabilice la formación de una instancia –comisión, comité o el nombre que mejor se adapte al desafío– cuya misión principal sea la supervisión y el acompañamiento de todas las etapas del proceso censal que realizará principalmente el Instituto Nacional de Estadística.
La conformación de una instancia representativa y participativa evitará que se pretenda hacer “dibujo libre” en cualquier etapa del proceso y garantizará que haya un manejo altamente técnico que distribuya el éxito entre todos y neutralice eventuales acusaciones de utilización política o de resultados sesgados. Debe ser una instancia que persiga la transparencia para que la inversión que realice el país, estimada en alrededor de 60 millones de dólares, se vea reflejada en información veraz, útil y correctamente sistematizada.
Los alcaldes y gobernadores, en lugar de estar calculando cuántos recursos adicionales recibirá tal o cual municipio o estar contando cuántos diputados más tendrá un determinado departamento por su crecimiento demográfico, deberían establecer contactos institucionales destinados a tener una representación de buen nivel en la instancia nacional que vigile el trabajo del INE.
En su exitosa incursión en tierras cruceñas a principios de junio de este año, la joven alcaldesa de El Alto, Eva Copa, sostuvo una reunión en el despacho de su colega, Johnny Fernández, en la que coincidieron en la necesidad de la realización del Censo el próximo año. “Tenemos muy pocos recursos y más de 1.200.000 habitantes, eso quiere decir que nos tienen que subir el incremento de los recursos para mejorar la inversión pública”, explicó Copa en esa oportunidad. Pues bien, ese consenso inicial tendría que convertirse en organización interinstitucional para vigilar el proceso rumbo al Censo del 16 de noviembre de 2022.
No hay que olvidar que según las normas todavía vigentes, el Censo de Población y Vivienda es el paso previo a la discusión y aprobación de un nuevo Pacto Fiscal en el país y tampoco se puede dejar pasar que por Ley el Censo debe ser realizado cada diez años a fin de mantener un período de comparabilidad que ayude a una planificación seria y viable, no solamente que sepamos cuántos somos y en qué condiciones estamos.
En 2012, el gobierno central monopolizó el antes, el durante y el después del Censo. La incidencia de los gobiernos autónomos departamentales y municipales fue prácticamente nula, salvando algunas excepciones. Las entidades territoriales autónomas deberían comprender este largo momento, desde ahora hasta el 16 de noviembre de 2002, como la oportunidad para dar un paso firme hacia la vigencia de las autonomías.
No descarto que el anuncio del Censo 2022 sea otra de las típicas maniobras de los gobiernos del MAS, esta vez para distraer la atención de la opinión pública sobre el ridículo mundial que está protagonizando Bolivia con las absurdas acusaciones de Luis Arce y sus muchachos a gobiernos, ex presidentes y ex embajadores extranjeros de haber participado en el supuesto “golpe de Estado” en 2019, pero aun así hay que organizarse desde las regiones y la sociedad civil para vigilar el Censo del próximo año.
