Agosto, mes de la polarización
Las crisis política, sanitaria y económica, además de los avasallamientos de tierras orientales, enfrentarán al oficialismo y las oposiciones en una nueva etapa de confrontación política.
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El mes de la patria, el mes de la Pachamama, también será el mes de la polarización en Bolivia. Agosto comenzó con posiciones enfrentadas entre el segundo gobierno del MAS y los sectores opositores a nivel nacional y regional. Ambos bloques decidieron atrincherarse más en sus narrativas discursivas, la disputa por las tierras en el oriente del país tiende a agudizarse y los actos oficiales que empezaron este lunes, y se efectuarán de manera separada, servirán para el ataque verbal.
En cuanto a la guerra de relatos entre el fraude electoral y el inventado “golpe de Estado”, el oficialismo ha intentado remontar la teoría del “golpe”, afectada por el informe-memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana y las revelaciones de excomandantes de las Fuerzas Armadas, con el polémico informe del docente español Juan Manuel Corchado, pero paradójicamente ha reposicionado la auditoría de la Organización de Estados Americanos a las elecciones presidenciales de 2019 y su carácter vinculante.
La estrategia oficialista de derrumbar el argumento de que Evo Morales es el principal responsable de la manipulación de resultados en 2019 pasó del cierre del caso fraude electoral y el sobreseimiento de los acusados a un debate político y mediático sobre las opacidades e insuficiencias del informe encargado por la Fiscalía General y el valor de la auditoría de la OEA realizada in situ y con expertos en procesos electorales, acordada entre el Estado boliviano y el organismo internacional.
A ello se suma que en las próximas horas se hará público el informe final del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos violentos en Sacaba, Senkata y otros lugares de conflicto en 2019 y el texto completo de la Opinión Consultiva solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano de los gobernantes como estableció el Tribunal Constitucional boliviano mediante una sentencia constitucional de 2017 y que favoreció a Evo Morales.
La polarización también se hará evidente este mes en torno a la gestión de la pandemia del coronavirus. Después de haber monopolizado el proceso de vacunación en los siete primeros meses del año y tras las fallas en la provisión de dosis anticovid, hace unas horas el gobierno decidió transferir la responsabilidad de la vacunación a los gobiernos municipales para que las críticas de la gente que no puede recibir las segundas dosis, sobre todo de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, no se focalicen en el nivel central del Estado.
La pandemia acompañó al gobierno transitorio de Áñez durante ocho meses, el mismo tiempo a Luis Arce y su actual administración. La expresidenta encaró la primera ola del coronavirus y el actual mandatario la segunda y tercera. Estudiosos del comportamiento de la pandemia en el país sostienen que el número de contagiados y fallecidos es mayor con Arce pese al proceso de inmunización que comenzó en febrero de este año. Bolivia se acerca al medio millón de infectados por el virus y a los 18.000 muertos. Bolivia enfrentará la cuarta ola y eventualmente la temida variante Delta del Covid-19.
El plan de inmunización anunciado por Arce el 22 de enero de 2021 estableció como período de vacunación completa de 7,2 millones de bolivianos mayores de 18 año hasta septiembre con la adquisición de 15 millones de dosis producidas por varios laboratorios. Sin embargo, menos del 25% de la población vacunable completó hasta el momento el esquema de inmunización y existe evidentes retrasos e incumplimientos en el envío de dosis anticovid al país, principalmente de las vacunas rusas Sputnik V.
En el terreno económico, mientras el gobierno asegura que la reactivación de los sectores productivos, comerciales y de servicios ha despegado auspiciosamente y prevé un crecimiento de la economía superior al 5%, opositores y analistas económicos independientes señalaron que no hay señales concretas de reactivación, sobre todo del aparato productivo del país, y el crecimiento previsto es más bien un “efecto rebote” ante la contracción que se produjo en la gestión pasada, cuando la pandemia paralizó la economía del país con cuarentenas rígidas.
El avasallamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz marcó un nivel de tensión entre el gobierno que avala la toma de tierras de los denominados sindicatos de interculturales y autoridades de esa región, como el gobernador Luis Fernando Camacho, quien advirtió con procesos legales y presión social si el INRA continúa favoreciendo la toma de tierras en la Chiquitania y no rinde cuentas a la Comisión Agraria Departamental.
La polarización en el país también se reflejará en los actos oficiales que se llevarán a cabo de manera separada hacia el 6 y 7 de agosto, incluso después. Este lunes, en la inauguración del opulento edificio de la Asamblea Legislativa, el presidente Arce envió un mensaje a los sectores políticos, sociales y económicos de la oposición. “Estamos absolutamente seguros que en estas instalaciones (…) no va a haber lugar para la traición a la patria, no va a haber lugar para el vendepatria”.
Esta noche se reunirá la Asamblea de la Cruceñidad y el viernes habrá actos por los 196 años de la fundación de la República en Sucre, donde estarán autoridades de fuerzas políticas opositoras, además de los que se realizarán en La Paz, organizados por el oficialismo. Los eventos cívicos y protocolares, entre otros que se desarrollen estos días, serán aprovechados por unos y otros, para el ataque discursivo y el inicio de una nueva etapa de confrontación política en el país.
